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El jurista Luigi Ferrajoli critica el uso que el gobierno mexicano está haciendo del Ejército en su “guerra contra el narcotráfico”, y advierte sobre la necesidad de que el país cuente con una secretaría de seguridad y una policía de investigación que no estén sometidos al poder político.
Además, juzga la penalización del aborto como un acto contrario a la libertad e igualdad de las mujeres, y argumenta sobre el tratamiento que los jueces deben otorgar a las adopciones de menores indistintamente de la sexualidad de sus tutores.
Luigi Ferrajoli (Florencia, 1940), es un veterano juez italiano e influyente jurista que ha desarrollado una amplia obra filosófica alrededor de las garantías democráticas.
Pocas doctrinas como la suya despiertan hoy más respeto dentro de las cortes y los tribunales latinoamericanos, particularmente en Brasil, Colombia y México.
¿Cómo valora el desempeño del Poder Judicial mexicano durante los últimos años?
La independencia del Poder Judicial debe ser real, no solamente de los jueces, sino también de los ministerios públicos y de la policía judicial.
¿A su juicio, el ministerio público mexicano continúa sometido a la voluntad política?
El ministerio público debería ser tan independiente como los jueces. Se trata de alguien que tiene la titularidad de la acción penal, es decir, de la llave que abre la puerta a la justicia. Un ministerio público dependiente del gobierno es muy difícil que pueda indagar sobre ilícitos y corrupción ligados a los poderes públicos.
¿Y la policía judicial?
Debe asegurarse que sus investigaciones sean imparciales con respecto a los poderosos. Esta policía no debería depender del ministerio público hasta que esa institución no sea independiente.
En México, contamos con un sistema penal a dos niveles: federal y local. ¿Cree que puede lograrse una acción eficaz de la justicia penal a partir de esta circunstancia?
Creo que el federalismo es una gran conquista de la democracia porque produce la separación de los poderes central y regionales; sin embargo, en materia penal no le veo sentido a la separación. En derecho penal la igualdad ante la ley debe ser un principio muy fuerte. Sería entonces necesario asegurar la igualdad de los ciudadanos con un código penal único y con un poder judicial igual para todos. La unificación de los códigos en materia penal es un factor de integración, un factor de igualdad, es también una garantía de la organización independiente del Poder Judicial. Tal situación reduce la posibilidad de confusión o el choque entre las esferas federal y las locales.
En este país nos encontramos en una guerra contra el crimen organizado; tal hecho ha llevado a que, por momentos, se presenten como incompatibles la defensa de los derechos humanos y esa cruzada del Estado mexicano.
El crimen organizado sólo puede ser combatido con el Derecho, con una fuerte y muy evidente asimetría entre la respuesta del Estado y la violencia criminal. Aunque incomode, en un estado de derecho, los criminales deben ser tratados como ciudadanos criminales, juzgados siempre con apego a las garantías. Esta asimetría derivada del uso de la ley es la única capaz de deslegitimar y derrotar social y políticamente a la violencia criminal.
Dado que las policías mexicanas no han sido capaces de enfrentar eficazmente a los criminales y tampoco han podido hacer que el estado de derecho se imponga, el gobierno tomó la decisión de hacer que el Ejército saliera a las calles. ¿Cómo valora esta política?
¿No le parece paradójico? Dado que la policía no tiene la capacidad para defender los derechos de los ciudadanos entonces se convoca al Ejército, que tampoco está institucionalmente diseñado para hacer esta tarea. El Ejército es una institución pensada para hacer la guerra, no para investigar delitos ni para desentrañar complicidades entre mafiosos, mucho menos para suplir las funciones de la policía. Si el Ejército está en las calles se produce una circunstancia indeseable para el estado de derecho, que no debería conocer de enemigos, sino sólo de ciudadanos (criminales y no criminales); con ello se potencia la guerra y la violencia entre los ciudadanos, se produce abdicación de la ley y se concluye deslegitimando al Estado.
El lenguaje de “la guerra al terrorismo,” o “al narcotráfico,” terminan legitimando la acción de unos criminales contra quienes sólo el Derecho debería luchar.
La respuesta militar no es coincidente con el estado de derecho. Esta política equivocada potencia la criminalidad, a través de ella se alimenta una lógica militar entre las organizaciones criminales.
Sacar a soldados a la calle es una respuesta demagógica que, con el tiempo, termina revelándose ineficaz. Si se quiere un estado de derecho lo que debe hacerse es reformar a la policía, volverla independiente del poder político, someterla a la legalidad, no sustituirla por otra institución cuya finalidad es muy distinta.
¿Qué otras soluciones considera que pudieran ayudar a desterrar la violencia en nuestro país?
Sería necesaria la legalización de las drogas porque cuando el monopolio del comercio de las drogas perteneciente a las mafias hace posible que los grandes criminales, con toda la riqueza que obtienen, contraten a los pequeños criminales que son los que más daño hacen a la sociedad. Por otra parte, creo que debería prohibirse terminantemente las armas en posesión de los ciudadanos. Las armas deberían ser prohibidas, su producción y su comercio, porque las armas —más que las drogas, que se usan contra uno mismo— se emplean para hacer daño al otro, para matarlo, para hacerle la guerra. Debería asegurarse el monopolio estatal, jurídico, policial de las armas. Ningún ciudadano debe tener armas. Cualquier ciudadano armado debería ser considerado fuera de la ley. La prohibición de las armas produciría, creo, una reducción muy importante frente a la criminalidad y la violencia.
En otro tema, recientemente quedó consagrado en la ciudad de México el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. El asunto se halla ahora en la Suprema Corte de Justicia porque se dice que esta decisión se tomó de espaldas a la mayoría.
No es el consenso de la mayoría el que legitima los derechos fundamentales. Son legítimos porque garantizan igualdad. No importa que sean contramayoritarios si cumplen con esta función. Sería un absurdo hacer una encuesta o someter a referéndum a las garantías individuales.
Enojó a un sector de la sociedad mexicana la posibilidad de que las parejas de personas del mismo sexo pudieran adoptar.
La adopción es un acto jurídico decidido siempre por un juez tutelar. Y la ley debe permitir que sea ese juez quien juzgue si una familia formada por personas del mismo sexo es apta —en razón de su seriedad, honestidad, afecto— para hacerse cargo de un menor. Lo mismo que hará ese juez a la hora de valorar la adopción por una pareja heterosexual. No veo por qué dudar, de entrada, que una familia integrada por personas del mismo sexo fuese menos capaz que otra heterosexual. En uno y otro caso el juez deberá siempre velar porque los derechos del menor sean garantizados.
Dieciocho estados de México han legislado para endurecer penas contra el aborto. ¿Cuál es su opinión?
La legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra estrechamente vinculada al derecho de igualdad con el que la ley debe tratar a sus ciudadanos. Penalizar el aborto es absurdo porque promueve la desigualdad penal.
La penalización del aborto durante los primeros meses del embarazo combate un derecho fundamental: la libertad personal de la mujer. La criminalización a propósito del aborto impone sobre ella una inaceptable obligación de convertirse en madre.
Concebir, traer al mundo y amar a una persona es una potestad relativa al plano moral y es por tanto una decisión autónoma que jamás debería estar sometida a la amenaza de una pena jurídica, mucho menos al infierno que de ella puede derivarse. Esta pretensión deriva de la Iglesia católica y de sus creyentes que quieren imponer su propia moral a través de la ley.
Este tema y muchos otros están siendo resueltos en México por los ministros y magistrados pertenecientes al sistema judicial, ¿no le parece que podríamos caer en lo que ustedes los italianos critican como “el gobierno de los jueces”?
No existe la posibilidad de que surja un verdadero gobierno de jueces. Los juzgadores sólo se dedican a revisar las violaciones del Derecho y con este acto no es posible gobernar, producir normas, crearlas.
El juez aplica las normas existentes, censura los ilícitos y de ahí se deriva su fuerza, pero nada más.
La tarea del Poder Judicial es controlar la legalidad de los actos, combatir los ilícitos, enfrentar los actos inválidos del poder. Existen garantías suficientes para afirmar que esta facultad no puede convertirse en un acto de gobierno, en un acto político.
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