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El Congreso de Puebla, dominado por el PRI, blindó al gobernador Mario Marín Torres —mediante las reformas a la Ley de Transparencia Pública local— para que su administración se desarrolle en medio de la opacidad y falta de claridad hacia los mexicanos.
Un análisis realizado por 10 expertos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias —concluido en noviembre pasado— otorga a las reformas legales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla una calificación reprobatoria de 4.2 en una escala del 1 al 10.
El desarrollo del documento, del que EL UNIVERSAL tiene copia, advierte que la legislación aprobada por el Congreso local no cumple parámetros de calidad acordes a la reforma del artículo sexto constitucional referente al derecho de los mexicanos a la información.
El Congreso de Puebla aprobó el 17 de julio de 2008 reformas y adiciones a la Ley de Transparencia local, entonces el Centro de Estudios Espinosa Yglesias se dio a la tarea de analizar su constitucionalidad en el marco de su Proyecto de Evaluación de Leyes.
En la hoja de evaluación, referente al apartado de “aspectos legales” se señala:
“Las reformas aprobadas se ajustan, en algunos casos, restrictivamente a los mínimos establecidos por el artículo sexto constitucional. En algunos aspectos son incluso inconstitucionales. Se trata de un decreto mal logrado, por cuanto mantiene intactas las deficiencias de fondo de la ley reformada.”
Más adelante refuerza: “El capítulo VII de la Ley de Transparencia (local) es un claro retroceso en materia de transparencia porque oculta y dificulta el acceso a la información atentando contra el principio de máxima publicidad”.
Al realizar un análisis del contexto político en que se dio la aprobación de estas reformas, el Centro de Estudios hace notar que el proceso legislativo se llevó a cabo muy rápido, donde la Comisión de Gobernación y Puntos Legislativos sesionó poco días antes de aprobar el dictamen.
Asienta que no se socializó, que no hubo foros de discusión ni consulta para legitimarla y que al interior del Congreso el PRI perdió los debates, y subraya que los partidos PAN, Panal y PRD presentaron iniciativas al igual que un sector se la sociedad civil, pero la que prosperó fue la del PRI “aprobada de manera prácticamente unipartidista”.
De acuerdo con los expertos, las reformas tratan de adecuarse de forma literal al texto constitucional, en detrimento de la semántica; “al integrar el conjunto de la norma se vuelven nugatorios (engañoso o falso)”. Además critica la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados que afectan los parámetros para la reserva de información.
El panel de evaluadores está conformado por investigadores, intelectuales y académicos como José Buendía, Miguel Carbonell, Leonardo Corro, Isabel Davara, Sergio López Ayllón, José Antonio Meyer, José Ojeda, Víctor Reynoso, Manuel de Santiago y René Valdivieso.
Hace notar en la evaluación sobre “impacto anticipado: costos y beneficios” que “la reforma tiene altos costos porque mantiene vicios de origen e incluso constituye un retroceso en materia de transparencia.
Subraya que la ley omite entrar a detalle en la organización y funciones de los órganos análogos “para los otros poderes y municipios. Este es un problema serio, porque pone en peligro la factibilidad de la aplicación de la Ley de Transparencia Pública (local)”.
Agrega que la obligación de introducir medios electrónicos es “irrealizable” en municipios que no tienen los recursos para lograrlo.
En materia de sanciones, los evaluadores se dividieron porque unos establecieron que la ley reformada contraviene el principio de legalidad punitiva, porque no cuenta con sanciones específicas sino que remite a otra norma y otros consideraron que establece un catálogo de sanciones.
Comentario:
De las cosas que no comprendo en el actuar de mis compatriotas es el quejarse de la corupción y de como son ciertos políticos, pertenecientes a ciertos partidos, pero terminan votando por ellos. Todos los que están en el congreso de Puebla fueron votados y permanecen en sus curules, porque así lo decide la ciudadanía. La gente no actúa con congruencia.
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