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Diez millones de personas que trabajan en el Valle de México, a diario dedican tres horas en transportarse. Si estos 30 millones de horas diarias se trabajaran y se pagasen en 50 pesos la hora, similar al salario por hora que tienen los empleados en el Valle de México, significaría una erogación de 547 mil millones de pesos (mdp), poco más de 40 mil millones de dólares. Esta cifra es idéntica al monto que el gobierno se estableció como meta para invertir en infraestructura: 40 mil mdd en promedio anual a partir de 2012.
“El creciente parque automotor, impulsado por la política pública urbana, ocasiona que habitantes del Valle de México se pasen en promedio cinco años de vida atorados y estresados en el congestionamiento vial”, establece un reporte en el sitio web ciudadanosenred.com.
Se puede ir más lejos con estas cifras: si a los 547 mil mdp se les aplicase el 30% del ISR, las autoridades hacendarias podrían recaudar 164 mil 100 mdp adicionales cada año.
Con este dinero podrían financiarse docenas de proyectos de transporte público masivo, como el Tren Suburbano dos y tres en el estado de México, y que precisamente hoy no es posible el inicio de su construcción por falta de recursos públicos o privados, quienes argumentan que existen “demasiados riesgos financieros” para tomarlos.
Sin embargo, estas estimaciones palidecen ante una realidad que se puede atestiguar todas los días en la capital del país: la llegada y salida de cuatro millones de personas que trabajan en el Distrito Federal y pernoctan en el estado de México. Las puertas de entrada son Buenavista, Ciudad Azteca, el Rosario, el Toreo, Observatorio, la terminal de autobuses del Sur, del Norte y la Tapo, por mencionar sólo las de transporte público y en cuyas terminales cada mañana, el metro, colectivos, tren suburbano y autobuses foráneos no se dan abasto ante esta marabunta urbana, que en su trajín además demanda comida, bebida y hasta los olvidos del supermercado en el fin de semana.
EL UNIVERSAL pudo conversar con habitantes que viven esta situación y se comprobó lo que el despacho inmobiliario Aserva publica en su informe “Vivir Lejos”. Millones de personas durante años gastaron no sólo su tiempo (con el costo social que más adelante se detalla), sino que en el lapso de 20 años pagaron más de 440 mil pesos por usar el transporte público y en el consumo de alimentos, en tanto que sus casas las adquirieron por debajo de los 300 mil pesos.
Eugene Towle, socio director del despacho inmobiliario Softec, afirma que esta situación es contradictoria. “En los últimos 15 años se duplicó el ingreso per cápita en el Valle de México, pero también dedicamos más dinero en gasolinas, pasajes y estacionamientos para poder ir a nuestros centros de trabajo o estudio. Paradójico ¿no?”, comenta.
“La población llega a gastar hasta 50% del ingreso familiar tan sólo en transporte y a destinar dos horas o más al día para trasladarse desde su hogar al sitio de trabajo o de estudio y viceversa”, consta en el informe Estado Actual de la Vivienda en México 2009, realizado por la Fundación Centro de Información y Documentación de la Casa (Cidoc) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Incompatible empleo y vivienda
La necesidad de estas personas de viajar durante tanto tiempo a sus destinos laborales o de pernocta se explica en buena medida por dos situaciones: a la lejanía de la oferta de vivienda nueva (71% de las casas nuevas construidas entre 2000 y 2009 fue en la entidad mexiquense, reporta el despacho Softec), y a que las fuentes de empleo formal se encuentran concentradas en 47% en tres delegaciones del DF: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Así, cada mañana puede constatarse como en los últimos 30 años ningún jefe de Departamento o jefe de Gobierno del Distrito Federal se coordinó con los gobernadores mexiquenses para impulsar una política de crecimiento urbano ordenado de la metrópoli (donde se incluyese la construcción de infraestructura vial y de transporte público masivo), con la creación de empleos.
Una consecuencia más de esta situación, son las seis mil viviendas financiadas con créditos de Infonavit y que están abandonadas en el estado de México por sus dueños. Analistas consultados sospechan que la cifra podría ser tres veces mayor debido a que hay otras financiadas por Fovissste, Sofoles y Sofomes, así como bancos y quienes en su registro de cartera hipotecaria no especifican si existe problemas de impago, debido a que se mantienen en el abandono.
Esta situación significan pérdidas porque un alto porcentaje de esos dueños dejó de pagar las hipotecas. En el caso de las de Infonavit, voceros del organismo dicen en su defensa que no están abandonadas, sino que algunos de sus acreditados laboran en el Distrito Federal y prefieren rentar cuartos o vivir con algún pariente dentro de los límites de DF.
Como sea, muchos ya no pagan el crédito, así que representan un potencial problema de un creciente e incontrolable impago por parte de sus propietarios. Infonavit hoy día puja por retomar su propiedad y recolocarlas antes de que se vuelvan una complicación para sus finanzas. Las demás entidades financieras que originan créditos no reportan acciones para afrontar esta situación. Hay opacidad informativa en el tema y hay casos, como el de Manuel Pérez Cárdenas, vocal ejecutivo de Fovissste, que niega la situación.
La crisis económica de los últimos 20 meses hizo que muchos de los acreditados perdieran sus empleos. Especialistas dicen que la mayoría están insertos ahora en la economía informal, por lo que en el caso de Infonavit, éste ya no tiene vínculo con ellos vía nómina y por tanto tomar de ahí la mensualidad.
La entrada y salida de millones a diario, también es consecuencia de que los originarios del Distrito Federa que ganan menos de seis mil pesos mensuales no encuentran casas a precios acordes a su ingreso. Ya no se hable de algún habitante del estado de México que busque acercarse a su trabajo; simple y llanamente no encontrará más que la opción de rentar viviendas de más de 50 años de uso.
“Hay una huída parcial de la ciudad hacia los límites de la zona metropolitana, por ser un lugar económicamente accesible y con viviendas a un precio más económico, a diferencia de las existentes en el DF”, señala el informe de Aserva.
Cifras del INEGI señalan que entre 2000 y 2009 en el DF, el nivel de población creció sólo 0.20%, en tanto que la demografía del vecino estado de México lo hizo 2% en ese mismo lapso, es decir, diez veces más.
En otras palabras, más de 600 mil oriundos del DF fueron expulsados del DF en la última década, porque la política pública y “las fuerzas de mercado” no fueron capaces de crear las condiciones para hacer vivienda acorde a sus ingresos o empleos mejor remunerados.
“En la actualidad, el promedio de un departamento de 50 metros cuadrados (m2) es de 500 mil pesos en adelante. Si a esto agregamos la especulación en los precios de la tierra, producto de la plusvalía en servicios, se observa un fenómeno de centrificación, donde sólo los sectores de ingresos medios en adelante (superiores a los 12 mil pesos) tienen acceso al financiamiento para la adquisición de una vivienda en la capital”.
Metrópoli incompetente
El documento elaborado por la Cidoc y la SHF, señalan cómo el Valle de México perdió competitividad, respecto a otras metrópolis del continente americano, en los años recientes.
La errónea política de vivienda (entre ellas el famoso Bando 2 decretado por Andrés Manuel López Obrador en 2002 cuando fue jefe de gobierno del DF), de la mano de la casi nula inversión en infraestructura en transporte público masivo en las últimas dos décadas, es una situación que la padecen a diario millones de habitantes del Valle de México.
Los elevados costos del suelo apto para los usos habitacionales y productivos, los costos de transporte de personas y mercancías, de comunicaciones, los derivados de esquemas de seguridad, del manejo de basura, de la dotación de agua y del suministro de energía, así como los asociados al congestionamiento vial, entre otros, significan barreras al desarrollo económico y social de la población.
“Los gobiernos en sus diferentes ámbitos, los sectores social y privado pierden cuando las ciudades no funcionan adecuadamente”, concluyen los investigadores que participaron en el estudio de Cidoc y SHF.
En la última década, los precios de las viviendas (casas solas y departamentos) se elevaron varias veces, en tanto que su tamaño y la calidad de sus materiales se vieron reducidos drásticamente.
“Hemos tenido que absorber el encarecimiento de la tierra, así como la elevación en precios, como el cemento y el acero”, arguyó Ismael Plascencia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
¿Qué competitividad tendrá el Valle de México para dar empleo y habitación a los futuros profesionales? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero tal y como se instrumenta la política pública de vivienda, en la actualidad en el Valle de México “un futuro nada alentador nos espera”, dicen profesores del Centro de Estudios de Negocios de la Universidad Anáhuac.
“Parte del costo social de vivir lejos es la calidad en la educación que se le da a los niños y esto impactará en la posterior competitividad del país, en otros rubros de la economía, cuando esas generaciones se incorporen al mercado laboral”, observó Ramón Lecuona, director de la Escuela de Economía y Negocios, de la Universidad Anáhuac.
Eugene Towle, socio director de Softec, señala: “Ya no hay marcha atrás. En los próximos 20 años en todo el Valle de México es necesaria la construcción y renovación del parque habitacional. Entre ambos esfuerzos deben sumar cuatro millones de hogares; no se puede dejar para un siguiente gobierno la decisión de lo que se hará; las personas dque habitarán todas esas casas, ya están cursando el nivel preescolar”.
Las estrategias de los gobiernos del DF y del estado de México, cada uno por su cuenta, no son ni serán suficientes para detener la tendencia centrífuga de crecimiento, coincidieron especialistas.
Por cada día que pasa, millones de personas no sólo dedican una media de 50 pesos para ir a sus empleos y casas, más de tres horas de su tiempo, sino que también dejan de atender a sus familias, a sus amigos y vecinos, a quienes por cierto, poco conocen.
Hay una consecuencia social que no puede medirse en términos económicos. Al no ser esto posible, poco o nada existe en los planes de los gobiernos que conducen la política pública en la metrópoli más grande a América Latina.
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