Ingreso Objetivo: mucho dinero para muy pocos.

Siete años después de haberse presentado como la innovación de la política agropecuaria, Ingreso Objetivo está lejos del propósito que el gobierno mexicano buscó desde 2001 con la Ley de Desarrollo Sustentable: “reducir las condiciones de desigualdad de los productores agropecuarios”.

Por el contrario, dicen analistas, el dinero canalizado mediante el subprograma ha quedado en pocas manos, mientras cientos de miles de agricultores cayeron en pobreza alimentaria durante la década.

Noticia:


Entre 2000 y 2007, el gobierno entregó 21 mil 500 millones de pesos a través de Ingreso Objetivo a un padrón compuesto por 312 mil 224 folios, de acuerdo con datos de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), instancia gubernamental a cargo de manejar los subsidios al campo.

Del total de empadronados, sólo 500 beneficiarios recibieron más de 2.5 millones de pesos durante ese periodo, y de ellos, los primeros 40 aparecen con cantidades que van de 99.2 millones a 8 millones de pesos.

La misma tendencia de distribución se aprecia en 2008, año hasta el que la dependencia mantiene la actualización de datos de Ingreso Objetivo.

De 665 millones 684 mil pesos en pagos directos a productores para el ciclo primavera-verano, los primeros 89 beneficiarios recibieron arriba de un millón de pesos, y de ellos los primeros 10 obtuvieron apoyos que oscilan entre los 26.2 millones y 5.6 millones de pesos.



Con cantidades superiores a medio millón de pesos se contabilizan los primeros 357 folios de beneficiarios. El padrón elaborado por Aserca para ese año, incluyó 2 mil 36 folios, de los cuales, los últimos 300 recibieron pagos menores a 30 mil pesos.



El último que figura en la lista de beneficiarios de ese ciclo, Francisco del Villar Gálvez, es un productor con predios en Baja California Norte y Sonora. Obtuvo un apoyo al Ingreso Objetivo por 2 mil 099 pesos.



Su inclusión en los listados como particular no sólo explica el abismo en la repartición de los subsidios, sino la falla estructural de los programas de apoyo al agro, dice Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista. En los hechos, Ingreso Objetivo se convirtió en “un subsidio no para el productor, sino para el intermediario financiero”, afirma.



Por eso “son pocas las razones sociales que aparecen en el directorio. Y al interior de cada razón social aparecen un número sin fin de productores, que muchas veces no saben que forman parte de ese apoyo o, a veces, ese recurso, con las cuentas que se les hacen, ni siquiera pueden palparlo de manera directa”, explica.





Manuel Murua a la cabeza

A la cabeza del listado de los 40 principales beneficiarios de Ingreso Objetivo entre 2000 y 2008, aparece la Sociedad de Solidaridad Social Manuel Murua, que aglutina a cerca de 300 productores de algodón en la Comarca Lagunera.

De acuerdo con informes públicos de Aserca, dicha sociedad ha recibido fondos de Ingreso Objetivo por más de 125 millones de pesos durante ese periodo.


Manuel Murua es uno de los mayores dispersores de crédito bajo el cual Aserca acepta la concesión de la ayuda.

Los que acaparan los subsidios son estos intermediarios financieros, legalmente reconocidos, sobre todo por el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), por la Financiera Rural o por los bancos”, dice el líder de la Central Campesina Cardenista.

“La regla de operación está diseñada para que forzosamente tengas que caer con esos intermediarios financieros, porque ellos tienen autorizada la línea de crédito y pueden acaparar y comercializar. Tienen el acceso al mercado, tienen la capacidad de maniobra en volumen. Y el productor, de acuerdo a las reglas de operación, necesita tener todo eso para acceder al programa y lineamientos. Ahí es donde está el maneje del asunto”, dice.

El programa, además, se ha concentrado igualmente en unos cuantos estados. La última lista de 2008, incluye a 32 sociedades de Coahuila y Chihuahua dentro de los 40 principales beneficiarios. Además de esos estados, figuran Durango, Tamaulipas, Sonora y Baja California.

BID sugirió eliminar programa

Tal desproporción en el manejo del subsidio llevó a sugerir la desaparición de Ingreso Objetivo en 2007, en un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con la repartición inequitativa y concentración en cuatro entidades, Ingreso Objetivo contraviene su propósito de disminuir la enorme desigualdad entre pobres y ricos, dice el informe Estudios sobre políticas públicas para el sector rural en México, elaborado para el BID por la Universidad de California en Davis, El Colegio de México y FAO-México.

Ingreso Objetivo “significa un desperdicio de recursos escasos y reduce los incentivos de la liberación comercial para que el sector agrícola mexicano se enfoque a producir bienes en donde tiene ventaja competitiva”, señala el estudio del BID, que sugirió desde entonces la eliminación del programa mencionado.

“El tiempo es oportuno” para ello, puesto que “la (misma) situación seguirá en el futuro cercano”.

La conclusión es rechazada por Graciela Aguilar, directora de Aserca.

“Me gustaría que platicaran con los productores del centro y el sureste del país, de cómo han ido avanzando y participando en los programas de comercialización”, sugiere.

Entre 2001 y 2008, dice Aguilar, 250 mil productores de Michoacán, Guerrero y Oaxaca —estados con la mayor cantidad de campesinos pobres— mueven sus cosechas por contrato, lo cual refleja la política de inclusión de Ingreso Objetivo y un innegable impacto en el desarrollo regional.

“Puede haber algunas excepciones de procesos organizativos”, dice Max Correa. “Pero si revisamos, la mayoría de los montos de Ingreso Objetivo se distribuyen en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, La Laguna, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco (…) Son beneficios más privados”.

Lo único garantizado para el productor bajo este esquema, añade, “es simplemente que (los intermediarios) le compren su cosecha”, a cambio de cobrarle parte del subsidio de dos pesos por tonelada que da el gobierno.

Manuel Murua es la sociedad históricamente más beneficiada, pero no por ello conocida por la titular de Aserca. “Ni idea tengo de quién es Murua”, dice el funcionario.

La sombra que se tiende sobre la inmensa mayoría de personas morales beneficiadas por Ingreso Objetivo imposibilita el rastreo sobre el manejo del dinero público, dice Libby Haight, investigadora asociada del Centro de Análisis e Investigación Fundar, cuyo banco de datos fue base en 2009 para detectar políticos, gobernantes y narcos en las listas de principales beneficiarios de Procampo.

“La forma en que Aserca reporta su gasto ejercido a la Cuenta Pública no permite un análisis continuo entre el presupuesto aprobado y el ejercicio para Ingreso Objetivo”, ejemplifica.

Unipro de Chihuahua

En Chihuahua, la principal beneficiaria del subprograma es la Unión Agrícola Regional de Productores de Maíz Amarillo (Unipro), bajo control de Rubén Chávez Villagrán, un militante del Partido Acción Nacional largamente criticada por los mismos productores que cobija, la mayoría menonitas del corredor agroindustrial Cuauhtémoc- Álvaro Obregón, el más importante del país.

Este año, la sociedad es cuestionada por otras organizaciones debido a la supuesta autocompra de 350 mil toneladas de maíz, con el equivalente a 9 millones de dólares provenientes de subsidios federales.

“Con ello se ha dejado fuera a muchos productores que tenían contratos de compra”, dice Heraclio Rodríguez Gómez, uno de los líderes de El Barzón en la entidad.

Que la sociedad aparezca como una de las 10 beneficiarias del programa durante siete años, no es casual, declara igualmente Miguel Ángel Colunga, asesor del Frente Democrático Campesino (FDC).

“Esto es ejemplo claro del manejo discrecional y clientelar de los recursos públicos, así como de la concentración de los subsidios. (…) Hay muchas sospechas de que a través de Unipro se financian con recursos públicos, campañas electorales de los candidatos del PAN”, dice Colunga.

Unipro recibió 20.6 millones de pesos por Ingreso Objetivo entre 2000 y 2007, ubicándose en el número seis dentro de la lista de mayores beneficiarios del subprograma.

Diputado federal beneficiado

Por encima de ella, como cuarto mayor beneficiario durante ese tiempo, Aserca ubica a Fersi de La Laguna SPR de RL, propiedad de Héctor Fernández Aguirre, actual diputado federal del PRI, quien fungió como secretario de Fomento Agropecuario de Coahuila antes de buscar el cargo de legislador en 2009.

Fernández forma parte de la Comisión de Reforma Agraria y es secretario de la Comisión Especial de Seguimiento a los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo. Desde tal posición ha operado para la canalización de subsidios a los productores de algodón para este año.

Fersi es una de las principales sociedades algodoneras del país. De acuerdo con datos de Aserca, ha recibido ayuda al Ingreso Objetivo por 39.4 millones de pesos entre 2000 y 2008, 14 de ellos para el ciclo primavera-verano del año antepasado.

El diseño de la política de subsidios tiene repercusiones medibles en el campo mexicano. La mayor parte de los 20 millones de ciudadanos en pobreza alimentaria residen en zonas rurales, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“En México hemos decidido cometer un error gravísimo en el diseño de la política agropecuaria. En principio, ésta no tiene un anclaje social, en el sentido de definir a quién subsidia: al productor o a la producción. Y aquí se decidió subsidiar la producción”, dice Saúl Arellano, director de investigación del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). “Lo que se ha hecho es dar dinero a los que más tienen”.

Ingreso Objetivo, igual que otros programas y subprogramas de apoyo a la comercialización, queda fuera del alcance de las mayorías, concluye Cristina Steffen Riedemann, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en La focalización de los subsidios a los granos en México, documento publicado en 2007 por la casa de estudios.

“De hecho, el Estado jamás pretendió fortalecer la economía mexicana con subsidios a la producción, sino a la agricultura comercial”, asegura.