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domingo, 30 de noviembre de 2014

Policía de Ferguson que mató a Michael Brown presentó su renuncia

FERGUSON, 30 de noviembre.- El oficial de raza blanca que mató al adolescente negro Michael Brown renunció al Departamento de Policía de Ferguson, casi cuatro meses después de que ocurriera la confrontación que desembocó en violentas protestas en ese suburbio de San Luis, Misuri, y por todo el país.
Darren Wilson gozaba de licencia administrativa desde que ocurrió el tiroteo, el 9 de agosto. Su renuncia fue anunciada ayer por uno de sus abogados, Neil Bruntrager. El defensor dijo que la renuncia es efectiva de inmediato.
Un jurado de investigación pasó más de tres meses revisando las pruebas del caso antes de pronunciarse por no levantar cargos contra Wilson, de 28 años, en noviembre. Dijo al jurado que temió por su vida cuando Brown lo golpeó y trató de arrebatarle su arma.
El Departamento de Justicia de EU sigue llevando a cabo una investigación por posible violación de derechos civiles y otra para analizar las prácticas de la policía de Ferguson.
Mientras tanto, la noche del viernes cientos de personas volvieron a manifestarse frente a la sede del Departamento de Policía de Ferguson y al menos 16 personas fueron arrestadas, según la información facilitada por las autoridades locales.
El fallo judicial favorable al policía Darren Wilson provocó el lunes y el martes por la noche en Ferguson —de unos 20 mil habitantes, la mayoría de raza negra— disturbios raciales que desembocaron en la detención de más de 120 personas y causaron cuantiosos destrozos en edificios y automóviles que ardieron en llamas.
El jurado que analizó el caso anunció el lunes pasado su decisión de no imputar a Wilson, de 28 años, por la muerte de Brown, de 18 años y tiroteado el pasado 9 de agosto tras robar una caja de cigarros en un supermercado de Ferguson, un suburbio de San Luis (Misuri).
Los indignados por esa decisión hicieron un llamado a boicotear el popular día de rebajas conocido como “viernes negro” (“Black Friday”), con una campaña impulsada en las redes sociales con la etiqueta “Blackout Blackfriday” (“Apaga el viernes negro”).
Dentro de esa campaña, unas 200 personas se tiraron al el suelo para recordar la muerte de Brown frente a un centro comercial de San Luis y forzaron su cierre temporalmente, en uno de los días de mayores ventas del año.
En Oakland (California) varias personas se encadenaron a un tren en señal de protesta, y hubo también manifestaciones en San Francisco, Chicago, Nueva York y Seattle que congregaron a cientos de participantes.
El agente Wilson, que disparó el pasado 9 de agosto contra Brown en circunstancias aún por esclarecer públicamente, afirmó en una entrevista con la cadena de televisión ABC que lamenta el suceso, pero que tiene “la conciencia tranquila”.
Wilson sostiene que Brown lo agredió e intentó apoderarse de su arma, versión que contradice el relato de algunos testigos, entre ellos un amigo que acompañaba a la víctima.

Las FARC cumplen con liberación de general y otros dos rehenes

BOGOTÁ, 30 de noviembre.- La guerrilla colombiana de las FARC liberó el domingo sanos y salvos a un general del ejército y a otros dos rehenes capturados hace dos semanas, allanando el camino para que se reanude la negociación de paz que el Gobierno había suspendido por lossecuestros.
El proceso de paz entre los rebeldes y el equipo negociador delpresidente Juan Manuel Santos ha logrado más avances que todos los intentos anteriores, pero quedó sumido en su peor crisis cuando elmandatario condicionó su continuidad a que se liberara al general Rubén Daría Alzate y otros cuatro detenidos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron a los rehenes a una misión integrada por representantes de los países garantes del proceso de paz y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Liberados el general Alzate, abogada Urrego y cabo Rodríguez en perfectas condiciones y esperando condiciones climáticas para regreso a sus familias", escribió Santos en su cuenta en Twitter.
Aunque las partes han estado dialogando en La Habana, siguen combatiendo sin tregua en las selvas y montañas de Colombia.
Santos se ha negado a firmar un cese bilateral del fuego como piden las FARC porque cree que podrían aprovecharlo para dilatar indefinidamente la negociación. Los bombardeos de los militares son frecuentes, así como los ataques y secuestros de la guerrilla.
Alzate y sus dos acompañantes habían sido capturados en la selva del departamento del Chocó, después de desembarcar de una lancha en un caserío de la región.
Pese a que la liberación del general -el oficial de mayor rango capturado por la guerrilla- abre la puerta para reanudar las negociaciones, las FARC dijeron que no será fácil retomarlas porque la confianza construida se rompió con la suspensión.
En el proceso que busca acabar con medio siglo de conflicto que ha dejado más de 200 mil muertos y millones de desplazados, las partes lograron acuerdos parciales para dar acceso a tierras a campesinos, sobre garantías para la participación en política de la guerrilla y sobre la lucha contra el narcotráfico.
Aún quedan pendientes temas complejos como la compensación a las víctimas, el fin de la violencia y la aprobación por parte de los colombianos de los acuerdos.
Cuba y Noruega, garantes del proceso, ayudaron a facilitar un acuerdo para liberar a los rehenes. Las FARC soltaron la semana pasada a dos soldados capturados en otro incidente en el noreste colombiano.
La guerrilla, que el Gobierno asegura recibe millonarios ingresos del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, se comprometió en el 2012 a no secuestrar a civiles. Pero no renunció a capturar efectivos de las Fuerzas Armadas, algo que ha hecho durante años.
Los rebeldes llegaron a tener a cientos de militares en su poder. Aunque la mayoría de ellos fue entregada a la Cruz Roja, algunos murieron en cautiverio, otros fueron rescatados y unos pocos escaparon.

A partir de mañana el gas LP se venderá en 13.87 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del próximo 1 de diciembre, el kilogramo de gas Licuado de Petróleo (LP) se venderá en 13.87 pesos en la región 92 del territorio nacional que comprende a la Ciudad de México y algunos municipios de los estados de México e Hidalgo.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía detalló que el hidrocarburo en dichas entidades tendrá un alza de 10 centavos respecto al precio registrado en noviembre.
La instancia gubernamental indicó que dichos lugares el cilindro con 20 kilogramos del energético costará 277.40 pesos.
En tanto, el mayor precio en el último mes del año se ubicará en ciertas localidades de Quintana Roo y Baja California Sur, con un costo de 15.90 pesos por kilo de gas LP.
La dependencia señaló que el costo más bajo se ubicará en la región 44 del país, que se sitúa en parte del territorio de Tamaulipas, en donde el precio será 13.68 pesos.
 - Con información de Notimex

Concluye temporada de huracanes; en Pacífico, la más activa en 2 décadas

MIAMI, 30 de noviembre.- La temporada de huracanes del Atlántico, Golfo de México y el Caribe concluyó este domingo y pasa a la historia como una de las de más escasa actividad, mientras que la del Pacífico, que regularmente afecta a México, fue la más activa en dos décadas.
La estadunidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica(NOAA, por sus siglas en inglés) proyectó 13 tormentas en el Atlántico, pero sólo se produjeron ocho, con seis huracanes.
Los científicos atribuyen las pocas de tormentas a vientos de niveles altos récord y a una lenta temporada de monzones en la costa oriental de África, donde se originan la mayoría de las tormentas del Atlántico.
“La combinación de condiciones atmosféricas actuaron para suprimir la temporada, incluyendo una muy fuerte cizalladura vertical del viento, combinado con el aumento de la estabilidad atmosférica y aire seco a través del Atlántico tropical”, dijo Gerry Bell, experto del NOAA.
De las ocho tormentas que se formaron, sólo dos alcanzaron una categoría mayor: Edouard, en septiembre, que fue categoría tres, con vientos de 185 kilómetros por hora, y Gonzalo, en octubre, categoría cuatro y vientos de 230 kilómetros por hora.
Arthur fue el primer huracán de la temporada que se inició el 1 de junio y tocó tierra en Estados Unidos, al entrar el 4 de julio Día de la Independencia en Carolina del Norte con vientos máximos de hasta 155 kilómetros por hora. Dejó a unas 44 mil personas sin electricidad.
Gonzalo fue la tormenta más poderosa de la temporada. El 15 de octubre se convirtió en un huracán de categoría cuatro y afectó desde las Antillas Menores hasta las Bermudas, donde murieron tres personas.
Pero el más mortífero fue Cristobal, un huracán categoría uno que se formó el 23 de agosto y afectó el Caribe, con un saldo de cuatro muertos y enormes daños materiales en su camino por República Dominicana, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos.
Louis Uccellini, director del Servicio Nacional Meteorológico de NOAA, dijo que lo lento de la temporada “no va a ser siempre el caso” y llamó a las comunidades en general “a refinar sus planes de respuesta para cualquier tormenta potencial”.
Pero tradicionalmente cuando del lado Atlántico se observa una temporada menos activa, del lado del Pacífico (cuya temporada inicia el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre) se traduce en una mayor actividad, de acuerdo con el experto Bell.
Este año en el Pacífico se registraron 22 tormentas y 16 de ellas se convirtieron en huracanes y nueve de ellos fueron de “gran tamaño” o categoría tres o mayor en la escala Saffir-Simpson de cinco niveles.
Bell dijo que débiles vientos verticales, un aire húmedo e inestable y un sistema de altas presiones en la atmósfera fueron un ambiente propicio para estas tormentas.
La temporada inició con el huracán Amanda que se formó el 22 de mayo y alcanzó la categoría cuatro con vientos de 250 kilómetros por hora. Provocó un muerto en Guerrero y afectó además los estados de Michoacán y Colima.
Pero sin duda Odile fue el más poderoso. Alcanzó la categoría de huracán el 13 de septiembre y se desarrolló hasta categoría cuatro con vientos de 215 kmph para tocar tierra en Cabo San Lucas en Baja California, dejando daños millonarios y cinco muertes.
Denis Feltgen, meteorológo del Centro Nacional de Huracanes (CNH), expresó que pese a la escasa actividad en el Atlántico, la humanidad atraviesa “un ciclo intenso de huracanes”.

La mexicana Margarita Hernández, récord centroamericano en maratón

VERACRUZ, 30 de noviembre.- La mexicana Margarita Hernández conquistó lamedalla de oro en el Maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, y de paso lo hizo con récord centroamericano.

La deportista impuso récord con un tiempo de 2:41:16.
En la misma prueba, pero de la rama varonil, el también mexicano Daniel de Jesús Vargas cosechó la medalla de bronce.
Vargas finalizó los 42.195 kilómetros en un tiempo extraoficial de 2:20:27.
Esta última prueba la ganó el cubano Richar Pérez, con un tiempo de 2:19:13, mientras el guatemalteco José García cruzó la meta en 2:19:45, para adjudicarse la medalla de plata.
Con información de Notimex

Liberan a los 11 detenidos en el Zócalo; faltaron pruebas: Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre.- Por falta de pruebas, un juez federal ordenó la liberación de las 11 personas detenidas —entre ellas, un chileno— por los disturbios del pasado 20 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Estuvieron recluidos en penales de máxima seguridad de Veracruz y Nayarit, acusados por la PGR de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
En un comunicado, el Poder Judicial de la Federación dijo que el auto de libertad inmediata fue ordenado por “insuficiencia de pruebas” e “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores”.
En conferencia de prensa en el Distrito Federal, familiares de los liberados anunciaron que analizan demandar a autoridades por daño, tortura, violencia física y sicológica.
Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Atzin Andrade González, Ramón Domínguez Patlán, Roberto Jasso del Ángel, Luis Carlos Pichardo y Francisco García Martínez salieron de un penal federal en Veracruz. El chileno Laurence Maxwell fue llevado a oficinas de Migración.
Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega y Hillary Analí González fueron liberadas de una cárcel de Tepic, Nayarit.

LIBERAN A LOS DETENIDOS POR MARCHA #20NOVMX

Luego de que un juez federal decretó la liberación por falta de pruebas de 11 manifestantes, incluido un estudiante chileno, recluidos en penales de alta seguridad por los disturbios ocurridos en la marcha del 20 de noviembre para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, familiares de los detenidos dieron a conocer que analizarán una posible demanda en contra de las autoridades.
La Procuraduría General de la República (PGR) había acusado a los 11 activistas de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, todos delitos del fuero federal, por lo que fueron trasladados a penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit.
Ayer, el juez Décimo Séptimo de Distrito, en Veracruz, Juan Carlos Ramírez Gómora, dictó auto de libertad inmediata, pues quedó probada no sólo “la insuficiencia de las pruebas” para los delitos imputados sino las “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores”, por lo que no da “valor probatorio alguno” a sus testimonios, según un comunicado del Poder Judicial de la Federación.
La entidad va más allá, al asegurar que las declaraciones de la policía generan “inverosimilitud” y no “se ajustan a las reglas de lógica básica”, con lo que crean incertidumbre y restan credibilidad a los hechos denunciados por las fuerzas de seguridad.
Entre las inconsistencias, señala el comunicado, están el número de supuestos atacantes, que primero eran 30, luego 16 o 18 y finalmente 11, y la imposibilidad de que quisieran privar de la vida a la policía, porque no hay constancia de que tuvieran palos o piedras. Por eso el delito de homicidio quedó recalificado en el de lesiones.
El documento agrega que ningún detenido reconoció haber estado en el lugar donde ocurrieron los hechos ni se conocían, con lo que acusarles de asociación delictuosa no tenía cabida; además, el juzgado al que se turnó el caso en Veracruz se declaraba incompetente, porque los hechos ocurrieron en el Distrito Federal.
Tras la determinación judicial, los 11 detenidos fueron liberados en el transcurso de ayer, lo cual fue celebrado por sus familiares.
“Nuestros hijos no cometieron ningún delito, su único delito era buscar justicia, por eso salen a la calle”, dijo el padre de una de las tres detenidas, estudiante de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Hilary Analí González.
En conferencia de prensa en la explanada del Palacio de Bellas Artes, familiares de los detenidos el 20 de noviembre lamentaron que se criminalice el derecho a la manifestación.
“Hoy nuestros familiares están libres porque no existieron pruebas para detenerlos y procesarlos. Estamos contentos porque nuestros familiares estarán pronto de vuelta a casa”, expresaron.
“Estoy en el día más feliz de mi vida. Pensábamos que podía ser un proceso larguísimo”, dijo Dennis Maxwell, hermano de Laurence, el único extranjero detenido. “Se ha hecho justicia”, añadió desde Santiago de Chile su padre, Alberto Maxwell.
Por la tarde de ayer, Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila, Atzin Andrade González, Ramón Domínguez Patlán, Roberto Jasso Del Ángel, Luis Carlos Pichardo y Francisco García Martínez fueron recibidos por sus familiares a su salida de un penal federal en Veracruz, mientras el chileno Laurence Maxwell fue llevado a las oficinas de Migración, en el estado.
Por la noche, Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega y Hillary Analí González salieron del Centro de Readaptación Social Número 4, Noroeste, en Tepic, Nayarit, y se reunieron con sus familiares.
De acuerdo con la defensa de los 11 inculpados, en las próximas horas definirán la estrategia para denunciar por daño, tortura, violencia física y sicológica, además de maltrato y otros cargos, a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Policía Federal y PGR.
Además, mostraron su interés por acusar a las autoridades de tortura y, según informaron los abogados, pedirán renuncias en la SSPDF y en la PGR.
Al respecto, frente al Palacio de Bellas Artes, familiares de los detenidos dijeron que analizaran en los próximos días demandar a la SSPDF, Policía Federal y PGR por diversos delitos.
Además, algunos padres presentes resaltaron que las autoridades aplicaron tortura.
A su vez, dijeron que en breve solicitarán la reparación integral del daño a la PGR por enviarlos a penales de máxima seguridad y a las corporaciones policiacas por detenciones arbitrarias.
En conjunto, los familiares lamentaron que el Estado esté comenzando a criminalizar el derecho a la manifestación a través de las detenciones arbitrarias.
El padre de Hilary Analí resaltó el proceder de las corporaciones policiacas, al señalar que no tienen protocolos de actuación para los detenidos, la falta de proceso jurídico, además de la falta de justicia en el país.
Entre los participantes de la conferencia se encontraban el padre de Isaac Domínguez Ayala, la madre de Tania Ivonne Damián Rojas y el novio de Liliana Garduño Ortega, estudiante de Prepa Abierta.
En su turno, un integrante del Comité por la Liberación de Laurence Maxwell, el chileno estudiante del Posgrado en Letras-UNAM, manifestó su preocupación al señalar que no hay claridad si a Lawrence Maxwell se le aplicará el artículo 33 de la Constitución, que prevé la expulsión de extranjeros por inmiscuirse en asuntos políticos del país.
“Esto que nos sirva como ejemplo para exigir que el artículo 33 se reestructure, para que los extranjeros no estén vulnerables en estas condiciones”, señalaron los representantes al considerar que también otros estudiantes extranjeros que se han sensibilizado por la problemática del país.
La próxima semana, padres de los liberados se reunirán con abogados y colectivos de Derechos Humanos para definir la estrategia y demandar a las corporaciones policiacas y a la PGR, además de exigir la reparación integral del daño y una disculpa pública.
—Con información de AFP y AP

sábado, 29 de noviembre de 2014

Limitado, el acceso laboral a discapacitados

CIUDAD DE MÉXICO.-  El acceso de las personas con discapacidad a un empleo en el Distrito Federal es limitado, sin embargo no hay un diagnóstico preciso respecto a este tema debido a que, hasta la fecha, no existe un registro o censo que revele las condiciones en las que se desarrolla este sector de la población.
Las instituciones capitalinas enfocadas a atender el acceso a un trabajo de dicho sector desconocen, por ejemplo, el número de personas con discapacidad que buscan un empleo o que cuentan con uno, el perfil de los buscadores de empleo e incluso a las empresas que tiene entre sus empleados personas con alguna condición que se clasifica en el rubro de la discapacidad.
Pese a la ausencia de un diagnóstico preciso, Fidel Pérez de León, director del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el DF (Indepedi), señala que los principales factores que provocan la exclusión de este sector de la población a un trabajo son el limitado acceso a la educación, la poca sensibilización de la sociedad y las limitaciones de transportación y tránsito.
“En muchos casos, la sociedad y las empresas consideran que las personas con discapacidad no tienen derecho al trabajo o no tienen condiciones para ejercerlo y en este último punto tiene razón; por ejemplo, el promedio de educación de una persona con discapacidad es un tercer o cuarto año de primaria, es muy bajo”, asegura Pérez de León en entrevista con Excélsior.
El poco acceso a la educación es el resultado de la mayoría de las barreras que encuentra lo largo de su vida una persona con discapacidad, adquirida o de nacimiento.
Por ejemplo, una persona con discapacidad motriz que quiere acudir a la universidad necesita de una silla de ruedas, lo que requiere apoyo gubernamental o la capacidad económica para solventarla con medios propios; al desplazarse encuentra que el transporte público o privado es poco accesible, y una vez en el centro de estudio es necesario la sensibilización de la comunidad académica para que no corra el riesgo de exclusión, cuenta el titular del Indepedi.
De acuerdo con datos del Instituto, las personas con algún tipo de discapacidad son 4.9 por ciento de la población total de la capital del país, es decir, 431 mil personas. Martha Alicia Loza Estrada, subdirectora de Coordinación Delegacional de la Secretaría de Trabajo, menciona que son aproximadamente 200 mil las personas con estas características en edad laboral.
Loza Estrada explica que este grupo, aunque no está detallado con precisión, se divide en varios bloques, como las personas con discapacidad de nacimiento o discapacidad adquirida, las que se encuentran en edad laboral pero no buscan empleo o sus familias no se los permiten y las que sí se dan a la tarea de buscarlo.
Asimismo es necesario evaluar las aptitudes y habilidades de las personas con discapacidad.
“Una persona con discapacidad de nacimiento, o que fue muy joven cuando sufrió la discapacidad, vive y asume la discapacidad y se desarrolla y trabaja con las personas que no la tenemos. Una persona que ya en la edad adulta o por accidente o por enfermedad adquiere la discapacidad es más difícil. Entonces hay que buscar la rehabilitación, el duelo por la pérdida de algo, un miembro o un sentido, y buscar la reconversión de habilidades, eso es otro proceso mucho más largo.
“Entonces para entender las líneas de acción en materia de empleo que debemos aplicar, es necesario un sondeo por unidad territorial, sectores, etc.”, afirma Loza Estrada.
En este sentido también se desconoce el número de empresas que los contratan, incluso aquellas que en el Distrito Federal cuentan con el distintivo de Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” –un programa federal que reconoce a los centros de trabajo que incluyen a personas adultas mayores, con alguna discapacidad física o mental, portadoras del virus VIH, próximas a su liberación penal o con alguna preferencia sexual diferente a la heterosexual– mismas que reciben estímulos fiscales como la devolución del cien por ciento de los gastos fiscales que genere el trabajador contratado con estas características.
“Hicimos una solicitud vía transparencia, para que nos dejaran saber el número de empresas que tiene el distintivo, además de cuántas personas con discapacidad tiene contratadas en el Distrito Federal y hasta el momento distintas dependencias no nos han contestado esa información”, asegura a este rotativo.
Abriendo Espacios
Como parte de las estrategias para resolver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad, el Servicio Nacional de Empleo cuenta con el programa Abriendo Espacios donde se ofrece atención personalizada para la vinculación laboral, capacitación o autoempleo.
De acuerdo con la subdirectora de coordinación delegacional de la Secretaría de Trabajo, Abriendo Espacios es una estrategia transversal que busca la inclusión sociolaboral del buscador de empleo.
“Contextualizamos su entorno y si observamos complejidades, canalizamos a las instancias necesarias (…), lo que hacemos cuando localizamos una vacante es que ofrecemos las habilidades laborales de las personas a las empresas, después les decimos de su discapacidad, si la empresa accede a que enviemos a la persona para entrevistarlo, le damos los datos al buscador de empleo y la entrevista depende de ellos.
También vamos a las empresas, tratamos de sensibilizar para que nos abran vacantes para personas con discapacidad, hacemos ejercicios con las empresas. Promovemos los estímulos fiscales que tienen las empresas que contratan personas con discapacidad e inclusive todas las empresas que participan en las ferias magnas de la Secretaría de Trabajo, hay reuniones previas al tema de la logística y están obligadas a tomar el taller”.
Sin embargo, Loza Estrada considera que pese a estos esfuerzos se logra la incorporación al mercado laboral de “un porcentaje mínimo” de las personas que acuden a estas instancias.
“En capacitación tenemos a 280 personas, 105 hombres 175 mujeres. Han iniciado un proyecto productivo que es un proyecto de auto empleo que les dan maquinaria equipo y herramienta 16 personas, cinco hombres y 11 mujeres. Y de dos mil 355 personas con discapacidad que se acercaron a nosotros 561 se han colocado, 268 hombres y 273 mujeres. Esto es de enero al corte de octubre en este año”.
La administración capitalina, por su parte, busca generar políticas públicas orientadas en el enfoque de vida independiente para las personas con discapacidad a través de dos programas que iniciarán el próximo año: el registro y credencialización de las personas con discapacidad que viven en el DF y el programa de Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2014-2018.
“Con la credencialización la idea es conocer exactamente qué es lo que hacen las personas con discapacidad y qué perfil tienen para poder incorporarlas, y al mismo tiempo empezar a trabajar con empresas.
El programa incluye 267 políticas públicas y 52 metas. Marca a cada dependencia qué es lo que tiene que hacer, sobre todo estas políticas públicas, qué es lo que tiene que hacer la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Movilidad, Medio Ambiente, Seguridad Pública, Salud, Educación, Cultura. Son 11 subprogramas”, dice Fidel Pérez de León.
Sin embargo, en este año se echó a andar un programa de empleo temporal en el que se emplearon a 300 personas con diversas discapacidades de las 16 delegaciones.
“Las colocamos en dependencias de gobierno y tuvimos muchos casos de éxito. Muchas de las personas a las que les dimos trabajo no quieren dejar de hacerlo, aunque fue sólo por tres meses. Este programa va a ser permanente, el próximo año lo vamos a duplicar con la idea de que sigan obteniendo esta experiencia las personas con discapacidad. Pero también hicimos que 150 funcionarios se sensibilizaran para que aprendieran a tratar a las personas con discapacidad”, afirmó el funcionario capitalino.

Buscan mejores políticas públicas
Para conmemorar el Día Internacional de las Persona con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, 180 dependencias públicas del Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil participarán en las actividades que se llevarán a cabo en la Semana de la Autonomía e Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Entre los actos de conmemoración, organizados por el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Indepedi) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Distrito Federal, destaca la colocación de carteles en edificios de los entes públicos y organizaciones participantes y la apertura de un portal web, que simbolizarán muros físicos y virtuales en los que se podrán compartir historias de Autonomía e Inclusión de Personas con Discapacidad en la Ciudad de México.
En el muro virtual, al que se puede ingresar por la direcciónwww.diainternacionalpcd.df.gob , ya se pueden encontrar, en video, testimonios como el de Silvia Lozada, abogada fundadora de escuela Perros Guía, que tiene discapacidad visual.
Asimismo, del 3 al 5 de diciembre se realizará un Congreso al que asistirán conferencistas con discapacidad y donde se llevarán a cabo representaciones artísticas y paneles de discusión  para promover los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que posee este sector de la población.
Gamaliel Martínez Pacheco, director general del DIF DF, dijo que estas serán actividades interinstitucionales y servirán como un espacio para visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad y generar mejores políticas públicas.
“El evento será un encuentro de opiniones y reflexiones académicas, institucionales y personales con lo cual se espera contribuir y sumar esfuerzos para la consolidación de una sociedad inclusiva y visibilizar el tema de la discapacidad, principalmente en el entendimiento de los ejes de participación ciudadana fortalecimiento de la autonomía y construcción de políticas públicas”, explicó.

PRD adeuda $809 millones; sólo al fisco le debe poco más de 211 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre.- Además de su crisis política, tras el caso Iguala y la reciente renuncia de su fundador Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD llega hoy a su Consejo Nacional operando con números rojos: tiene deudas y reclamos por 809 millones 59 mil 739 pesos.
De acuerdo con las cantidades públicas y oficiales de los adeudos y reclamos que tiene el PRD, el partido se proyecta hacia un estado de insolvencia financiera.
Sólo al fisco debe pagar 211 millones 859 mil 739 pesos; además, el Instituto Nacional Electoral lo multó con 52 millones 200 mil pesos, adeuda 25 millones de pesos por la pasada renovación de su dirigencia nacional y el empresario Carlos Ahumada, envuelto en el caso de losvideoescándalos, le reclama 520 millones de pesos con los que, asegura, financió al PRD durante el periodo 2003-2004.
Si se toma en cuenta que la autoridad electoral le asignó para este año 678 millones 842 mil 459.89 pesos, por sus deudas el partido opera con un déficit de 130 millones 217 mil 280 pesos.
El PRD, a través de Eloí Vázquez López, subsecretario de Difusión y Propaganda, a pregunta expresa sobre si el partido está en insolvencia, no rechazó la crisis, sólo dijo que “la situación del PRD es estable. Gracias al manejo de nuestras finanzas y a las medidas adoptadas por el Consejo Nacional, en breve saldaremos las deudas recientemente contraídas”.

FINANZAS DEL PRD, EN NÚMEROS ROJOS

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está inmerso en una espiral de deudas económicas que, sumada a la crisis de operación política en que cayó desde hace dos meses, a raíz de los hechos en Iguala, Guerrero, y la renuncia del ingeniero Cuauh-témoc Cárdenas a sus filas, se notan aún más.
De acuerdo con las cantidades públicas y oficiales de los adeudos y reclamos que tiene el PRD, el instituto político se proyecta prácticamente hacia un estado de insolvencia financiera, y así llega a su Consejo Nacional, que se celebra hoy.
Entre deudas y reclamos, el débito del PRD asciende a 809 millones 59 mil 739 pesos. En enero de 2014, la autoridad electoral le asignó para este año 678 millones 842 mil 459.89 de pesos como prerrogativas. Esto significa que el PRD tiene un déficit de 130 millones 217 mil 280 pesos.
La suma de esos 809 millones 59 mil 739 pesos se desprende de los 211 millones 859 mil 739 pesos que el PRD le debe al fisco; los 52 millones 200 mil pesos con los que el Instituto Nacional Electoral multó a ese partido; los 100 millones de pesos que gastó en la elección donde resultó presidente Carlos Navarrete (de los que el partido reconoce deber 25 millones), que arroja una suma por 289 millones 59 mil 739 pesos, más los 520 millones de pesos que Carlos Ahumada le está reclamando por la supuesta financiación que el empresario hizo al PRD entre 2003 y 2004.
La versión de Ahumada es  que en esos años él financió al PRD con “unos 200 millones de pesos”, que estaban destinados a pagar deudas de campaña.
Excélsior buscó a Rosario Rosales, secretaria de Finanzas del PRD, con la idea de cruzar las cantidades públicas y oficiales, pero fue imposible localizarla.
En virtud de ello, la solicitud para obtener información que pudiera contrastar las cantidades y saber con más detalle el estado financiero perredista se hizo a través de Eloí Vázquez López, subsecretario de Difusión y Propaganda del PRD.
El PRD, a través de Vázquez López, a pregunta expresa sobre si ese partido está en insolvencia, no lo rechaza y en cambio señaló que “la situación financiera del PRD es estable. Gracias al responsable manejo de nuestras finanzas y a las medidas adoptadas por nuestro Consejo Nacional, en un breve plazo saldaremos las deudas recientemente contraídas”.
Mencionó que será “en las primeras semanas del siguiente año” cuando se aprobará en el Consejo Nacional el presupuesto de egresos, y en esa instancia se presentará el balance del actual ejercicio, que se le preguntó cómo había terminado.
Según el dictamen de Ingresos y Gastos que presentará hoy la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), el PRD adeuda 211 millones 859 mil 739 pesos al fisco, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2013 hacia atrás.
En el desglose de las cuentas perredistas, el INE determinó que de los 211 millones de pesos, 36.6% corresponde a adeudos del año pasado, y el resto, 175.9 millones de pesos, a años anteriores.
En el documento de la autoridad electoral también se mencionó que el PRD no reportó 391 cuentas bancarias. Se encontraron inconsistencias como falta de registro, fechas, eventos y lugares en los que repartió propaganda utilitaria por 138 millones de pesos.
Sin que se sepa a ciencia cierta el número de empleados que tiene el instituto político, el INE también tiene documentado que el PRD no pagó las cuotas al IMSS y al Infonavit y los impuestos correspondientes a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
El PRD afirma que “el adeudo fiscal del partido se está atendiendo oportunamente en pagos mensuales”.
La multa del INE
Además de la deuda con el fisco, el INE multó al PRD con 52 millones 200 mil pesos, por haber incurrido en 73 faltas de forma y diez de fondo durante la revisión de sus estados contables, dada a conocer a finales de octubre pasado.
Entre los puntos más cuestionados de su contabilidad se encuentra que el partido omitió realizar las correcciones solicitadas, así como presentar aclaraciones respecto de saldos contrarios a su naturaleza reflejados en el rubro de pasivos por 22.4 millones de pesos.
Tampoco presentó la comprobación de gastos de campaña de 2012 por 23.6 millones. Además, hizo pagos que exceden el saldo reflejado en el rubro de impuestos por pagar por 1.5 millones de pesos.
En este punto, el PRD señaló que “la multa impuesta por el INE fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que no está en firme”.
La elección interna del PRD, para nombrar a más de 55 mil funcionarios se realizó este año en dos etapas: una el 24 de agosto y la otra el 7 de septiembre. Durante la preparación de estos comicios se informó que éstos podrían tener un costo entre 50 y 95 millones de pesos.
Sin mencionar el costo que tuvo la elección interna, el PRD señaló que “sólo se deben 25 millones de pesos, mismos que serán liquidados en el próximo mes de diciembre”.
Después de la segunda parte de la elección donde resultó electo Carlos Navarrete como dirigente nacional del PRD, el diputado Alejandro Sánchez Camacho, entonces secretario general del partido, aseveró en conferencia de prensa que su partido estaba en números rojos.
El legislador, integrante de la corriente Unidad Democrática Nacional, aseguró que el costo del proceso donde se eligieron a miles de dirigentes perredistas se elevó a 109 millones de pesos.
A finales de agosto, el mismo diputado Sánchez Camacho, quien había estimado en 100 millones de pesos el costo del proceso electivo dijo, en primera instancia que valía la pena hacerlo.
“En la última cifra que tenemos se habla de 100 millones de pesos y que se está descontando ya de las prerrogativas de nuestro partido. Hablé con el secretario de Finanzas y vamos a necesitar un plan emergente de financiamiento; incluso para acabar el año ya no existe el concepto de terminar el ejercicio de esta dirección,  porque esta dirección terminaría en cuando se elija la nueva,  el 5 de octubre;  hay que pensarlo en términos de año  fiscal: tenemos que cerrar este año y vamos a necesitar un plan emergente”.
En este tema, el PRD
subrayó que Sánchez Camacho “es corresponsable de todos los adeudos contraídos. Por lo que él cuenta con la información financiera. En el tiempo que lleva la actual dirección hemos estado revisando  las  deudas  y  negociando las  que  procedan”.
Financiamiento opaco
El reclamo que Carlos Ahumada hace al PRD por 520 millones de pesos tiene una historia de más de diez años, cuando el empresario financió presuntamente al partido con 200 millones de pesos, que ahora reclama con intereses.
El juzgado undécimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal ordenó al INE embargar las prerrogativas del PRD, a solicitud directa de un tribunal argentino donde está radicado el juicio promovido por Ahumada.
En 2004, Ahumada fue el autor de un episodio que destapó la corrupción en el PRD. Videograbó a destacados perredistas recibiendo dinero y luego hizo públicas las imágenes, con la idea de descarrilar la carrera política de Andrés Manuel López Obrador.
La administración anterior del PRD, la de Jesús Zambrano Grijalva, consiguió un amparo contra el embargo precautorio de prerrogativas por el reclamo de Carlos Ahumada por 520 millones de pesos.
De la posibilidad de tener una posición sobre estas cifras, más lo que el PRD estaría haciendo para renegociar su deuda, la oficina de Comunicación Social de ese partido pidió a Excélsior que se hiciera un cuestionario por escrito —el cual fue enviado de inmediato—, para ser respondido “a la brevedad”.
En la respuesta del PRD a las preguntas de carácter financiero, dijo desconocer el adeudo con Ahumada. “El PRD no reconoce la  existencia  de  algún  adeudo  con  el  Sr.  Carlos  Ahumada, y así lo  ha demostrado ante las instancias judiciales correspondientes.  En tal sentido, el pasado 29 de septiembre, el Segundo Tribunal  Unitario de Circuito en  Materia Civil resolvió suspender el procedimiento promovido por el personaje citado.”

Los ‘videoescándalos’
En 2004, Ahumada fue protagonista de escándalos de corrupción en el PRD hechos públicos por televisión.

  • El 3 de marzo de ese año, en el programa El Mañanero, conducido porBrozo (Víctor Trujillo, disfrazado de payaso), el entonces diputado panista Federico Döring (bajo la sombra de Diego Fernández de Cevallos) llegó con un video que evidenciaba a René Bejarano recibiendo paquetes de dinero entregados por el empresario Carlos Ahumada, quien era entrevistado en un foro contiguo por Adela Micha.
  • La espiral de escándalo provocó la caída (al menos temporal) de Bejarano y su grupo, y manchó la imagen de López Obrador.

En Chilapa no hay lugar para treguas

Chilapa, Gro.
O el alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, tiene voz de profeta o a sus oídos llegan muy buenos informes. Unas horas antes de que sicarios de Los Rojos y Los Ardillos se trenzaran a tiros en el pueblo y de que 11 cuerpos decapitados fueran hallados en el municipio el miércoles pasado, advertía: “Aquí se vive una tensa calma. Estamos con el temor de que en cualquier momento pueda pasar algo y de que pudiera haber un enfrentamiento entre estos grupos”.
Eso lo dijo el lunes 24 por la tarde, de forma casi premonitoria. Ese día, el alcalde, de quien las agencias de inteligencia del gobierno federal desconfían por sus posibles vínculos con el crimen organizado (12 alcaldes de Guerrero bajo lupa antinarco, MILENIO, 17/11/2014), estaba sentado con rostro compungido en la entrada de una iglesia del barrio de San Juan, en la cabecera del municipio. Había acudido a una de sus jornadas semanales de audiencia pública, en las que su administración gestiona peticiones de la ciudadanía de los más variados tipos. Se veía preocupado.
“Yo soy un hombre que vengo de la clase trabajadora”, dijo en entrevista con este diario, cuando se le preguntó sobre las sospechas del gobierno federal. “Ante la ciudadanía no tengo nada que ocultar. Saben que soy un hombre trabajador y yo no participo en la delincuencia”.
—¿Iría ante la PGR para que se deslinden responsabilidades?
—Si me mandan llamar, con todo gusto. Es más, le dije a mis compañeros alcaldes (de Chilpancingo, Ixtapa y Taxco) que nos acerquemos a la PGR a responder lo que quieran preguntar.
***
El ambiente en el pueblo, dicen sus pobladores, es de guerra. Es algo que se corrobora en muchas de las casas de la cabecera: ondean moños negros de luto. En Chilapa hay una docena de desaparecidos registrados en los últimos tres años. De homicidios, van medio centenar.
Hasta el alcalde parece en la mira. Cuando vaticinó que un clinch entrenarcos se avecinaba, García estaba siendo vigilado. Despreocupado, unhalcón se encontraba a la entrada al barrio. Llevaba un radio en la mano y poco le importaban los rondines de una decena de policías municipales con rifles de asalto Heckler& Koch que custodiaban al alcalde. Los agentes vigilaban nerviosos desde las orillas de la cancha de baloncesto en la que se instaló la mesa de atención a los chilapenses. Notoriamente, tenían los dedos en el gatillo de sus armas. Llevaban chalecos antibalas.
García gobierna desde 2012 y aún tiene frente a sí varios meses antes de entregar el cargo, pero su poder como autoridad encara límites muy evidentes. Desde hace varios meses se tiene que mover en su pueblo con no menos de 10 policías a su alrededor y soldados a tiro de piedra por lo que pueda pasar. Intentaron asesinar a su hijo en agosto pasado. Sobrevivió apenas. Hace tres semanas le secuestraron a una de sus regidoras. De amenazas ha recibido un altero. Y para colmo, como a muchos otros alcaldes, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) le clausuró la presidencia municipal. Está cerrada con cadena y candado.
Enclavado justo al centro de un puñado de policías nerviosos, el alcalde, ojeroso y delgado, sudaba copiosamente. Su ceño estaba doblado en un fuerte pliegue de preocupación y aprehensión.
—¿En cualquier momento puede pasar algo?
—Ese es nuestro temor— dijo y, aunque no quedaba claro si estaba vinculado con el tema, agregó: —acabamos de dar de baja a 23 policías por no pasar el examen de confianza.
Su preocupación de que algo estaba por reventar resultó tener sustento. No mucho después de la entrevista, unas 18 horas más tarde, la tensa calma de Chilapa devino en una activa balacera. Fueron dos tiroteos que a muchos recordaron los enfrentamientos del 9 de julio pasado, cuandoLos Rojos y policías estatales se masacraron en el centro del municipio y los habitantes del pueblo se encerraron en sus casas durante dos días ante el temor de encontrarse con una bala perdida.
Pero esa, por terrible que suene, es la rutina de Chilapa. Más que una premonición, la de García también puede ser tomada como una afirmación en la que opera la certeza de la estadística. Decir que en el municipio se registrará una balacera o un asesinato es tan seguro como afirmar que lloverá en julio y en diciembre habrá heladas. Lejos de la atención federal que se ha concentrado en Iguala, Acapulco y Chilpancingo, aquí los choques armados y ejecuciones hiperviolentas son la norma.
Varios casos corroboran la cotidianeidad de los secuestros, desapariciones, levantones y matanzas en este municipio, que está a solo 60 kilómetros de Chilpancingo. No es una violencia gratuita. Chilapa es altamente estratégica: quien la controla tiene bajo su poder las carreteras estatales 93, 8 y 3, únicas que bajan de la montaña —y de las zonas productoras de opio y mariguana—, al centro. Cuestión de economía.
Este es un breve listado de la vida anormal de Chilapa:
*El martes 25 de noviembre, junto a otras dos personas, fue ejecutado un habitante del municipio en la autopista Chilpancingo-Tixtla.
*El miércoles 9 de julio, seis personas murieron en enfrentamientos entre sicarios. Al día siguiente, el pueblo se infartó: aún ahora es recordado como el jueves negro, cuando todos se encerraron en sus casas.
*El 16 de mayo ejecutaron a un vendedor de colchones.
*El 15 de mayo secuestraron a John Ssenyondo, párroco de Nejapa, una comunidad del municipio. Sus restos aparecieron hace unas semanas en una fosa clandestina en Zitlala. Eran solo huesos.
*El 4 de abril, dos profesores de secundaria fueron asesinados apenas al salir de Chilapa, en la carretera rumbo a Chilpancingo.
Chilapa podrá ser pequeña, pero sus estadísticas de inseguridad por cada 100 mil habitantes son enormes: es la ciudad número 40 con la tasa de homicidios más alta de México, la 56 en secuestros, la 61 en violación, 173 en lesiones dolosas, 186 en robo con violencia, 91 en extorsión. Pero lo más llamativo es el descaro: la cosa está tan mal que aun cuando el Ejército tiene presencia permanente en el municipio, eso aLos Rojos y Los Ardillos parece importarles poco. Ambas organizaciones, en pugna por el control de este municipio estratégico, se siguen matando con periódica regularidad. Siguen transitando en convoyes en el bulevar central del pueblo, según reconocen el alcalde y organizaciones sociales.
“La gente vive aterrada en Chilapa. La policía municipal no hace nada porque Los Rojos mandan en el pueblo. Los puede ver en la calle, a plena luz del día, levantando gente”, dice Efraín Torres-Fierro, del Frente de Defensa Popular de Guerrero, región Chilpancingo-Chilapa. Su agrupación, dedicada a la defensa de los derechos de pequeños productores, ha sido blanco del hostigamiento del narco desde hace varios años.
A diferencia de otros municipios en donde la matanza de Iguala y subsecuente desaparición de 43 normalistas forzaron a una tregua temporal entre bandas criminales —llevando a que los delincuentes bajaran su perfil ante el acoso federal y de la opinión pública— en este municipio la violencia no ha parado. La momentánea paxayotzinapanunca llegó a esta esquina de Guerrero.
“La gente sigue desapareciendo”, lamentó García. Sudaba cuando terminó la entrevista. Sus policías también. Horas después, estallaba la balacera, una más, en el municipio.