Argentina restringe el paso de los navíos hacia las Malvinas.

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Petróleo es el nombre del juego. Y viene sacando ampollas en la relación diplomática entre Argentina y Reino Unido desde principios de mes, por las exploraciones en busca de crudo que empresas británicas comenzarán en los próximos días a unos 160 kilómetros al norte de las Malvinas, archipiélago cuya soberanía ambos países aún disputan. El martes, Argentina pasó de la "enérgica protesta" diplomática a la acción: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó que "todo buque o artefacto naval que se proponga transitar" entre los puertos continentales y las islas Malvinas "deberá solicitar una autorización previa" al Gobierno argentino, limitando de ese modo el tráfico marítimo -tanto comercial como turístico- en la región.

Ese mismo día, la mandataria fundó la decisión en resoluciones de la ONU, "desoídas sistemáticamente por Reino Unido", que instan a los dos países a retomar las conversaciones sobre la soberanía de las islas, absteniéndose de decisiones unilaterales. Después de las versiones periodísticas inglesas que especulaban, la primera semana de febrero, sobre un eventual "enfrentamiento bélico" por este tema agitando el fantasma de la guerra de 1982, negadas rotundamente desde Buenos Aires, el Foreign Office ha intentado bajar los decibelios, expresando el "deseo" de que la "colaboración" que ambos países mantienen en diversas áreas continúe.

La llegada de la plataforma Ocean Guardian, contratada por la británica Desire Petroleum para perforar ocho pozos en un programa que duraría entre seis y ocho meses, está prevista para mañana, aunque puede demorarse por razones climáticas. Los costes de exploración -que se desconocen- serán solventados por la industria, sin que Londres o las islas desembolsen una libra.

La medida argentina apunta a dificultar, desalentar y encarecer esa exploración, mientras se multiplican los reclamos por la vía diplomática. De allí que esta semana las autoridades argentinas impidieran el embarque de una partida de tubos sin costura, presuntamente destinados a la actividad petrolera en el archipiélago. "Cada país está actuando según la posición que ha tomado en política internacional y sus pretensiones, pero hablamos de aguas y tierras en disputa, por eso el reclamo argentino es correcto", explicaba el ex embajador Lucio García del Solar, el diplomático argentino que más sabe de las Malvinas. "En Argentina se usa la expresión embarrar la cancha", una estrategia que en este caso supondría, explica García del Solar, "apretar los tornillos para dificultar el mantenimiento de la disputa, algo que en España es comprensible si se piensa que en ocasiones los españoles le han hecho difícil la vida a los gibraltareños, tomando medidas en las fronteras".

En las islas el clima de negocios es bienvenido. Nadie sabe en verdad si hay petróleo, pero las perforaciones desvelarán un misterio que puede traducirse en una solvencia financiera a perpetuidad para los isleños. Los estudios existentes especulan con reservas entre 60.000 millones de barriles (los más optimistas) y 3.000 millones de barriles. "Reino Unido tiene reservas por 3.400 millones de barriles y la Argentina, por 2.600 millones", precisa Daniel Montamat, ex secretario de Energía durante el mandato de Raúl Alfonsín y ex presidente de YPF. "Con el barril a 77 dólares, el negocio es claro".

Crítico de la "indiferencia y reacción retardada" del Gobierno actual en un tema para el cual, sostiene, "no hay política de Estado", Montamat señala acciones a su juicio indispensables. "Sin abandonar la vía diplomática, hay que conceder permisos de exploración en el mar argentino. Hay que dar a los inversores la oportunidad de trabajar en aguas que no son objeto de litigio internacional. Si no lo hacemos, hay un riesgo cierto: de hallarse petróleo, esto puede resultar funcional al deseo del Reino Unido de validar la autodeterminación de las islas".