Inglaterra delinea suicidio asistido.

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Nuevas guías para aplicar la ley del suicidio asistido en Inglaterra y Gales pondrán más énfasis en el motivo que lleva a una persona a ayudar a otra a suicidarse, señaló hoy la Fiscalía del Estado (CPS).

El fiscal Keir Starmer ha decidido aclarar la ley sobre el suicidio asistido, que es delito y acarrea una pena máxima de 14 años de cárcel, pero ello no supone su modificación.

Estas guías establecen una serie de factores que deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir si una persona debe ser procesada.

El fiscal indicó que cada caso será juzgado en virtud de sus méritos y ha negado que esto "abra la puerta a la eutanasia".

Además, las nuevas directrices indican que quien ayude a una persona a suicidarse y pueda beneficiarse de su muerte no será procesada siempre que la solidaridad haya sido el "motor" que le llevó a tomar la medida.

Ahora se pondrá énfasis en "el motivo del sospechoso en lugar de las características de la víctima. Las guías no cambian la ley sobre el suicidio asistido. No abre la puerta a la eutanasia. No invalida la voluntad del Parlamento", insistió Starmer.

"Lo que hace es contar con una clara estructura para que los fiscales decidan qué casos deberían ser llevados ante los tribunales y cuáles no", aclaró el fiscal jefe.

Entre los principales factores que deberán considerarse a la hora de procesar a alguien figuran: que la víctima haya tomado la decisión de suicidarse de manera clara, voluntaria e informada; que el sospechoso haya ayudado por solidaridad y que éste coopere con la Policía.

Esta aclaración de la ley fue decidida después de que la Cámara de los Lores -máxima instancia judicial hasta el año pasado (ahora es el Tribunal Supremo) - se pronunciase el pasado julio a favor del caso de la británica Debbie Purdy, que sufre esclerosis múltiple y pedía que la Fiscalía indicase cuándo se podía procesar a una persona que ayuda a morir a otra.

La Cámara de los Lores apoyó el llamamiento de Purdy para clarificar la ley que regula el suicidio asistido.

Prudy lleva tiempo evaluando la posibilidad de viajar a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si su estado de salud sigue empeorando a causa de su enfermedad.

Pero teme que su marido, Omar Puente, pueda ser procesado en Inglaterra si le acompaña a Suiza.

Esta aclaración de la legislación corresponde a Inglaterra y Gales, ya que Irlanda del Norte tiene una ley propia, similar a la inglesa, mientras que Escocia no cuenta con una ley específica sobre suicidio asistido.

Más de cien británicos con enfermedades terminales han viajado a la clínica Dignitas de Suiza para suicidarse.