Inglaterra delinea suicidio asistido.

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Nuevas guías para aplicar la ley del suicidio asistido en Inglaterra y Gales pondrán más énfasis en el motivo que lleva a una persona a ayudar a otra a suicidarse, señaló hoy la Fiscalía del Estado (CPS).

El fiscal Keir Starmer ha decidido aclarar la ley sobre el suicidio asistido, que es delito y acarrea una pena máxima de 14 años de cárcel, pero ello no supone su modificación.

Estas guías establecen una serie de factores que deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir si una persona debe ser procesada.

El fiscal indicó que cada caso será juzgado en virtud de sus méritos y ha negado que esto "abra la puerta a la eutanasia".

Además, las nuevas directrices indican que quien ayude a una persona a suicidarse y pueda beneficiarse de su muerte no será procesada siempre que la solidaridad haya sido el "motor" que le llevó a tomar la medida.

Ahora se pondrá énfasis en "el motivo del sospechoso en lugar de las características de la víctima. Las guías no cambian la ley sobre el suicidio asistido. No abre la puerta a la eutanasia. No invalida la voluntad del Parlamento", insistió Starmer.

"Lo que hace es contar con una clara estructura para que los fiscales decidan qué casos deberían ser llevados ante los tribunales y cuáles no", aclaró el fiscal jefe.

Entre los principales factores que deberán considerarse a la hora de procesar a alguien figuran: que la víctima haya tomado la decisión de suicidarse de manera clara, voluntaria e informada; que el sospechoso haya ayudado por solidaridad y que éste coopere con la Policía.

Esta aclaración de la ley fue decidida después de que la Cámara de los Lores -máxima instancia judicial hasta el año pasado (ahora es el Tribunal Supremo) - se pronunciase el pasado julio a favor del caso de la británica Debbie Purdy, que sufre esclerosis múltiple y pedía que la Fiscalía indicase cuándo se podía procesar a una persona que ayuda a morir a otra.

La Cámara de los Lores apoyó el llamamiento de Purdy para clarificar la ley que regula el suicidio asistido.

Prudy lleva tiempo evaluando la posibilidad de viajar a Suiza, donde la eutanasia está legalizada, para acabar con su vida si su estado de salud sigue empeorando a causa de su enfermedad.

Pero teme que su marido, Omar Puente, pueda ser procesado en Inglaterra si le acompaña a Suiza.

Esta aclaración de la legislación corresponde a Inglaterra y Gales, ya que Irlanda del Norte tiene una ley propia, similar a la inglesa, mientras que Escocia no cuenta con una ley específica sobre suicidio asistido.

Más de cien británicos con enfermedades terminales han viajado a la clínica Dignitas de Suiza para suicidarse.

Gran bretaña reabre debate por suicidio asistido.

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Las reglas sobre el suicidio asistido deben aplicarse ya sea que la muerte ocurra en Gran Bretaña o en países donde la práctica esté permitida, dijo el procurador general según el Daily Telegraph.

Ayudar a morir a alguien es un delito en Gran Bretaña, pero pocas veces se abren casos judiciales. Decenas de británicos se suicidaron en la última década en clínicas suizas operadas por el grupo Dignitas, pero nadie ha sido acusado por ayudarles a viajar allí.

La semana pasada el tribunal supremo británico ordenó al gobierno establecer reglas para determinar cuándo juzgar o no los suicidios asistidos.

El director de juicios públicos Keir Starmer dijo a la edición del martes del Daily Telegraph que las pautas debían abarcar todos los suicidios asistidos, en Gran Bretaña o en el exterior.

''Los mismos principios amplios se aplicarán'', dijo según la publicación. ''Deben aplicarse a todos los actos, dentro o fuera de la jurisdicción. No tendremos reglas separadas para Dignitas''.

En Gran Bretaña, quienes ''ayudan, secundan, aconsejan o facilitan'' el suicidio pueden recibir hasta 14 años de cárcel. Pero la ley rara vez se aplica y una serie de casos prominentes han provocado reclamos de un cambio legal.

Debbie Purdy, una británica con esclerosis múltiple, acudió a la justicia para que aclare si su marido será acusado si le ayuda a viajar al exterior para poner fin a su vida. La semana pasada el tribunal supremo británico apoyó su pedido de que se aclarasen las reglas.

Starmer dijo que emitirá una política interina el mes próximo y reglas amplias el año próximo.
Pero agregó que no podía cambiar la ley para legalizar el suicidio asistido. Sólo el Parlamento puede hacerlo.

''No todos tienen los medios de viajar al exterior para cometer suicidio, y debe tomarse una decisión política acerca de si algún suicidio asistido es legal'', dijo Starmer. ''El Parlamento debe adoptar esa decisión''.

Es improbable que ocurra pronto. Pese a evidencias de que las actitudes están cambiando, las recientes gestiones parlamentarias por cambiar las reglas fueron rechazadas y los políticos tienen pocas ganas de reabrir una cuestión tan controversial.