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Las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública fueron las causas que detonaron las violaciones graves que se registraron en la comunidad de Atenco, en mayo de 2006, de acuerdo con el dictamen final que elaboró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo.
Todos estos factores, y no una orden o un plan específico puesto en marcha por alguna autoridad, fueron los que propiciaron que los policías que participaron en los hechos se salieran de control y que, incluso, algunos de ellos abusaran sexualmente de las mujeres detenidas en los operativos.
Porque, de acuerdo con las indagatorias realizadas sobre el caso, sí se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual.
En el documento se destaca que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no son privativas de quienes participaron en los operativos de Atenco, sino de todas las policías del país, por lo que, incluso, de manera reiterada, se advierte del riesgo y del “estado sensible de vulnerabilidad” en que se coloca a la población cada que se tiene que hacer uso de la fuerza pública.
En el considerando octavo del proyecto presentado por Gudiño, en el que se da respuesta a la pregunta: “¿Por qué sucedió, qué motivó lo narrado?”, se explica que derivado de la investigación realizada se advirtió que las carencias y deficiencias sistemáticas en la actividad policiaca, “en general, influyeron en el desarrollo y resultado de los acontecimientos”.
Mientras que la falta de leyes, reglamentos o protocolos sobre el uso de la fuerza pública fue lo que dejó un margen amplio de apreciación para las autoridades involucradas, pues ante este tipo de vacíos es muy fácil que el uso de la fuerza pueda tornarse arbitrario o que “se yerre por exceso o por defecto”.
“La seguridad pública —por tanto, se concluye— es una responsabilidad en la que concurren los gobiernos federal, estatal y municipal; y sus deficiencias y carencias son, por lo mismo, necesarias de atender por todos los niveles de gobierno”.
De ahí que, de manera primordial, el dictamen se concentra en analizar los alcances del uso de la fuerza pública y en fijar los lineamientos y límites que se deben seguir en torno a este tema, para casos futuros, tomando como base al menos 14 convenciones, pactos y códigos internacionales que existen sobre este punto.
Los involucrados
De manera predominante, en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se aclara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emitirá una lista de responsables de los hechos ocurridos en Atenco, ni tampoco recomendará algún tipo de sanción en particular, por no contar con atribuciones para ello.
En el documento presentado por Gudiño sólo se presenta una relación de las personas que tuvieron algún tipo de participación en los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, “sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad en los hechos”.
En la lista lo mismo aparecen el gobernador del estado de México y el actual procurador general de la República y ex secretario de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora, que funcionarios estatales y federales de menor rango.
Pero a ninguno se le señala como responsable de las violaciones. Porque, se reitera, la Corte no se encuentra facultada para emitir un pronunciamiento en ese sentido, por corresponder al ámbito de otras autoridades en el orden federal, estatal y/o municipal.
Aunque, también, porque se asegura que la información que se recopiló en torno a las funciones que realizó cada una de las autoridades involucradas en el caso Atenco “era inconsistente”.
Además, se aclara que tampoco se menciona y se señala a los policías responsables de los abusos sexuales, porque “tampoco ha sido esclarecido ni puntualizado, en lo que atañe al personal operativo, qué elementos habrían sido los que realizaron las acciones abusivas ya descritas”.
En el dictamen se explica y se detalla qué fue lo que hicieron cada uno de los funcionarios, antes, durante y después de los operativos.
La propuesta del ministro, conforme a lo que establece la Constitución y la propia regulación de la Corte, es narrar lo que hizo cada uno de los funcionarios.
Todo ello, se explica, para que sean otras autoridades —a las que se les turnen las conclusiones del máximo tribunal— quienes determinen si incurrieron en algún tipo de responsabilidad, pero también por los actos u omisiones en que cada uno haya incurrido.
A partir de la próxima semana se difundirá una versión pública del dictamen, que será revisado por el pleno el 9 de febrero.
Comentario:
En cuanto a las deficiencias de los cuerpos policiacos, ni duda cabe, pero debería de haber una sanción contra sus superiores, porque están bajo su responsabilidad. En cuestiones de buen gobierno, todavía falta mucho por hacer.
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