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El Senado logró un consenso en comisiones sobre la participación del Ejército en operativos contra el crimen organizado y estableció candados que pretenden evitar la instalación de un Estado policiaco en México.
De acuerdo con el dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional, los militares sólo podrán estar fuera de los cuarteles cuando un gobernador o un Congreso local demuestre ante el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado que las corporaciones policiacas estatales perdieron el control de algunas zonas.
La iniciativa precisa que la aprobación de envío de efectivos militares deberá delimitar el número de elementos que participarán en la “estrategia de seguridad focalizada”. Bajo ninguna circunstancia el Ejército estará en las calles de manera ilimitada.
Con esta medida, que implica reformar el artículo 89 constitucional, se limitarían las facultades del Presidente de la República para disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en temas de seguridad interior.
Las Fuerzas Armadas tendrán que informar al Senado sobre los resultados de sus operativos contra el crimen organizado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá que vigilar su labor.
El fuero militar y la autorización de revisión en retenes, entre otros artículos del dictamen, trabaron anoche la reunión de los legisladores.
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