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El gobierno de la ciudad entregó a la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) un paquete de iniciativas de dos nuevas leyes y tres reformas legales con el que se busca facilitar la operación de establecimientos mercantiles y simplificar la apertura de negocios.
El conjunto de leyes establece la imposición de mayores multas y hasta la posibilidad de enfrentar un proceso penal en caso de falsear información sobre la operación de un negocio.
Además se concentra en un solo organismo, el nuevo Instituto de Verificación Administrativa del DF, las atribuciones de supervisión de establecimientos que hoy tienen las 16 delegaciones políticas, y por lo menos seis secretarías del gobierno local.
Dentro de este paquete legal, el gobierno capitalino propuso una nueva redacción de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, que incorpora multas de hasta 25 mil días de salario mínimo —un millón 370 mil pesos— y clausura permanente de los negocios que, por ejemplo, violen la ley antitabaco, no cumplan con los horarios de operación establecidos, vendan bebidas alcohólicas a menores o sin el permiso correspondiente, funcionen con un giro distinto y hasta por hacer promociones como la barra libre.
En todos los casos en los que el dueño haya otorgado información falsa para la apertura de un negocio, las autoridades darán vista al Ministerio Público, que iniciará un proceso penal por el delito de falsedad en declaraciones.
La actual Ley de Establecimientos Mercantiles establece rangos de multas que van de los 25 hasta los 2 mil 500 días de salario mínimo. La iniciativa de ley mantiene esos parámetros, pero también incluye nuevos y mayores montos de sanciones.
Así, se imponen de 3 mil a 10 mil días de salario de multa —hasta 548 mil pesos— a establecimientos dedicados al hospedaje, la educación, talleres mecánicos, estacionamientos, billares, tiendas de abarrotes y locales de café internet que no hayan dado aviso de la apertura del negocio, que no eviten las aglomeraciones en puntos de entrada y salida, por no contar con seguro o por bloquear la vía pública con enseres.
Esa iniciativa de Ley de Establecimientos Mercantiles elimina conceptos, trámites y obligaciones que se encuentran en la actual legislación, como la licencia de funcionamiento, el permiso de operación y autorizaciones que aún expiden las delegaciones.
Bastará con que los interesados en abrir y operar un negocio presenten un aviso de apertura —bajo protesta de decir verdad— a través de un sistema informático que pondrá en funcionamiento la Secretaría de Desarrollo Económico del DF (Sedeco). En ese aviso, el particular manifestará que cumple los requisitos previstos para la apertura de un establecimiento.
Los negocios que ya operan en la ciudad no tendrán la obligación de presentar ese aviso de apertura, salvo que cambien de giro, traspasen el negocio, hagan adecuaciones físicas o quieran colocar enseres en la vía pública.
El instrumento de verificación
Una de las nuevas leyes propuestas por el GDF contempla la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal que tendrá atribuciones de supervisión en materia de protección civil, medio ambiente, estacionamientos, establecimientos mercantiles, anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano, uso de suelo, mercados y abasto, espectáculos públicos, salud, turismo y servicios de alojamiento.
De acuerdo con ese proyecto de ley, ese organismo practicará visitas domiciliarias, auditorías, revisión de dictámenes , así como visitas de inspección y verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal por la operación del negocio.
Además, tendrá atribuciones para imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales del Distrito Federal, y a las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada al gobierno local.
De esta manera, las delegaciones políticas perderán todas sus facultades de verificación administrativa, aunque no quedarán relegadas de todas las decisiones, pues los jefes delegacionales tendrán atribuciones para solicitar la remoción de directores ejecutivos territoriales que trabajarán para el nuevo instituto de verificación local.
Esos directores territoriales no son un cargo menor, pues estarán facultados para ordenar visitas de verificación en el territorio de la delegación al que estén asignados, así como imponer sanciones y multas a establecimientos mercantiles que violen las normas.
Los jefes delegaciones también podrán participar en un Consejo General del Instituto de Verificación, el cual fungirá como el órgano máximo de dirección de ese ente público.
El segundo intento
Esta es la segunda ocasión en que el gobierno de la ciudad propone a la ALDF la creación de ese organismo de verificación. Durante la pasada Legislatura, los diputados desecharon la iniciativa, en rechazo a que el GDF centralizara la verificación administrativa.
Lo que el gobierno local ha argumentado y lo reitera en este proyecto de ley es que el Instituto de Verificación será un organismo dirigido por ciudadanos, con autonomía del gobierno central.
Pero en los artículos octavo y noveno de esa iniciativa se señala que el jefe de Gobierno tendrá la atribución de designar al consejero presidente, a los cuatro consejeros ciudadanos del instituto y a un director general que le rendirá cuentas al Consejo General.
Sólo en el caso del presidente de ese nuevo organismo, el mandatario capitalino tendrá que solicitar su ratificación ante la Asamblea capitalina.
En sus artículos transitorios, la iniciativa establece que los actuales verificadores de las delegaciones políticas podrán trabajar en el instituto si cumplen con requisitos como aprobar exámenes de conocimientos y aptitudes que les aplique la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, no haber sido condenados por un delito y no enfrentar una inhabilitación.
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