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El PRD en el Senado presentará hoy al mediodía su propia versión de Reforma Política que incluye la revocación del mandato del Presidente de la República, gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal, alcaldes y jefes delegacionales.
La propuesta fue integrada durante los últimos días con las bancadas del PT y Convergencia, el llamado DIA, y apuesta a ser un documento más integral que el enviado por el presidente Felipe Calderón, con lo que iniciaría formalmente el debate legislativo.
Los perredistas dejaron fuera la mitad del Decálogo propuesto por el presidente Calderón como la reelección de legisladores y alcaldes - pues buscan evitar que los alcaldes "se eternicen"- la segunda vuelta en elección presidencial y aumentar el umbral de registro de partidos políticos a 4%
En cuanto a las propuestas del Ejecutivo enviadas el pasado 15 de diciembre, el PRD avala la iniciativa preferente a cambio de que cada bancada pueda contar con ese beneficio.
El PRD pide además otorgar autonomía plena a la PGR, para evitar que sea un instrumento de intereses y del gobierno en turno, y se plantea clarificar explícitamente la tarea de esa institución. "Queremos evitar tentaciones autoritarias y venganzas políticas como un instrumento electoral", explicaron senadores.
La reforma política perredista incluye temas de democracia participativa: candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, el referéndum, plebiscito, revocación del mandato y juicio político -sólo cuando un juez documente la culpabilidad- incluido al presidente de la República, y los funcionarios de gobierno.
La propuesta también regula el proceso de revocación de mandato, el cual se realizaría, en el caso del Ejecutivo, al segundo año de ejercicio, siempre y cuando se cuente con el respaldo de 2% de las firmas del listado nominal y el visto bueno del Instituto Federal Electoral (IFE). El Congreso de la Unión elegiría al sustituto.
Plantean la ratificación del gabinete por parte del Congreso de la Unión.
También solicitan plena autonomía a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), pues hoy está en manos de la Cámara de Diputados, así como más instrumentos para sancionar. El documento también abarca promover la autonomía a la CNDH, el Banco de México y el IFE.
La propuesta incluye una reforma al poder Legislativo: que sea el Senado y la Cámara de Diputados las que aprueben tratados internacionales y avalen el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Plantean también elevar a rango Constitucional el consejo económico y social para el desarrollo, un órgano revisor responsable de delinear el desarrollo económico.
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