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Con el estruendo llegó el silencio. También la muerte. La bala tuvo un efecto inmediato. El cuerpo de Rubén Villanueva Medina, de 47 años, se desplomó sobre el pasillo del camión de pasajeros. No seguir las indicaciones de los asaltantes lo puso en la mira. Un disparo canceló su viaje el 15 de mayo de 2009. La mano que accionó el gatillo tenía 24 años y varios asaltos en su biografía. Al asesino de Rubén —recuerdan testigos— lo acompañaban seis u ocho jóvenes más; el menor tenía 12 años, según las investigaciones de la policía. Dos de ellos, por lo menos, llevaban una pistola en sus manos.
En unos días se cumplirá un año del asesinato de Rubén. Este hombre de piel morena y cuerpo atlético trabajaba en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi). Quién iba a decir que moriría en un transporte público. También era un viejo conocido entre los corredores que todos los días acuden a la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, en el Distrito Federal. En ese mismo lugar, su esposa, Leticia González Aguirre recuerda cómo una bala le cambió la vida: “No sólo mataron a mi esposo, sino a toda una familia. Desde ese día, todos estamos muy mal. No hay paz en la casa. Todos mis hijos andan por su lado, algo que no sucedía antes. Estamos desubicados”.
Rubén y su familia son una muestra de las miles de víctimas que está dejando la violencia en México y que coloca al país entre las 15 naciones con más homicidios por armas de fuego, según la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA).
Hay otras cifras que ayudan a dar una dimensión de la violencia armada en México. En 2009, la Cruz Roja atendió a 15 mil 519 personas por herida de bala.
Datos del propio gobierno federal señalan que de 2006 a la fecha, 22 mil personas han muerto por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mientras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) reporta que de 2000 a 2007 hubo 41 mil 765 homicidios por arma de fuego.
Refiere que 74% de esas muertes se registraron en sólo 10 entidades: estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Puebla.
La violencia armada no sólo termina con historias como la de Rubén, cambia el rumbo de familias completas. Por ejemplo, sus hijos dejaron la escuela; tres estudiaban la preparatoria. Ahora luchan contra la depresión y tratan de sortear las dificultades económicas.
Los costos de la violencia
La pistola que mató a Rubén es una de las 15 millones de armas ilegales que circulan en México, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles. La proliferación de artefactos en un país “desincentiva la inversión extranjera y afecta las prospectivas de desarrollo económico”, advierte IANSA.
El economista Jorge A. Restrepo, investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia, ha realizado varias estudios sobre el tema.
Sus análisis muestran que la violencia armada impone “altísimos” costos sobre el sistema de salud, de administración de justicia y, en general, “rompe los lazos para construir una sociedad”.
Documentó que, por lo menos en Colombia, la atención de una persona herida por arma de fuego cuesta cerca de 8 mil dólares al sistema de salud.
En la “Comparación internacional sobre el impacto social del uso de armas de fuego”, Alejandro Moreno, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, apunta que en Estados Unidos el costo anual de la atención médica por discapacidad prematura, muertes y lesiones por armas de fuego es de 100 mil millones de dólares, mientras que en Canadá es de 4 mil 700 millones de dólares.
Por otra parte, generalmente cuando la familia es víctima de violencia armada se queda sin uno de los sostenes del hogar, “por lo que hay una pérdida importante de bienestar de esa familia”.
En Colombia, la violencia armada hace que el país pierda 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). “En México el impacto podría ser mayor, por el tamaño del país”, estima el economista.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la violencia armada cuesta a los países de América Latina cerca del 15% de su PIB.
En agosto de 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió el documento “Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada” y señala que, además de destruir vidas, daña la infraestructura y los bienes, limita la prestación de servicios públicos, perjudica las inversiones en capital humano, social y económico y genera gastos improductivos en servicios de seguridad.
Cuando está asociada con actividades delictivas de gran escala mina las instituciones del Estado, siembra miedo e inseguridad y crea un clima de impunidad, refiere el documento de la ONU.
Movilidad social
La violencia armada también tiene impacto directo en el tejido social, el disfrute de derechos, la movilidad y la asociación, resalta Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica. La organización forma parte de las cerca de 600 agrupaciones civiles que existen en el mundo y que trabajan para combatir este tipo de violencia.
Según sus datos, entre 80% y 85% de las víctimas por violencia armada en Latinoamérica son hombres de entre 14 y 29 años. “Estamos terminando con el bono demográfico de nuestros países... Estamos perdiendo dos generaciones”.
En México, la Red por los Derechos de la Infancia busca combatir la violencia. Tiene motivos fuertes para hacerlo. En lo que va de 2010, ha contabilizado la muerte de más de 90 niños, niñas y adolescentes a manos de organizaciones criminales o del propio Ejército.
“Se calcula que este año ha muerto, en promedio, un niño o niña por día como consecuencia de armas de fuego o hechos violentos”, se destaca en el balance que realizó el 30 de abril, sobre los derechos de la infancia en México.
Juan Martínez Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, señala que en el contexto de violencia armada que vive el país, “no sólo están muriendo los niños, sino que hasta en sus juegos prefieren los juguetes bélicos”. Ante esta situación, la Red impulsa la campaña “Desarma la violencia”, cuyo propósito es lograr, a nivel legislativo, una mayor restricción para la posesión, portación y empleo de las armas, “porque los niños son víctimas de la violencia armada no sólo porque mueren asesinados, sino cambian su estilo de vida”.
Chihuahua tiene el índice más alto de adolescentes asesinados con armas de fuego. Le siguen Michoacán y el estado de México. Eso ocurre —asegura Martínez— por la disponibilidad de armas, por la cultura de la violencia que se ha generado y que se está normalizando.
Responsabilidad olvidada
La Red por los Derechos de la Infancia es la única instancia que tiene en pie una campaña en contra del uso de las armas, aunque las mismas leyes mexicanas señalan que los gobiernos federal, estatales y municipales deberían hacerlo.
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el “Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, del DF y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo”. El reglamento de esta ley especifica que la “planeación de esta actividad a nivel nacional estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las de Gobernación y de la Defensa Nacional”.
Para Ana Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz de Costa Rica, ante la ausencia de campañas oficiales, la sociedad civil tiene que tomar la batuta e impulsar acciones en contra del uso de armas. Sobre todo porque, señala, esta violencia armada “nos está dejando sin hijos, sin hermanos, sin padres”.
Los cinco hijos de Rubén Villanueva lo saben. El disparo que mató a su padre aquel 15 de mayo de 2009 les dejó también una cicatriz. Leticia González, su compañera durante 25 años, lamenta: “Ese día mataron a toda mi familia”.
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