Noticia:
El obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl, Carlos Garfias Merlos, consideró que por el momento no es conveniente que el Ejército mexicano y la Policía Federal patrullen el municipio ante el incremento de la delincuencia, porque podría ser contraproducente.
Hace unos días el alcalde priísta de Nezahualcóyotl, Edgar Cesáreo Navarro Sánchez, indicó que solicitaría mayor número de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), así como de la Policía Federal, y si fuera necesario de las fuerzas castrenses, para tratar de inhibir el índice delictivo en el segundo municipio más poblado del estado de México. Según la ASE, en este año, en el municipio se han registrado más de 45 homicidios relacionados con el crimen organizado.
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viernes, 30 de abril de 2010
Paz en zona triqui tendrá que esperar.
Noticia:
Un acuerdo de paz en la zona triqui es posible; sin embargo, la convocatoria para propiciarlo será hasta después de las elecciones “para no enrarecer el ambiente”, dijo el secretario de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Consideró innecesario que el Ejército intervenga para la pacificación de la zona, ya que “Seguridad Pública (estatal) está haciendo los operativos necesarios”.
Dijo que han hecho diversos llamados a los habitantes de San Juan Copala, donde el 27 de abril volvió la tensión con el ataque a una caravana de observación internacional con saldo de dos muertos, para trabajar en un acuerdo de paz.
“Yo he tenido pláticas con Rufino Juárez, de Ubisort; Heriberto Pazos, del MULT, autoridades municipales de la agencia, que es una agencia que depende de Santiago Juxtlahuaca, la cabecera municipal y con Miguel Álvarez, de Serapaz”.
Lo sucedido, añadió, no impide que se siga trabajando en un acuerdo de paz, pero esto será “en unos meses más, después de las elecciones”. Esto, porque el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), que dirige Heriberto Pazos Ortiz, cuenta en Oaxaca con la membresía de un partido político estatal, el Partido Unidad Popular (PUP), que participa en los comicios.
Mencionó que son más de tres décadas las que han vivido en constante conflicto, por lo que no es fácil solucionarlo inmediatamente. “Hay que buscar las condiciones, construir es difícil, son más de tres décadas, tan sólo en lo que va del año son poco más de 16 o 17 muertos”.
El 27 de abril, el ataque a la caravana de observadores que se dirigía a San Juan Copala dejó un saldo de dos muertos, una herida que ya fue dada de alta del hospital de Juxtlahuaca y seis desaparecidos, que ya fueron localizados.
Los dos periodistas de Contralínea, Erika Ramírez y David Cilia, según David Venegas —uno de los que estaban reportados como desaparecidos—, la tarde de ayer ya habían sido ubicados geográficamente y la brigada de rescate iba por ellos.
David Venegas y Noé Bautista llegaron a Juxtlahuaca para contactar a sus organizaciones, que hicieron algunas protestas en la ciudad para exigir su aparición con vida. Los otros dos integrantes de la caravana reportados aparecieron durante el día.
Alberta Cariño Trujillo, originaria de Chila de las Flores, fue sepultada la tarde del jueves y el cadáver de Jyri Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, estaba a la espera de ser repatriado.
Se culpan grupos
El Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independencia, quien controla la autoridad municipal en la agencia de San Juan Copala, responsabiliza al gobierno de Oaxaca del olvido en que mantiene a esta zona y de financiar presuntos grupos paramilitares.
Acusa a las organizaciones Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), de ser los responsables del bloqueo que permanentemente tienen de víveres y de servicios a la comunidad.
Sin embargo, la Ubisort, en un comunicado, responsabilizó al MULTI de ser los responsables del ataque.
También acusa a los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de estar armados y de ser los responsables de que en la zona no haya clases.
El magisterio oaxaqueño y activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) señalaron al gobierno de Ulises Ruiz, al MULT y a la Ubisort de haber perpetrado el ataque.
La sección 22 informó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso y se formará una comisión.
Un acuerdo de paz en la zona triqui es posible; sin embargo, la convocatoria para propiciarlo será hasta después de las elecciones “para no enrarecer el ambiente”, dijo el secretario de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Consideró innecesario que el Ejército intervenga para la pacificación de la zona, ya que “Seguridad Pública (estatal) está haciendo los operativos necesarios”.
Dijo que han hecho diversos llamados a los habitantes de San Juan Copala, donde el 27 de abril volvió la tensión con el ataque a una caravana de observación internacional con saldo de dos muertos, para trabajar en un acuerdo de paz.
“Yo he tenido pláticas con Rufino Juárez, de Ubisort; Heriberto Pazos, del MULT, autoridades municipales de la agencia, que es una agencia que depende de Santiago Juxtlahuaca, la cabecera municipal y con Miguel Álvarez, de Serapaz”.
Lo sucedido, añadió, no impide que se siga trabajando en un acuerdo de paz, pero esto será “en unos meses más, después de las elecciones”. Esto, porque el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), que dirige Heriberto Pazos Ortiz, cuenta en Oaxaca con la membresía de un partido político estatal, el Partido Unidad Popular (PUP), que participa en los comicios.
Mencionó que son más de tres décadas las que han vivido en constante conflicto, por lo que no es fácil solucionarlo inmediatamente. “Hay que buscar las condiciones, construir es difícil, son más de tres décadas, tan sólo en lo que va del año son poco más de 16 o 17 muertos”.
El 27 de abril, el ataque a la caravana de observadores que se dirigía a San Juan Copala dejó un saldo de dos muertos, una herida que ya fue dada de alta del hospital de Juxtlahuaca y seis desaparecidos, que ya fueron localizados.
Los dos periodistas de Contralínea, Erika Ramírez y David Cilia, según David Venegas —uno de los que estaban reportados como desaparecidos—, la tarde de ayer ya habían sido ubicados geográficamente y la brigada de rescate iba por ellos.
David Venegas y Noé Bautista llegaron a Juxtlahuaca para contactar a sus organizaciones, que hicieron algunas protestas en la ciudad para exigir su aparición con vida. Los otros dos integrantes de la caravana reportados aparecieron durante el día.
Alberta Cariño Trujillo, originaria de Chila de las Flores, fue sepultada la tarde del jueves y el cadáver de Jyri Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, estaba a la espera de ser repatriado.
Se culpan grupos
El Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independencia, quien controla la autoridad municipal en la agencia de San Juan Copala, responsabiliza al gobierno de Oaxaca del olvido en que mantiene a esta zona y de financiar presuntos grupos paramilitares.
Acusa a las organizaciones Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), de ser los responsables del bloqueo que permanentemente tienen de víveres y de servicios a la comunidad.
Sin embargo, la Ubisort, en un comunicado, responsabilizó al MULTI de ser los responsables del ataque.
También acusa a los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de estar armados y de ser los responsables de que en la zona no haya clases.
El magisterio oaxaqueño y activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) señalaron al gobierno de Ulises Ruiz, al MULT y a la Ubisort de haber perpetrado el ataque.
La sección 22 informó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso y se formará una comisión.
miércoles, 28 de abril de 2010
Aprueban marco legal para Ejército.
Noticia:
El Senado aprobó el marco legal para regular la participación del Ejército en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, pero sin establecer en este documento limitaciones al fuero militar, con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el Ejecutivo está acotado para instaurar un estado de excepción o decretar la suspensión de garantías individuales bajo el argumento de una crisis de seguridad interior.
Los militares, marinos y la Fuerza Aérea realizarán operativos en compañía de visitadores de la CNDH y de autoridades civiles, quienes serán responsables de aprehenderlos.
“En caso de que la autoridad responsable de la coordinación de las fuerzas federales, estime necesarias medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación, hará el requerimiento respectivo por escrito al MP que corresponda. El Poder Judicial de la Federación resolverá sobre las solicitudes del Ministerio Público señaladas en un plazo que no exceda de 12 horas a partir de su presentación”, establece el documento.
Además, la bancada del PRD colocó un grillete para que el Presidente de la República y los gobernadores no puedan utilizar a los militares, marinos e integrantes de la Fuerza Aérea para socavar movimientos sociales o conflictos con un origen político.
La fórmula legal para sacar al Ejército de los cuarteles propuesta por el Senado es la Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, la cual podrá ser solicitada por el Congreso local, los gobernadores o el jefe de gobierno del DF al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), siempre y cuando la fuerza policial estatal este rebasada por las células delictivas.
Durante la discusión en el pleno, la oposición (PRD-PT y Convergencia) hizo un último esfuerzo por abrir el debate para transformar el fuero militar.
“Tenemos que proteger al Ejército de que lo que cometan algunos de sus miembros no dañe a la institución”, dijo el senador perredista René Arce, disidente político en los años 70.
El único senador que votó en contra de la reforma fue el coordinador del PT, Ricardo Monreal, quien criticó legalizar la participación de las Fuerzas Armadas sin tocar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
La discusión legislativa de este tema en comisiones “no fue fácil”, pues PRI y PRD querían impulsar desde este documento que los militares fueran juzgados por tribunales civiles de tipo penal en caso de incurrir en un delito mientras realizan tareas de seguridad pública.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tuvo que acudir al Senado el jueves pasado para destrabar esta negociación con la promesa de que el Ejecutivo enviará a más tardar en septiembre una iniciativa para limitar el fuero militar.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación, establece que por ningún motivo las Fuerzas Armandas Permanentes estarán de manera indefinida en las calles.
El Senado podrá objetar la legalidad de la Declaratoria si ésta no transparenta directrices, instancias que colaborarán, el responsable de la coordinación de las fuerzas federales, la determinación de la temporalidad de las acciones, el ámbito de actuación geográfica y material.
El Senado aprobó el marco legal para regular la participación del Ejército en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, pero sin establecer en este documento limitaciones al fuero militar, con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el Ejecutivo está acotado para instaurar un estado de excepción o decretar la suspensión de garantías individuales bajo el argumento de una crisis de seguridad interior.
Los militares, marinos y la Fuerza Aérea realizarán operativos en compañía de visitadores de la CNDH y de autoridades civiles, quienes serán responsables de aprehenderlos.
“En caso de que la autoridad responsable de la coordinación de las fuerzas federales, estime necesarias medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación, hará el requerimiento respectivo por escrito al MP que corresponda. El Poder Judicial de la Federación resolverá sobre las solicitudes del Ministerio Público señaladas en un plazo que no exceda de 12 horas a partir de su presentación”, establece el documento.
Además, la bancada del PRD colocó un grillete para que el Presidente de la República y los gobernadores no puedan utilizar a los militares, marinos e integrantes de la Fuerza Aérea para socavar movimientos sociales o conflictos con un origen político.
La fórmula legal para sacar al Ejército de los cuarteles propuesta por el Senado es la Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, la cual podrá ser solicitada por el Congreso local, los gobernadores o el jefe de gobierno del DF al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), siempre y cuando la fuerza policial estatal este rebasada por las células delictivas.
Durante la discusión en el pleno, la oposición (PRD-PT y Convergencia) hizo un último esfuerzo por abrir el debate para transformar el fuero militar.
“Tenemos que proteger al Ejército de que lo que cometan algunos de sus miembros no dañe a la institución”, dijo el senador perredista René Arce, disidente político en los años 70.
El único senador que votó en contra de la reforma fue el coordinador del PT, Ricardo Monreal, quien criticó legalizar la participación de las Fuerzas Armadas sin tocar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
La discusión legislativa de este tema en comisiones “no fue fácil”, pues PRI y PRD querían impulsar desde este documento que los militares fueran juzgados por tribunales civiles de tipo penal en caso de incurrir en un delito mientras realizan tareas de seguridad pública.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tuvo que acudir al Senado el jueves pasado para destrabar esta negociación con la promesa de que el Ejecutivo enviará a más tardar en septiembre una iniciativa para limitar el fuero militar.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación, establece que por ningún motivo las Fuerzas Armandas Permanentes estarán de manera indefinida en las calles.
El Senado podrá objetar la legalidad de la Declaratoria si ésta no transparenta directrices, instancias que colaborarán, el responsable de la coordinación de las fuerzas federales, la determinación de la temporalidad de las acciones, el ámbito de actuación geográfica y material.
Limitan a Ejecutivo en uso de las Fuerzas Armadas.
Noticia:
El pleno del Senado aprobó ayer reformas históricas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha al narco, y limitar las facultades del Ejecutivo para disponer del Ejército.
Las modificaciones acotan la posibilidad del Presidente de instaurar un estado de excepción o decretar la suspensión de garantías individuales.
Cuando militares, marinos o integrantes de la Fuerza Aérea realicen operativos en contra de presuntos delincuentes, los acompañarán visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y autoridades civiles serán las encargadas de realizar las aprehensiones.
En la reforma se incluyó un candado para que el Presidente de la República o los gobernadores no puedan utilizar a los elementos militares con el fin de controlar movimientos sociales o conflictos con un origen político electoral.
En los cambios se establece que el Ejército saldrá de los cuarteles cuando se emita una “Declaratoria de existencia de afectación a la seguridad interior” solicitada por el Congreso local, los gobernadores o el jefe de Gobierno del Distrito Federal al Consejo de Seguridad Nacional, siempre y cuando las policías locales estén rebasadas por el crimen.
El pleno del Senado aprobó ayer reformas históricas a la Ley de Seguridad Nacional para regular la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha al narco, y limitar las facultades del Ejecutivo para disponer del Ejército.
Las modificaciones acotan la posibilidad del Presidente de instaurar un estado de excepción o decretar la suspensión de garantías individuales.
Cuando militares, marinos o integrantes de la Fuerza Aérea realicen operativos en contra de presuntos delincuentes, los acompañarán visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y autoridades civiles serán las encargadas de realizar las aprehensiones.
En la reforma se incluyó un candado para que el Presidente de la República o los gobernadores no puedan utilizar a los elementos militares con el fin de controlar movimientos sociales o conflictos con un origen político electoral.
En los cambios se establece que el Ejército saldrá de los cuarteles cuando se emita una “Declaratoria de existencia de afectación a la seguridad interior” solicitada por el Congreso local, los gobernadores o el jefe de Gobierno del Distrito Federal al Consejo de Seguridad Nacional, siempre y cuando las policías locales estén rebasadas por el crimen.
martes, 20 de abril de 2010
Senado pone límites al Ejército en las calles.
Noticia:
El Senado logró un consenso en comisiones sobre la participación del Ejército en operativos contra el crimen organizado y estableció candados que pretenden evitar la instalación de un Estado policiaco en México.
De acuerdo con el dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional, los militares sólo podrán estar fuera de los cuarteles cuando un gobernador o un Congreso local demuestre ante el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado que las corporaciones policiacas estatales perdieron el control de algunas zonas.
La iniciativa precisa que la aprobación de envío de efectivos militares deberá delimitar el número de elementos que participarán en la “estrategia de seguridad focalizada”. Bajo ninguna circunstancia el Ejército estará en las calles de manera ilimitada.
Con esta medida, que implica reformar el artículo 89 constitucional, se limitarían las facultades del Presidente de la República para disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en temas de seguridad interior.
Las Fuerzas Armadas tendrán que informar al Senado sobre los resultados de sus operativos contra el crimen organizado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá que vigilar su labor.
El fuero militar y la autorización de revisión en retenes, entre otros artículos del dictamen, trabaron anoche la reunión de los legisladores.
El Senado logró un consenso en comisiones sobre la participación del Ejército en operativos contra el crimen organizado y estableció candados que pretenden evitar la instalación de un Estado policiaco en México.
De acuerdo con el dictamen que reforma la Ley de Seguridad Nacional, los militares sólo podrán estar fuera de los cuarteles cuando un gobernador o un Congreso local demuestre ante el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado que las corporaciones policiacas estatales perdieron el control de algunas zonas.
La iniciativa precisa que la aprobación de envío de efectivos militares deberá delimitar el número de elementos que participarán en la “estrategia de seguridad focalizada”. Bajo ninguna circunstancia el Ejército estará en las calles de manera ilimitada.
Con esta medida, que implica reformar el artículo 89 constitucional, se limitarían las facultades del Presidente de la República para disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en temas de seguridad interior.
Las Fuerzas Armadas tendrán que informar al Senado sobre los resultados de sus operativos contra el crimen organizado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá que vigilar su labor.
El fuero militar y la autorización de revisión en retenes, entre otros artículos del dictamen, trabaron anoche la reunión de los legisladores.
jueves, 15 de abril de 2010
Senado exige al Ejército reparar daño.
Noticia:
La presidenta de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Ana Franco, afirmó que esta organización no se pronunciará sobre la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública, pero exigió que haya transparencia en las investigaciones sobre la muerte de personas inocentes durante los operativos.
En el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Carlos Navarrete, manifestó su preocupación por el número de civiles muertos durante enfrentamientos entre militares e integrantes del crimen organizado, y demandó al Ejército asumir su responsabilidad en estos casos.
“El Ejército debe hacerse cargo de sus responsabilidades y reparar los daños (de los deudos o heridos). Es lo menos que se puede hacer, ya que hay bajas civiles de hombres, mujeres y niños”, dijo el líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“No podemos estar tranquilos ni serenos ante esto, ya que aumenta la preocupación y se requieren investigaciones inmediatas y profundas”.
El legislador perredista dijo que en el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional se revisa el fuero militar, el tiempo que el Ejército debe permanecer en las calles y normar el mecanismo con que el Ejecutivo federal puede hacer uso de las Fuerzas Armadas.
Informó que luego de la reunión con el gabinete de Seguridad, el Senado aceleró los trabajos en comisiones para aprobar antes del 30 de abril reformas al Código Militar, a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; así como a las leyes de Seguridad Nacional y Antisecuestro.
Afirmó que los asesinatos de varios jóvenes en Morelos incrementan la preocupación de la Cámara Alta por las bajas civiles, debido a “errores” en los retenes, por quedar inocentes en medio de fuego cruzado o por el uso excesivo de la fuerza de los soldados.
Menos uso de fuerza, más estrategia
La presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Ana Franco, aseguró que la lucha contra la delincuencia no puede limitarse a la presencia de las corporaciones policiacas y de las Fuerzas Armadas en las calles, sino que debe haber una estrategia con visión amplia sobre las causas y los efectos, así como la prevención de los delitos.
En el caso específico en el que murieron dos niños por los disparos de soldados en Tamaulipas, la dirigente de México Unido aclaró que hasta el momento no hay datos que puedan definir cuál fue la realidad de los hechos, pues mientras los familiares acusan a los militares, las autoridades señalan que se trató de un fuego cruzado en el que quedó atrapado el vehículo en el que viajaba la familia.
Consideró que aunque existe una realidad sobre la violencia y la delincuencia en México, la balanza de quien va ganando en la lucha se podrá definir a partir de las cifras reales de la comisión de delitos y no sólo por la percepción.
Puso como ejemplo el tema de los homicidios dolosos que, dijo, anteriormente se cometían sólo en las zonas rurales y hoy, además de haberse incrementado considerablemente, se cometen en las zonas urbanas.
Franco agregó que debe truncarse la carrera delictiva de los jóvenes, porque se trata de una carrera aspiracional en la que existen expectativas. (Con información de Notimex)
La presidenta de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Ana Franco, afirmó que esta organización no se pronunciará sobre la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública, pero exigió que haya transparencia en las investigaciones sobre la muerte de personas inocentes durante los operativos.
En el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Carlos Navarrete, manifestó su preocupación por el número de civiles muertos durante enfrentamientos entre militares e integrantes del crimen organizado, y demandó al Ejército asumir su responsabilidad en estos casos.
“El Ejército debe hacerse cargo de sus responsabilidades y reparar los daños (de los deudos o heridos). Es lo menos que se puede hacer, ya que hay bajas civiles de hombres, mujeres y niños”, dijo el líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“No podemos estar tranquilos ni serenos ante esto, ya que aumenta la preocupación y se requieren investigaciones inmediatas y profundas”.
El legislador perredista dijo que en el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional se revisa el fuero militar, el tiempo que el Ejército debe permanecer en las calles y normar el mecanismo con que el Ejecutivo federal puede hacer uso de las Fuerzas Armadas.
Informó que luego de la reunión con el gabinete de Seguridad, el Senado aceleró los trabajos en comisiones para aprobar antes del 30 de abril reformas al Código Militar, a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; así como a las leyes de Seguridad Nacional y Antisecuestro.
Afirmó que los asesinatos de varios jóvenes en Morelos incrementan la preocupación de la Cámara Alta por las bajas civiles, debido a “errores” en los retenes, por quedar inocentes en medio de fuego cruzado o por el uso excesivo de la fuerza de los soldados.
Menos uso de fuerza, más estrategia
La presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Ana Franco, aseguró que la lucha contra la delincuencia no puede limitarse a la presencia de las corporaciones policiacas y de las Fuerzas Armadas en las calles, sino que debe haber una estrategia con visión amplia sobre las causas y los efectos, así como la prevención de los delitos.
En el caso específico en el que murieron dos niños por los disparos de soldados en Tamaulipas, la dirigente de México Unido aclaró que hasta el momento no hay datos que puedan definir cuál fue la realidad de los hechos, pues mientras los familiares acusan a los militares, las autoridades señalan que se trató de un fuego cruzado en el que quedó atrapado el vehículo en el que viajaba la familia.
Consideró que aunque existe una realidad sobre la violencia y la delincuencia en México, la balanza de quien va ganando en la lucha se podrá definir a partir de las cifras reales de la comisión de delitos y no sólo por la percepción.
Puso como ejemplo el tema de los homicidios dolosos que, dijo, anteriormente se cometían sólo en las zonas rurales y hoy, además de haberse incrementado considerablemente, se cometen en las zonas urbanas.
Franco agregó que debe truncarse la carrera delictiva de los jóvenes, porque se trata de una carrera aspiracional en la que existen expectativas. (Con información de Notimex)
miércoles, 14 de abril de 2010
Senado busca que una autoridad regule los operativos militares.
Noticia:
Los militares permanecerán en las calles para realizar tareas de seguridad pública a partir de que los gobernadores o los Congresos locales acrediten que la entidad está en riesgo, con el visto bueno del Senado de la Répública y la supervisión de una autoridad designada “responsable” del operativo.
De acuerdo con una copia del dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en el que los senadores trazan la ruta jurídica para regular la actuación del Ejército mexicano en las calles, el catálogo de riesgos a la seguridad nacional del país se amplía.
El pleno analizará proyecto
Se prevé que el documento se discuta en el pleno senatorial la próxima semana.
Por primera vez se establece como amenaza al Estado los actos de la delincuencia organizada, los atentados en contra del personal o sedes diplomáticas acreditadas en todo el país y las acciones que pretendan bloquear el trabajo del Cisen.
Los integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos establecieron que bajo ninguna circunstancia la presencia militar en las calles será “indefinida”, ni se suspenderán las garantías individuales. Para lograrlo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vigilará que los soldados no se extralimiten en sus funciones.
Los senadores encargados de dictaminar las reformas en materia de seguridad plantearán que el Ejército abandone las tareas de seguridad pública en 2011.
Deberán justificar incursión
El despliegue de militares para combatir al crimen organizado sólo podrá iniciarse cuando un gobernador o Congreso local compruebe ante el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y el Senado que las autoridades locales han sido rebasadas.
El CSN integrará un expediente, que incluya datos cuantificables sobre la “percepción” de la sociedad respecto a la amenaza a la seguridad interior. Una vez que el Senado de la República avale el documento emitirá la “Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior”.
La Declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación con especificaciones respecto al tiempo que estarán los militares en determinadas zonas.
La “autoridad responsable” coordinará las acciones de la Fuerza Armada Permanente y solicitará al Ministerio Público la orden para que los militares puedan realizar medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación.
Los jueces federales estarán obligados a resolver las solicitudes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones en un máximo de ocho horas, mientras los militares los respaldan en la protección del “orden”.
Los militares permanecerán en las calles para realizar tareas de seguridad pública a partir de que los gobernadores o los Congresos locales acrediten que la entidad está en riesgo, con el visto bueno del Senado de la Répública y la supervisión de una autoridad designada “responsable” del operativo.
De acuerdo con una copia del dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en el que los senadores trazan la ruta jurídica para regular la actuación del Ejército mexicano en las calles, el catálogo de riesgos a la seguridad nacional del país se amplía.
El pleno analizará proyecto
Se prevé que el documento se discuta en el pleno senatorial la próxima semana.
Por primera vez se establece como amenaza al Estado los actos de la delincuencia organizada, los atentados en contra del personal o sedes diplomáticas acreditadas en todo el país y las acciones que pretendan bloquear el trabajo del Cisen.
Los integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos establecieron que bajo ninguna circunstancia la presencia militar en las calles será “indefinida”, ni se suspenderán las garantías individuales. Para lograrlo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vigilará que los soldados no se extralimiten en sus funciones.
Los senadores encargados de dictaminar las reformas en materia de seguridad plantearán que el Ejército abandone las tareas de seguridad pública en 2011.
Deberán justificar incursión
El despliegue de militares para combatir al crimen organizado sólo podrá iniciarse cuando un gobernador o Congreso local compruebe ante el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y el Senado que las autoridades locales han sido rebasadas.
El CSN integrará un expediente, que incluya datos cuantificables sobre la “percepción” de la sociedad respecto a la amenaza a la seguridad interior. Una vez que el Senado de la República avale el documento emitirá la “Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior”.
La Declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación con especificaciones respecto al tiempo que estarán los militares en determinadas zonas.
La “autoridad responsable” coordinará las acciones de la Fuerza Armada Permanente y solicitará al Ministerio Público la orden para que los militares puedan realizar medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación.
Los jueces federales estarán obligados a resolver las solicitudes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones en un máximo de ocho horas, mientras los militares los respaldan en la protección del “orden”.
martes, 13 de abril de 2010
Ejército mató a mis hijos: Cintya Salazar.
Noticia:
Cintya Salazar, madre de los dos pequeños que murieron por disparos de un convoy del Ejército mientras viajaban hacia Matamoros, exigió una explicación de por qué iniciaron la balacera. “Fue una cosa horrible, horrible, que nunca en mi vida se me va a olvidar lo que me hicieron”.
La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la muerte de Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y de Martín, de 9 años, ocurrió durante un enfrentamiento entre fuerzas militares y presuntos sicarios. Sin embargo, Cintya Salazar niega que tal fuego cruzado haya existido.
En entrevista radiofónica con Denise Maerker. narró que su esposo, cinco hijos, tres niñas y los dos pequeños muertos, su hermana embarazada, su sobrina de tres meses y su hermano de ocho años se trasladaban en una camioneta para disfrutar de un día en la playa.
Relató que cuando vieron un retén militar bajaron las ventanillas y disminuyeron la velocidad, para que los soldados vieran a la familia, “pero no nos dijeron nada, entonces voltee y vi que con un arma grande nos empezaron a disparar.
“Me sorprendió mucho porque no hubo una parada de retén... Lo único que hicimos fue que traté de hacer reaccionar a mi esposo, nosotros corrimos para el monte. Lo único que queríamos era salvar a los niños, mis tres niñas, mi sobrina, mi hermana embarazada, mi sobrino de tres meses y mi hermano de ocho años”, narró.
“Tratamos de cruzar para el monte, porque en el momento en que nos empezaron a tirar nos poncharon las llantas, la troca se salió, gracias a Dios no íbamos recio, porque me imagino nos hubiéramos volteado”.
“Nos seguían disparando”
“Sería imposible que ellos no vieran tanta corredera de niños y así seguían disparando, todavía en el monte... y yo les gritaba que no, que no tiraran. Cuando yo ya quise bajar a mi hijo, el de cinco años, me lo mataron en mis brazos. Yo le gritaba a mi esposo, Martín me mataron a Bryan... mi esposo lo único que hizo fue ayudarme con una sola mano, porque la otra se la desgarraron. Todavía quise salvar a mi otro hijo, al que se me quedó en la troca, y en el momento que abrí la cajuela me aventaron una granada”.
Narró que llegaron a un rancho donde los ayudaron y arribó una ambulancia y Protección Civil. De ahí los llevaron a Miguel Alemán. “Yo lo que necesito es una explicación, yo sé que con nada me van a poder regresar a mis hijos, pero yo necesito una explicación... usted cree que si yo hubiera sabido que estaba pasando eso, yo iba a arrimarme, yo si veo un retén yo me paro, porque el que nada debe nada teme, al contrario yo sabiendo que iba mi familia, me detengo.
“¿Por qué no me hicieron el favor de tirarme por enfrente para que mejor nos mataran a todos. Por qué nomás a mis dos niños? Tengo tres niñas, me quitaron a mis únicos hombrecitos”.
Cintya Salazar pidió ayuda al gobierno federal para que su esposo sea atendido por la lesión de balas que le destrozaron la mano. “Yo necesito una respuesta, que se castigue a los que me hicieron esto”.
Cintya Salazar, madre de los dos pequeños que murieron por disparos de un convoy del Ejército mientras viajaban hacia Matamoros, exigió una explicación de por qué iniciaron la balacera. “Fue una cosa horrible, horrible, que nunca en mi vida se me va a olvidar lo que me hicieron”.
La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la muerte de Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y de Martín, de 9 años, ocurrió durante un enfrentamiento entre fuerzas militares y presuntos sicarios. Sin embargo, Cintya Salazar niega que tal fuego cruzado haya existido.
En entrevista radiofónica con Denise Maerker. narró que su esposo, cinco hijos, tres niñas y los dos pequeños muertos, su hermana embarazada, su sobrina de tres meses y su hermano de ocho años se trasladaban en una camioneta para disfrutar de un día en la playa.
Relató que cuando vieron un retén militar bajaron las ventanillas y disminuyeron la velocidad, para que los soldados vieran a la familia, “pero no nos dijeron nada, entonces voltee y vi que con un arma grande nos empezaron a disparar.
“Me sorprendió mucho porque no hubo una parada de retén... Lo único que hicimos fue que traté de hacer reaccionar a mi esposo, nosotros corrimos para el monte. Lo único que queríamos era salvar a los niños, mis tres niñas, mi sobrina, mi hermana embarazada, mi sobrino de tres meses y mi hermano de ocho años”, narró.
“Tratamos de cruzar para el monte, porque en el momento en que nos empezaron a tirar nos poncharon las llantas, la troca se salió, gracias a Dios no íbamos recio, porque me imagino nos hubiéramos volteado”.
“Nos seguían disparando”
“Sería imposible que ellos no vieran tanta corredera de niños y así seguían disparando, todavía en el monte... y yo les gritaba que no, que no tiraran. Cuando yo ya quise bajar a mi hijo, el de cinco años, me lo mataron en mis brazos. Yo le gritaba a mi esposo, Martín me mataron a Bryan... mi esposo lo único que hizo fue ayudarme con una sola mano, porque la otra se la desgarraron. Todavía quise salvar a mi otro hijo, al que se me quedó en la troca, y en el momento que abrí la cajuela me aventaron una granada”.
Narró que llegaron a un rancho donde los ayudaron y arribó una ambulancia y Protección Civil. De ahí los llevaron a Miguel Alemán. “Yo lo que necesito es una explicación, yo sé que con nada me van a poder regresar a mis hijos, pero yo necesito una explicación... usted cree que si yo hubiera sabido que estaba pasando eso, yo iba a arrimarme, yo si veo un retén yo me paro, porque el que nada debe nada teme, al contrario yo sabiendo que iba mi familia, me detengo.
“¿Por qué no me hicieron el favor de tirarme por enfrente para que mejor nos mataran a todos. Por qué nomás a mis dos niños? Tengo tres niñas, me quitaron a mis únicos hombrecitos”.
Cintya Salazar pidió ayuda al gobierno federal para que su esposo sea atendido por la lesión de balas que le destrozaron la mano. “Yo necesito una respuesta, que se castigue a los que me hicieron esto”.
jueves, 11 de febrero de 2010
FCH: replegar al Ejército agravaría la violencia.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hoy estará en Ciudad Juárez, descartó el repliegue de las Fuerzas Armadas y federales en el combate al narcotráfico y al crimen organizado en la entidad, bajo el argumento de que eso dejaría a los ciudadanos en las manos sangrientas de los criminales.
Además, el Presidente negó que la presencia de las fuerzas federales en las calles de Juárez sea la causa de la violencia que se padece en la entidad, y que, contrariamente, se encuentran en la ciudad en respuesta a la precaria situación que se vive en materia de seguridad.
“Contra lo que algunos, equivocada o malintencionadamente han dicho, la violencia en esa ciudad no obedece a la presencia de las fuerzas federales”, dijo Calderón al encabezar la celebración del 95 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en una ceremonia realizada en la base aérea de Santa Lucía.
El mandatario afirmó que las instituciones armadas han respondido leal y oportunamente al llamado de auxilio de los poderes y gobiernos locales que solicitaron su apoyo al verse “totalmente rebasados” por la criminalidad y la disputa “violenta e irracional” del narcotráfico.
Comentó que la actual lucha ocurre en un territorio —Juárez— “apto para el trasiego, distribución y consumo de drogas, y que (los criminales), en su ambición sin freno agreden, secuestran, extorsionan y asesinan a ciudadanos juarenses”.
Plan “integral” para jóvenes
El Ejecutivo federal afirmó que las fuerzas federales se mantendrán en Ciudad Juárez “hasta que logremos reconstruir la autoridad y efectividad de las policiales locales, principales responsables de la seguridad de la entidad y del municipio”.
Insistió en que redoblará su esfuerzo para apoyar a la entidad con un plan integral que presentará hoy en ese municipio, que no se reducirá a lo policiaco, pues incluirá la formación educativa de los jóvenes; generación de oportunidades, y la integración y promoción de valores como el respeto a los demás y el aprecio por la ley, entre otros.
En el acto también estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Francisco Saynes Mendoza; y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
Calderón aseguró que “esa disputa y esa violencia (en Juárez), contra lo que algunos piensan, no se terminaría con el repliegue del gobierno federal y de las fuerzas federales, al contrario, se agravaría”.
Consideró que el repliegue de las fuerzas federales dejaría en total abandono a la ciudadanía en las manos “sangrientas” de los criminales.
Escuelas seguras en Juárez
La Secretaría de Educación Pública (SEP) generalizará el programa de Escuela Segura en Ciudad Juárez, como una de las estrategias del gobierno federal para enfrentar la violencia, el narcotráfico, el consumo de drogas y alcohol entre los niños y jóvenes de esa entidad fronteriza.
Durante la visita del presidente Felipe Calderón, la SEP incorporará 556 planteles públicos y privados a ese programa que imparte cursos de prevención de adicciones, capacita a maestros y fomenta la impartición de talleres y actividades culturales o deportivas en las escuelas.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hoy estará en Ciudad Juárez, descartó el repliegue de las Fuerzas Armadas y federales en el combate al narcotráfico y al crimen organizado en la entidad, bajo el argumento de que eso dejaría a los ciudadanos en las manos sangrientas de los criminales.
Además, el Presidente negó que la presencia de las fuerzas federales en las calles de Juárez sea la causa de la violencia que se padece en la entidad, y que, contrariamente, se encuentran en la ciudad en respuesta a la precaria situación que se vive en materia de seguridad.
“Contra lo que algunos, equivocada o malintencionadamente han dicho, la violencia en esa ciudad no obedece a la presencia de las fuerzas federales”, dijo Calderón al encabezar la celebración del 95 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en una ceremonia realizada en la base aérea de Santa Lucía.
El mandatario afirmó que las instituciones armadas han respondido leal y oportunamente al llamado de auxilio de los poderes y gobiernos locales que solicitaron su apoyo al verse “totalmente rebasados” por la criminalidad y la disputa “violenta e irracional” del narcotráfico.
Comentó que la actual lucha ocurre en un territorio —Juárez— “apto para el trasiego, distribución y consumo de drogas, y que (los criminales), en su ambición sin freno agreden, secuestran, extorsionan y asesinan a ciudadanos juarenses”.
Plan “integral” para jóvenes
El Ejecutivo federal afirmó que las fuerzas federales se mantendrán en Ciudad Juárez “hasta que logremos reconstruir la autoridad y efectividad de las policiales locales, principales responsables de la seguridad de la entidad y del municipio”.
Insistió en que redoblará su esfuerzo para apoyar a la entidad con un plan integral que presentará hoy en ese municipio, que no se reducirá a lo policiaco, pues incluirá la formación educativa de los jóvenes; generación de oportunidades, y la integración y promoción de valores como el respeto a los demás y el aprecio por la ley, entre otros.
En el acto también estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Francisco Saynes Mendoza; y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
Calderón aseguró que “esa disputa y esa violencia (en Juárez), contra lo que algunos piensan, no se terminaría con el repliegue del gobierno federal y de las fuerzas federales, al contrario, se agravaría”.
Consideró que el repliegue de las fuerzas federales dejaría en total abandono a la ciudadanía en las manos “sangrientas” de los criminales.
Escuelas seguras en Juárez
La Secretaría de Educación Pública (SEP) generalizará el programa de Escuela Segura en Ciudad Juárez, como una de las estrategias del gobierno federal para enfrentar la violencia, el narcotráfico, el consumo de drogas y alcohol entre los niños y jóvenes de esa entidad fronteriza.
Durante la visita del presidente Felipe Calderón, la SEP incorporará 556 planteles públicos y privados a ese programa que imparte cursos de prevención de adicciones, capacita a maestros y fomenta la impartición de talleres y actividades culturales o deportivas en las escuelas.
miércoles, 10 de febrero de 2010
Jamás habrá discordia en el Ejército: Galván.
Noticia:
Las Fuerzas Armadas continuarán dando las batallas que sean necesarias contra el crimen organizado, porque les asiste la confianza social y la razón del Estado, sin divisiones internas y con lealtad institucional, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
“Pierden el tiempo aquellos que pretenden dividir a los soldados de aire, mar y tierra. Jamás habrá discordancia entre quienes tenemos la misma cuna, la misma forja y un mismo horizonte: México”, expresó el general, único orador en la ceremonia por el 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que se realizó en el Castillo de Chapultepec.
Apovechó el espacio para demandar acuerdos políticos, y consideró que la cohesión de la sociedad es hoy un factor indispensable para concretar el proyecto del país.
“Sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran”, recriminó Galván al afirmar que “esa es la propuesta y la convocatoria presidencial. No es una utopía; se trata de voluntad, de responsabilidad cívica y de compromiso histórico”.
En ese marco, el titular de la Defensa Nacional se comprometió a seguir redoblando esfuerzos para combatir los desafíos a la seguridad interior, “dando todas las batallas, las que sean necesarias”, sin la mínima confusión.
Dijo que la deslealtad carcome los cimientos, disuelve principios y mancilla convicciones: “Nada más profano que las traiciones, y el país ha sabido de ellas”.
Galván afirmó que “contener en primera línea el daño que la criminalidad organizada causa en la sociedad, nos hace conscientes de los peligros que acechan y de los riesgos que se corren”.
A la ceremonia también asistieron el presidente Felipe Calderón; los líderes del Poder Legislativo, Carlos Navarrete (PRD), del Senado, y Francisco Ramírez Acuña (PAN), de la Cámara de Diputados; además del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, e integrantes del gabinete.
“Nos asiste la confianza social y la razón de Estado para responder a la exigencia de paz y tranquilidad de la población”, insistió Galván durante el acto.
Las palabras del secretario de la Defensa se producen en medio de acusaciones de organismos nacionales e internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en la lucha anticrimen.
“La lealtad del instituto armado se ha labrado en la historia patria. Es la más preciada divisa que portamos en el uniforme verde olivo, azul o blanco, pues ella apellida el nombre y da lustre a nuestro antecedente institucional”, explicó el general al asegurar que hoy permanece encendida la llama de la más alta encomienda, “que es cumplir con el deber con indubitable lealtad para vencer antagonismos, enaltecer el orgullo de ser soldados y resguardar a las instituciones”.
Pide actitud nacionalista
Durante la ceremonia, el general Galván demandó acuerdos, impulsar una actitud propositiva y anteponer el apego nacionalista a los intereses propios del poder político.
Aseguró que en la actualidad “el acuerdo político es una actitud propositiva y virtuosa que conduce al consenso por la vía del respeto, la prudencia y la buena intención para escuchar y comprender las razones de los demás. Es la expresión de madurez y de fino diálogo que permite capitalizar las coyunturas que se nos presentan”.
Dijo que el gobierno de la República ha sido enfático al plantear la urgencia de alcanzar los cambios que demanda el país. Para ello, aseguró, es necesaria la savia tonificante de todos sin excepción: “Se requieren de ideas creativas, renovadoras y dinámicas que sincronicen a la nación con la modernidad”.
Las Fuerzas Armadas continuarán dando las batallas que sean necesarias contra el crimen organizado, porque les asiste la confianza social y la razón del Estado, sin divisiones internas y con lealtad institucional, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
“Pierden el tiempo aquellos que pretenden dividir a los soldados de aire, mar y tierra. Jamás habrá discordancia entre quienes tenemos la misma cuna, la misma forja y un mismo horizonte: México”, expresó el general, único orador en la ceremonia por el 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que se realizó en el Castillo de Chapultepec.
Apovechó el espacio para demandar acuerdos políticos, y consideró que la cohesión de la sociedad es hoy un factor indispensable para concretar el proyecto del país.
“Sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran”, recriminó Galván al afirmar que “esa es la propuesta y la convocatoria presidencial. No es una utopía; se trata de voluntad, de responsabilidad cívica y de compromiso histórico”.
En ese marco, el titular de la Defensa Nacional se comprometió a seguir redoblando esfuerzos para combatir los desafíos a la seguridad interior, “dando todas las batallas, las que sean necesarias”, sin la mínima confusión.
Dijo que la deslealtad carcome los cimientos, disuelve principios y mancilla convicciones: “Nada más profano que las traiciones, y el país ha sabido de ellas”.
Galván afirmó que “contener en primera línea el daño que la criminalidad organizada causa en la sociedad, nos hace conscientes de los peligros que acechan y de los riesgos que se corren”.
A la ceremonia también asistieron el presidente Felipe Calderón; los líderes del Poder Legislativo, Carlos Navarrete (PRD), del Senado, y Francisco Ramírez Acuña (PAN), de la Cámara de Diputados; además del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, e integrantes del gabinete.
“Nos asiste la confianza social y la razón de Estado para responder a la exigencia de paz y tranquilidad de la población”, insistió Galván durante el acto.
Las palabras del secretario de la Defensa se producen en medio de acusaciones de organismos nacionales e internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en la lucha anticrimen.
“La lealtad del instituto armado se ha labrado en la historia patria. Es la más preciada divisa que portamos en el uniforme verde olivo, azul o blanco, pues ella apellida el nombre y da lustre a nuestro antecedente institucional”, explicó el general al asegurar que hoy permanece encendida la llama de la más alta encomienda, “que es cumplir con el deber con indubitable lealtad para vencer antagonismos, enaltecer el orgullo de ser soldados y resguardar a las instituciones”.
Pide actitud nacionalista
Durante la ceremonia, el general Galván demandó acuerdos, impulsar una actitud propositiva y anteponer el apego nacionalista a los intereses propios del poder político.
Aseguró que en la actualidad “el acuerdo político es una actitud propositiva y virtuosa que conduce al consenso por la vía del respeto, la prudencia y la buena intención para escuchar y comprender las razones de los demás. Es la expresión de madurez y de fino diálogo que permite capitalizar las coyunturas que se nos presentan”.
Dijo que el gobierno de la República ha sido enfático al plantear la urgencia de alcanzar los cambios que demanda el país. Para ello, aseguró, es necesaria la savia tonificante de todos sin excepción: “Se requieren de ideas creativas, renovadoras y dinámicas que sincronicen a la nación con la modernidad”.
martes, 15 de diciembre de 2009
Diputados coinciden con la Arquidiócesis.
Noticia:
La oposición del PRD y el PRI en la Cámara de Diputados expresó coincidencias con la postura de la Arquidiócesis de la Ciudad de México para que el Ejército regrese a los cuarteles, después de tres años de combate al crimen organizado, con crecientes índices de violencia.
El PRI dijo que el repliegue debe ser planeado, con vigilancia especial en puntos críticos y urgió a que el combate se emplace en las finanzas de “los verdaderos capos” del crimen organizado.
El PRD propuso un acento especial en programas de prevención del delito, un concepto superior a patrullar las ciudades, pues debe de estudiarse la incidencia y modos en que se cometen los delitos contra la población.
Priístas y perredistas, usualmente distantes de las posiciones de la jerarquía católica se sumaron a la sugerencia de la Arquidiócesis de México, que implica un giro en la estrategia del combate al crimen.
La diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, emplazó a un cambio de políticas contra el crimen organizado y la delincuencia común, que haga a un lado el uso de la fuerza que es evidente que ha fracasado, y anteponga lineamientos de prevención.
Propuso que se implante “un amplio espectro de acciones preventivas, donde la inteligencia sea componente fundamental, junto con los estudios del delito, un despliegue de políticas que no se han tomado en cuenta y la profesionalización de los policías, para quienes hay muy escasos recursos destinados a la capacitación”.
Expresó que “el uso del Ejército en labores de seguridad pública no ha sido exitosa, ya que las Fuerzas Armadas actúan de modo reactivo y represivo”.
Acusó que “las atrocidades de las Fuerzas Armadas sobre la población, además de las que comete el crimen organizado, no han cesado”.
El diputado del PRI, Carlos Flores Rico, dijo que el retorno de los contingentes federales a los cuarteles significaría la corrección de un error del presidente Felipe Calderón, pero adivirtió que el retiro debe ser programado “no de modo súbito... sería un error adicional”.
Se debe aplicar “un programa cuidadoso que eleve la lucha contra el narco a la inteligencia, prevención y el lavado de dinero, donde están los verdaderos patrones del montón de gatilleros que utiliza el crimen”.
Cámara alta, en contra
Senadores del PAN, PRI y PRD rechazaron la posibilidad de retirar al Ejército de las calles en la lucha contra el narcotráfico.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, alertó que mientras no se cuente una policía moderna, capacitada y eficiente, “sería un error” retirar al Ejército mexicano de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.
Sin embargo, opinó que también “sería un error” acostumbrarnos a ver a las fuerzas armadas en funciones que no le corresponden. Sin duda, agregó, la estrategia no ha dado resultados por lo que se debe apoyar el planteamiento de crear una policía única y desaparecer a las policías municipales, como se ha propuesto.
El senador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, rechazó la posibilidad de retirar a los militares de las calles, pues no se tiene una policía confiable.
Recordó que se dieron tres años para que todas las policías municipales, estatales y federal fueran profesionalizadas y depuradas, pero hay un “atraso tremendo”, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que hacerse cargo de la lucha contra el crimen organizado mientras no se logren los objetivos trazados.
Graco Ramírez (PRD), integrante de la Comisión de la Defensa Nacional, dijo que también sería muy injusto decir que las ex comuniones que hizo la jerarquía católica contra los narcotraficantes no funcionaron, y por eso tiene que salir la Iglesia.
“Creo que hay que tener la prudencia necesaria para no hacer responsable de esto al Ejército, sino que quienes tomaron la decisión se den cuenta que debe hacerse un programa con prevención del delito y ataque al lavado del dinero, y no únicamente con acción represiva de carácter militar… yo creo que ni el mismo Ejército está contento con seguir en las calles, pero hay que tomar una decisión responsable”.
Compartió la postura de que el Ejército no sea utilizado como policía, y dijo que urge que el presidente Calderón ponga un plazo para su salida de estas actividades.
La oposición del PRD y el PRI en la Cámara de Diputados expresó coincidencias con la postura de la Arquidiócesis de la Ciudad de México para que el Ejército regrese a los cuarteles, después de tres años de combate al crimen organizado, con crecientes índices de violencia.
El PRI dijo que el repliegue debe ser planeado, con vigilancia especial en puntos críticos y urgió a que el combate se emplace en las finanzas de “los verdaderos capos” del crimen organizado.
El PRD propuso un acento especial en programas de prevención del delito, un concepto superior a patrullar las ciudades, pues debe de estudiarse la incidencia y modos en que se cometen los delitos contra la población.
Priístas y perredistas, usualmente distantes de las posiciones de la jerarquía católica se sumaron a la sugerencia de la Arquidiócesis de México, que implica un giro en la estrategia del combate al crimen.
La diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, emplazó a un cambio de políticas contra el crimen organizado y la delincuencia común, que haga a un lado el uso de la fuerza que es evidente que ha fracasado, y anteponga lineamientos de prevención.
Propuso que se implante “un amplio espectro de acciones preventivas, donde la inteligencia sea componente fundamental, junto con los estudios del delito, un despliegue de políticas que no se han tomado en cuenta y la profesionalización de los policías, para quienes hay muy escasos recursos destinados a la capacitación”.
Expresó que “el uso del Ejército en labores de seguridad pública no ha sido exitosa, ya que las Fuerzas Armadas actúan de modo reactivo y represivo”.
Acusó que “las atrocidades de las Fuerzas Armadas sobre la población, además de las que comete el crimen organizado, no han cesado”.
El diputado del PRI, Carlos Flores Rico, dijo que el retorno de los contingentes federales a los cuarteles significaría la corrección de un error del presidente Felipe Calderón, pero adivirtió que el retiro debe ser programado “no de modo súbito... sería un error adicional”.
Se debe aplicar “un programa cuidadoso que eleve la lucha contra el narco a la inteligencia, prevención y el lavado de dinero, donde están los verdaderos patrones del montón de gatilleros que utiliza el crimen”.
Cámara alta, en contra
Senadores del PAN, PRI y PRD rechazaron la posibilidad de retirar al Ejército de las calles en la lucha contra el narcotráfico.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, alertó que mientras no se cuente una policía moderna, capacitada y eficiente, “sería un error” retirar al Ejército mexicano de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.
Sin embargo, opinó que también “sería un error” acostumbrarnos a ver a las fuerzas armadas en funciones que no le corresponden. Sin duda, agregó, la estrategia no ha dado resultados por lo que se debe apoyar el planteamiento de crear una policía única y desaparecer a las policías municipales, como se ha propuesto.
El senador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, rechazó la posibilidad de retirar a los militares de las calles, pues no se tiene una policía confiable.
Recordó que se dieron tres años para que todas las policías municipales, estatales y federal fueran profesionalizadas y depuradas, pero hay un “atraso tremendo”, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que hacerse cargo de la lucha contra el crimen organizado mientras no se logren los objetivos trazados.
Graco Ramírez (PRD), integrante de la Comisión de la Defensa Nacional, dijo que también sería muy injusto decir que las ex comuniones que hizo la jerarquía católica contra los narcotraficantes no funcionaron, y por eso tiene que salir la Iglesia.
“Creo que hay que tener la prudencia necesaria para no hacer responsable de esto al Ejército, sino que quienes tomaron la decisión se den cuenta que debe hacerse un programa con prevención del delito y ataque al lavado del dinero, y no únicamente con acción represiva de carácter militar… yo creo que ni el mismo Ejército está contento con seguir en las calles, pero hay que tomar una decisión responsable”.
Compartió la postura de que el Ejército no sea utilizado como policía, y dijo que urge que el presidente Calderón ponga un plazo para su salida de estas actividades.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
PAN: uso del Ejército es ejemplar.
Noticia:
El líder del PAN, César Nava defendió la actuación del Ejército en Ciudad Juárez porque es “la institución más prestigiada y apreciada por los mexicanos”. Respaldó la estrategia del gobierno federal y las fuerzas castrenses, pues dijo que es “la correcta y ha sido ejemplar”.
El senador priísta Francisco Labastida coincidió con el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, en que el Ejército mexicano no puede permanecer en las calles en la lucha contra el narco.
Sobre de la carta difundida el lunes por Espino acerca de que el Ejército mexicano debe salir de Ciudad Juárez, Labastida dijo que “El Ejército como instrumento contra la delincuencia, debe ser temporal, no definitivo“.
El líder del PAN, César Nava defendió la actuación del Ejército en Ciudad Juárez porque es “la institución más prestigiada y apreciada por los mexicanos”. Respaldó la estrategia del gobierno federal y las fuerzas castrenses, pues dijo que es “la correcta y ha sido ejemplar”.
El senador priísta Francisco Labastida coincidió con el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, en que el Ejército mexicano no puede permanecer en las calles en la lucha contra el narco.
Sobre de la carta difundida el lunes por Espino acerca de que el Ejército mexicano debe salir de Ciudad Juárez, Labastida dijo que “El Ejército como instrumento contra la delincuencia, debe ser temporal, no definitivo“.
jueves, 8 de octubre de 2009
Ven diputados necesario dar más facultades al Ejército.
Noticia:
En la instalación de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, ese órgano legislativo resaltó que es necesario dotar a las fuerzas armadas de más fuerza legal para asegurar la gobernabilidad, la paz interna y combatir al crimen organizado.
El presidente de dicha comisión, Ardelio Vargas Fosado, afirmó que dicho fortalecimiento jurídico debe expresarse en nuevas atribuciones constitucionales para que las fuerzas armadas cumplan de mejor manera su papel.
De igual manera, es necesario brindar a los integrantes de las fuerzas armadas de mejores salarios, prestaciones y un cuadro de garantías que fortalezcan el bienestar de sus familias.
El diputado Ardelio Vargas, un civil que encabeza por primera vez la comisión de defensa nacional resaltó que en el terreo legislativo se requiere avanzar en la integración de esfuerzos para la seguridad nacional entre las fuerzas armadas, los gobiernos de los estados y los municipios.
A la reunión que marca el inicio del fortalecimiento del marco jurídico del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, asistieron en representación de la Sedena el general Jorge Suárez Loera y el contralmirante José Luis Vergara.
En la instalación de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, ese órgano legislativo resaltó que es necesario dotar a las fuerzas armadas de más fuerza legal para asegurar la gobernabilidad, la paz interna y combatir al crimen organizado.
El presidente de dicha comisión, Ardelio Vargas Fosado, afirmó que dicho fortalecimiento jurídico debe expresarse en nuevas atribuciones constitucionales para que las fuerzas armadas cumplan de mejor manera su papel.
De igual manera, es necesario brindar a los integrantes de las fuerzas armadas de mejores salarios, prestaciones y un cuadro de garantías que fortalezcan el bienestar de sus familias.
El diputado Ardelio Vargas, un civil que encabeza por primera vez la comisión de defensa nacional resaltó que en el terreo legislativo se requiere avanzar en la integración de esfuerzos para la seguridad nacional entre las fuerzas armadas, los gobiernos de los estados y los municipios.
A la reunión que marca el inicio del fortalecimiento del marco jurídico del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, asistieron en representación de la Sedena el general Jorge Suárez Loera y el contralmirante José Luis Vergara.
domingo, 20 de septiembre de 2009
Ejército sigue en Chihuahua; falta sanear a corporaciones.
Noticia:
En esta entidad ninguna corporación policiaca municipal ha sido saneada a plenitud, los agentes todavía son incapaces de cumplir con las tareas para las que fueron contratados y por ello el Ejército seguirá en la calles de la entidad, reconocen autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal.
“El Ejército no se va de Chihuahua y no se va de Juárez. No se va del estado; simplemente dejará de hacer las funciones a su tiempo”, declaró el gobernador José Reyes Baeza Terrazas sobre la posible “salida” de los militares anunciada desde principios de año para mediados de este mes, pero diferida ante la falta de capacidad de las policías locales.
En tanto, organizaciones civiles y empresariales divergen sobre la tarea encomendada a las Fuerzas Armadas, que tienen que hacer las veces de cuerpos de seguridad pública.
“No se deben retirar de esta frontera, no es el momento”, expresó el presidente de Coparmex-Juárez, Carlos Chavira Rodríguez. “Por el contrario, en lugar de retirarse, los soldados deben mantenerse en esta localidad con una buena coordinación con todos los niveles de gobierno”, dijo.
En contraste, el área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, sostuvo recientemente que el Operativo Conjunto Chihuahua, y por ende la llegada de casi 9 mil efectivos militares y federales, acarreó un repunte en las violaciones a las garantías en la entidad, particularmente por las arbitrariedades cometidas por los soldados en contra de civiles.
La organización, en voz de una de sus representantes, Erin Brewer, indicó que los lineamientos del Operativo Conjunto Chihuahua responden a la promoción de la militarización de la seguridad pública que Estados Unidos hace en México a través de la Iniciativa Mérida.
Sin fecha, el retiro de las tropas
El retiro de las Fuerzas Armadas de Chihuahua aún no tiene fecha, lo que es un hecho, es el reconocimiento de la administración local de que no puede “permitir” que se vayan: “Ninguna de las autoridades sabía las reales dimensiones del crimen organizado que se está combatiendo y en estos momentos no estamos listos para que se marche el Ejército”, reconoció el secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil censuran la estrategia emprendida por la Federación en contra el crimen organizado, particularmente en Ciudad Juárez.
“La presencia militar en tareas que corresponden a los civiles no es solamente un problema de violaciones aisladas, sino del diseño mismo del Ejército formado para responder a amenazas que difieren de aquellas a las que deben hacer las autoridades para contener el crimen y la comisión de delitos, porque el Ejército se mueve en una lógica bélica que no es la más adecuada para enfrentar a la delincuencia organizada”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga Valenzuela.
Gobernador fijará fecha para el cambio
De esta manera, se espera que al regreso del gobernador José Reyes Baeza Terrazas de su gira de trabajo por Europa, en la que se entrevistará con el papa Benedicto XVI, se fije una fecha definitiva para el “cambio” entre policía y militares.
“Hasta que evaluemos a todas las corporaciones, hasta que estén listos los elementos, entonces comenzaría la gradual reincorporación del Ejército a los cuarteles en Ciudad Juárez”, manifestó el titular del Ejecutivo estatal antes de su partida.
En esta entidad ninguna corporación policiaca municipal ha sido saneada a plenitud, los agentes todavía son incapaces de cumplir con las tareas para las que fueron contratados y por ello el Ejército seguirá en la calles de la entidad, reconocen autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal.
“El Ejército no se va de Chihuahua y no se va de Juárez. No se va del estado; simplemente dejará de hacer las funciones a su tiempo”, declaró el gobernador José Reyes Baeza Terrazas sobre la posible “salida” de los militares anunciada desde principios de año para mediados de este mes, pero diferida ante la falta de capacidad de las policías locales.
En tanto, organizaciones civiles y empresariales divergen sobre la tarea encomendada a las Fuerzas Armadas, que tienen que hacer las veces de cuerpos de seguridad pública.
“No se deben retirar de esta frontera, no es el momento”, expresó el presidente de Coparmex-Juárez, Carlos Chavira Rodríguez. “Por el contrario, en lugar de retirarse, los soldados deben mantenerse en esta localidad con una buena coordinación con todos los niveles de gobierno”, dijo.
En contraste, el área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, sostuvo recientemente que el Operativo Conjunto Chihuahua, y por ende la llegada de casi 9 mil efectivos militares y federales, acarreó un repunte en las violaciones a las garantías en la entidad, particularmente por las arbitrariedades cometidas por los soldados en contra de civiles.
La organización, en voz de una de sus representantes, Erin Brewer, indicó que los lineamientos del Operativo Conjunto Chihuahua responden a la promoción de la militarización de la seguridad pública que Estados Unidos hace en México a través de la Iniciativa Mérida.
Sin fecha, el retiro de las tropas
El retiro de las Fuerzas Armadas de Chihuahua aún no tiene fecha, lo que es un hecho, es el reconocimiento de la administración local de que no puede “permitir” que se vayan: “Ninguna de las autoridades sabía las reales dimensiones del crimen organizado que se está combatiendo y en estos momentos no estamos listos para que se marche el Ejército”, reconoció el secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil censuran la estrategia emprendida por la Federación en contra el crimen organizado, particularmente en Ciudad Juárez.
“La presencia militar en tareas que corresponden a los civiles no es solamente un problema de violaciones aisladas, sino del diseño mismo del Ejército formado para responder a amenazas que difieren de aquellas a las que deben hacer las autoridades para contener el crimen y la comisión de delitos, porque el Ejército se mueve en una lógica bélica que no es la más adecuada para enfrentar a la delincuencia organizada”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga Valenzuela.
Gobernador fijará fecha para el cambio
De esta manera, se espera que al regreso del gobernador José Reyes Baeza Terrazas de su gira de trabajo por Europa, en la que se entrevistará con el papa Benedicto XVI, se fije una fecha definitiva para el “cambio” entre policía y militares.
“Hasta que evaluemos a todas las corporaciones, hasta que estén listos los elementos, entonces comenzaría la gradual reincorporación del Ejército a los cuarteles en Ciudad Juárez”, manifestó el titular del Ejecutivo estatal antes de su partida.
jueves, 10 de septiembre de 2009
Ejército asegura patrullas policiacas clonadas en Michoacán.
Noticia:
Elementos del Ejército mexicano aseguraron un total de 10 patrullas clonadas de diferentes corporaciones policíacas y una ambulancia, en el municipio de Pátzcuaro, informó la XXI Zona Militar.
Indicó que el hallazgo se realizó en una bodega ubicada en las inmediaciones del poblado de Los Tanques en el municipio de Pátzcuaro.
Se trata principalmente de camionetas con reporte de robo en diferentes puntos del estado y del país, que fueron pintadas y acondicionadas como patrullas.
También fue asegurada una ambulancia apócrifa a la que presuntos integrantes del crimen organizado colocaron la leyenda "Traslado y Urgencias".
El reporte de la milicia señaló que entre los vehículos encontraron una camioneta Pick up tipo Lobo con logotipo "PF"; una camioneta Chevrolet Van con logotipo "AFI" y una camioneta Ford F-150 y otra F250 con logotipo "PGJE", las cuatro con reporte de robo.
Entre las unidades aseguradas hay una camioneta Ford F-150 con insignias de la procuraduría estatal y una camioneta Chevrolet tipo Van negra con insignias del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), con reporte de robo.
En todos los casos, se presume que integrantes del crimen organizado utilizaban estas unidades para cometer ilícitos.
Elementos del Ejército mexicano aseguraron un total de 10 patrullas clonadas de diferentes corporaciones policíacas y una ambulancia, en el municipio de Pátzcuaro, informó la XXI Zona Militar.
Indicó que el hallazgo se realizó en una bodega ubicada en las inmediaciones del poblado de Los Tanques en el municipio de Pátzcuaro.
Se trata principalmente de camionetas con reporte de robo en diferentes puntos del estado y del país, que fueron pintadas y acondicionadas como patrullas.
También fue asegurada una ambulancia apócrifa a la que presuntos integrantes del crimen organizado colocaron la leyenda "Traslado y Urgencias".
El reporte de la milicia señaló que entre los vehículos encontraron una camioneta Pick up tipo Lobo con logotipo "PF"; una camioneta Chevrolet Van con logotipo "AFI" y una camioneta Ford F-150 y otra F250 con logotipo "PGJE", las cuatro con reporte de robo.
Entre las unidades aseguradas hay una camioneta Ford F-150 con insignias de la procuraduría estatal y una camioneta Chevrolet tipo Van negra con insignias del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), con reporte de robo.
En todos los casos, se presume que integrantes del crimen organizado utilizaban estas unidades para cometer ilícitos.
jueves, 6 de agosto de 2009
Bajo lupa en EU, la actuación del Ejército.
Noticia:
El senador demócrata estadounidense Patrick Leahy justificó ayer su rechazo al informe que preparaba el Departamento de Estado sobre derechos humanos en México —que condiciona 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida— al asegurar que, si bien “Estados Unidos simpatiza con la causa y desea el éxito del presidente Felipe Calderón” en su lucha contra los cárteles de la droga, su gobierno aún necesita “mostrar evidencias de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
Leahy, presidente del subcomité de asignaciones para operaciones en el extranjero, rechazó, en una sesión informativa con funcionarios del Departamento de Estado, el borrador de un informe que juzgó lleno de inconsistencias frente a las denuncias presentadas por organismos humanitarios por las violaciones perpetradas por elementos del Ejército mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga.
“Los requisitos a los que se ha comprometido el gobierno de México, incluido el procesamiento de militares y policías que han violado los derechos humanos, no han sido cumplidos; por lo tanto es prematuro que se envíe el reporte al Congreso”, aseguró Leahy en un comunicado transmitido ayer por su oficina.
No hay logros claros, dice
“Hemos tenido conversaciones de buena fe entre México y funcionarios estadounidenses a fin de alcanzar estos requisitos en la ley y espero que podamos continuar en ese espíritu”, añadió.
Además, el senador dijo que si bien él sigue apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, no está seguro de que “la solución militar por sí sola sea la solución a largo plazo”, cuando “aún no está claro lo que se ha conseguido en el corto término”.
El rechazo de Leahy al borrador del informe sobre México obligará al Departamento de Estado a reescribirlo y retrasará la aprobación total de los fondos —poco más de 100 millones de dólares—, que están sujetos a la valoración del Departamento de Estado sobre la actuación del gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.
Agrupaciones civiles celebran
El resto de los fondos, mil 300 millones de dólares, no están sujetos a condicionamiento por parte del Congreso, pero aun así, advirtió Leahy, “tiene que haber evidencia de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
En el Departamento de Estado, funcionarios familiarizados con el reporte se limitaron a reconocer que el rechazo de Leahy retrasará un informe que buscaba su aprobación antes del viaje del presidente Barack Obama a la cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en Guadalajara 9 y 10 de agosto.
El rechazo de Leahy ha sido aplaudido por distintas organizaciones humanitarias. “Esta es una señal de la importancia que le concede el Congreso al respeto de los derechos humanos en México que, desafortunadamente, no ha hecho los esfuerzos suficientes para investigar, procesar y sentenciar a policías y militares acusados de abusos y violaciones”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA).
La embajada de México se abstuvo de formular comentarios.
El senador demócrata estadounidense Patrick Leahy justificó ayer su rechazo al informe que preparaba el Departamento de Estado sobre derechos humanos en México —que condiciona 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida— al asegurar que, si bien “Estados Unidos simpatiza con la causa y desea el éxito del presidente Felipe Calderón” en su lucha contra los cárteles de la droga, su gobierno aún necesita “mostrar evidencias de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
Leahy, presidente del subcomité de asignaciones para operaciones en el extranjero, rechazó, en una sesión informativa con funcionarios del Departamento de Estado, el borrador de un informe que juzgó lleno de inconsistencias frente a las denuncias presentadas por organismos humanitarios por las violaciones perpetradas por elementos del Ejército mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga.
“Los requisitos a los que se ha comprometido el gobierno de México, incluido el procesamiento de militares y policías que han violado los derechos humanos, no han sido cumplidos; por lo tanto es prematuro que se envíe el reporte al Congreso”, aseguró Leahy en un comunicado transmitido ayer por su oficina.
No hay logros claros, dice
“Hemos tenido conversaciones de buena fe entre México y funcionarios estadounidenses a fin de alcanzar estos requisitos en la ley y espero que podamos continuar en ese espíritu”, añadió.
Además, el senador dijo que si bien él sigue apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, no está seguro de que “la solución militar por sí sola sea la solución a largo plazo”, cuando “aún no está claro lo que se ha conseguido en el corto término”.
El rechazo de Leahy al borrador del informe sobre México obligará al Departamento de Estado a reescribirlo y retrasará la aprobación total de los fondos —poco más de 100 millones de dólares—, que están sujetos a la valoración del Departamento de Estado sobre la actuación del gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.
Agrupaciones civiles celebran
El resto de los fondos, mil 300 millones de dólares, no están sujetos a condicionamiento por parte del Congreso, pero aun así, advirtió Leahy, “tiene que haber evidencia de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
En el Departamento de Estado, funcionarios familiarizados con el reporte se limitaron a reconocer que el rechazo de Leahy retrasará un informe que buscaba su aprobación antes del viaje del presidente Barack Obama a la cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en Guadalajara 9 y 10 de agosto.
El rechazo de Leahy ha sido aplaudido por distintas organizaciones humanitarias. “Esta es una señal de la importancia que le concede el Congreso al respeto de los derechos humanos en México que, desafortunadamente, no ha hecho los esfuerzos suficientes para investigar, procesar y sentenciar a policías y militares acusados de abusos y violaciones”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA).
La embajada de México se abstuvo de formular comentarios.
sábado, 18 de julio de 2009
PRI y PAN avalan a Fuerzas Armadas; PRD critica a SSP.
Noticia:
La presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en reunión con diputados federales electos del tricolor y dio el respaldo de su partido a las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada.
La lideresa priísta afirmó que el Estado no puede estar sujeto “ni a amenazas ni a chantajes de ningún grupo criminal” e indicó que el PRI está convencido de la lucha contra el crimen organizado y por restablecer los niveles de seguridad pública que permitan la convivencia pacífica de los mexicanos.
Dijo estar en favor de una revisión permanente de la estrategia de combate a la criminalidad, “sin altos en el camino”, y por la acción temporal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tareas de seguridad pública.
Por su parte, el general de división Roberto Badillo, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, dijo en entrevista que en Michoacán, el gobierno federal comete el error de mezclar las Fuerzas Armadas con efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la persecución de La Tuta.
Lamentó que ha quedado demostrado en los últimos días que la dependencia federal que encabeza Genaro García Luna está infiltrada por narcotraficantes.
En tanto, el PRD reclamó que el presidente Felipe Calderón haga una prueba de confianza al titular de la SSP, si en efecto quiere ganar la guerra al narcotráfico.
El PAN, por su parte, confió en que con el emplazamiento de fuerzas en Michoacán, el gobierno federal pueda someter a La Familia y “desagregarla” en definitiva.
En Campeche, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, reiteró la negativa oficial a pactar con criminales y subrayó la importancia de coordinar a las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.
Medina Mora participó en una reunión regional de procuradores de justicia, a quienes llamó a combatir secuestros y narcomenudeo con criterios unificados.
La campaña abierta en Michoacán con más de 5 mil efectivos “no dará resultado”, lamentó el general Badillo, pues en este momento La Familia ya está advertido de las operaciones y dijo que una guardia nacional sería más efectiva para enfrentar a criminales.
Por su parte, el perredista Alfonso Suárez del Real recomendó que no se den a conocer las estrategias de combate al narco, pues se pone sobre aviso a las bandas criminales.
En la ciudad de México, la PGR informó que con el gobierno de Tabasco y la Defensa Nacional, dictó orden de detención a Marco Antonio Zetina, jefe de grupo de la Policía Ministerial de Macuspana; Alejandro Sarao, jefe de grupo en Cárdenas; Neiro Cadena, jefe de grupo de Cárdenas, y Ricardo Alberto Vázquez, agente de la Policía ministerial, entre otros.
Comentario:
Otra prueba más para el PRD: un partido que no aprende de sus errores; por el contrario, los sigue cometiendo.
La presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en reunión con diputados federales electos del tricolor y dio el respaldo de su partido a las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada.
La lideresa priísta afirmó que el Estado no puede estar sujeto “ni a amenazas ni a chantajes de ningún grupo criminal” e indicó que el PRI está convencido de la lucha contra el crimen organizado y por restablecer los niveles de seguridad pública que permitan la convivencia pacífica de los mexicanos.
Dijo estar en favor de una revisión permanente de la estrategia de combate a la criminalidad, “sin altos en el camino”, y por la acción temporal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tareas de seguridad pública.
Por su parte, el general de división Roberto Badillo, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, dijo en entrevista que en Michoacán, el gobierno federal comete el error de mezclar las Fuerzas Armadas con efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la persecución de La Tuta.
Lamentó que ha quedado demostrado en los últimos días que la dependencia federal que encabeza Genaro García Luna está infiltrada por narcotraficantes.
En tanto, el PRD reclamó que el presidente Felipe Calderón haga una prueba de confianza al titular de la SSP, si en efecto quiere ganar la guerra al narcotráfico.
El PAN, por su parte, confió en que con el emplazamiento de fuerzas en Michoacán, el gobierno federal pueda someter a La Familia y “desagregarla” en definitiva.
En Campeche, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, reiteró la negativa oficial a pactar con criminales y subrayó la importancia de coordinar a las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.
Medina Mora participó en una reunión regional de procuradores de justicia, a quienes llamó a combatir secuestros y narcomenudeo con criterios unificados.
La campaña abierta en Michoacán con más de 5 mil efectivos “no dará resultado”, lamentó el general Badillo, pues en este momento La Familia ya está advertido de las operaciones y dijo que una guardia nacional sería más efectiva para enfrentar a criminales.
Por su parte, el perredista Alfonso Suárez del Real recomendó que no se den a conocer las estrategias de combate al narco, pues se pone sobre aviso a las bandas criminales.
En la ciudad de México, la PGR informó que con el gobierno de Tabasco y la Defensa Nacional, dictó orden de detención a Marco Antonio Zetina, jefe de grupo de la Policía Ministerial de Macuspana; Alejandro Sarao, jefe de grupo en Cárdenas; Neiro Cadena, jefe de grupo de Cárdenas, y Ricardo Alberto Vázquez, agente de la Policía ministerial, entre otros.
Comentario:
Otra prueba más para el PRD: un partido que no aprende de sus errores; por el contrario, los sigue cometiendo.
jueves, 16 de julio de 2009
El Estado despliega mil efectivos en Michoacán.
Noticia:
Hace 17 años el general Rodolfo Cruz López estaba al igual que hoy, rodeado por un grupo de jóvenes. Entonces los alentaba, les decía que había que jugarse todo y que había que ganar, pues para eso se compite.
En 1992 el general Cruz era el coach del equipo Centinelas de Guardias Presidenciales. Ese año había tomado al equipo en el último lugar de la tabla de la Liga Mayor de futbol americano y los llevó a la final.
Hoy, en el círculo que lo rodea no hay jugadores sino hombres de 27 años, en promedio, que con el rostro cubierto por pasamontañas, uniformes azules y rifles R-15 están listos para salir a pelear contra el cártel de La Familia Michoacana, que en los últimos días lanzó una ofensiva inédita en contra de la Policía Federal.
“Estamos aquí porque estamos convencidos de que vamos a ganar. Si pensáramos que no podemos ganar ni siquiera hubiera valido la pena haber venido. Vamos a darles con todo, no quiero que nadie se eche para atrás”, decía el general Cruz a los jóvenes que le rodeaban, aunque hoy ya no es un entrenador, sino el responsable del despliegue territorial del la Policía Federal.
“Usted sabe que nosotros no nos echamos para atrás, el otro día cuando nos los topamos les dimos con todo y no nos echamos para atrás”, le respondió al general un joven ex militar que se unió a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal y que el sábado pasado participó en la detención del capo Arnoldo Rueda Medina, La Minsa.
Con el rostro descubierto, este federal bajito y de bigote bien recortado platicó cómo La Familia intentó rescatar a su operador: “La adrenalina era mucha. Disparé todo un cargador, luego le puse otro y otro más; no sé cuántos tiros disparé. Pero no nos lo pudieron quitar. Una granada nos cayó a unos metros pero no nos pasó nada”.
Asegura que en varias ocasiones le han ofrecido dinero para ayudar a los narcotraficantes, pero dice que no ha aceptado simplemente porque él desde que llegó al Ejército le ha gustado estar del otro lado.
Otro joven, también de 27 años, que proviene del Ejército, confiesa que a él aún no le ha tocado disparar su arma de cargo, pero que no dudaría en hacerlo para combatir a los miembros de La Familia.
En el estado se puede oler que una ofensiva de las fuerzas federales está cerca. Este jueves Michoacán amanecerá con un despliegue de 4 mil elementos entre policías, Ejército y Marina.
En un avión 727 de la Policía Federal llegan a Michoacán con el general Cruz y un centenar de policías que se unirán a los mil 200 que ya están en el estado. Saben que el lunes 12 de sus compañeros fueron ejecutados. Están dolidos y no ocultan las ganas que tienen de enfrentar al enemigo.
“Vamos a ir a esa carretera que dicen que no se puede transitar. Vamos a ver si se puede o no se puede”, asegura el general al referirse a la autopista Siglo XXI. A la orilla de esa carretera fueron abandonados los cuerpos de los 12 policías torturados y ejecutados. En esa vía también fue asesinado el martes otro federal y horas más tarde un autobús que transportaba a 30 agentes fue atacado con granadas y armas de fuego.
El general Cruz, un militar de 66 años con 50 de carrera en las armas, sabe que hace unas horas uno de los enemigos por los que vienen a Michoacán, Servando Gómez Martínez, La Tuta, tuvo la osadía de dar un mensaje y decirle al Presidente que los de La Familia no son sus enemigos.
Ese anuncio lo enoja y dice: “La diferencia entre ellos y nosotros, es que nosotros sí damos la cara y tenemos un uniforme”.
El general toma del hombro a varios de sus muchachos y uno por uno va platicando con ellos. No les ofrece muchos detalles, pero una y otra vez les reitera que este trabajo no es para cobardes: “Es duro, ven caer a sus compañeros y hay que animarlos”, dice. “Vamos a partirles la madre, sólo necesitamos huevos”, arenga.
Hace 17 años el general Rodolfo Cruz López estaba al igual que hoy, rodeado por un grupo de jóvenes. Entonces los alentaba, les decía que había que jugarse todo y que había que ganar, pues para eso se compite.
En 1992 el general Cruz era el coach del equipo Centinelas de Guardias Presidenciales. Ese año había tomado al equipo en el último lugar de la tabla de la Liga Mayor de futbol americano y los llevó a la final.
Hoy, en el círculo que lo rodea no hay jugadores sino hombres de 27 años, en promedio, que con el rostro cubierto por pasamontañas, uniformes azules y rifles R-15 están listos para salir a pelear contra el cártel de La Familia Michoacana, que en los últimos días lanzó una ofensiva inédita en contra de la Policía Federal.
“Estamos aquí porque estamos convencidos de que vamos a ganar. Si pensáramos que no podemos ganar ni siquiera hubiera valido la pena haber venido. Vamos a darles con todo, no quiero que nadie se eche para atrás”, decía el general Cruz a los jóvenes que le rodeaban, aunque hoy ya no es un entrenador, sino el responsable del despliegue territorial del la Policía Federal.
“Usted sabe que nosotros no nos echamos para atrás, el otro día cuando nos los topamos les dimos con todo y no nos echamos para atrás”, le respondió al general un joven ex militar que se unió a las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal y que el sábado pasado participó en la detención del capo Arnoldo Rueda Medina, La Minsa.
Con el rostro descubierto, este federal bajito y de bigote bien recortado platicó cómo La Familia intentó rescatar a su operador: “La adrenalina era mucha. Disparé todo un cargador, luego le puse otro y otro más; no sé cuántos tiros disparé. Pero no nos lo pudieron quitar. Una granada nos cayó a unos metros pero no nos pasó nada”.
Asegura que en varias ocasiones le han ofrecido dinero para ayudar a los narcotraficantes, pero dice que no ha aceptado simplemente porque él desde que llegó al Ejército le ha gustado estar del otro lado.
Otro joven, también de 27 años, que proviene del Ejército, confiesa que a él aún no le ha tocado disparar su arma de cargo, pero que no dudaría en hacerlo para combatir a los miembros de La Familia.
En el estado se puede oler que una ofensiva de las fuerzas federales está cerca. Este jueves Michoacán amanecerá con un despliegue de 4 mil elementos entre policías, Ejército y Marina.
En un avión 727 de la Policía Federal llegan a Michoacán con el general Cruz y un centenar de policías que se unirán a los mil 200 que ya están en el estado. Saben que el lunes 12 de sus compañeros fueron ejecutados. Están dolidos y no ocultan las ganas que tienen de enfrentar al enemigo.
“Vamos a ir a esa carretera que dicen que no se puede transitar. Vamos a ver si se puede o no se puede”, asegura el general al referirse a la autopista Siglo XXI. A la orilla de esa carretera fueron abandonados los cuerpos de los 12 policías torturados y ejecutados. En esa vía también fue asesinado el martes otro federal y horas más tarde un autobús que transportaba a 30 agentes fue atacado con granadas y armas de fuego.
El general Cruz, un militar de 66 años con 50 de carrera en las armas, sabe que hace unas horas uno de los enemigos por los que vienen a Michoacán, Servando Gómez Martínez, La Tuta, tuvo la osadía de dar un mensaje y decirle al Presidente que los de La Familia no son sus enemigos.
Ese anuncio lo enoja y dice: “La diferencia entre ellos y nosotros, es que nosotros sí damos la cara y tenemos un uniforme”.
El general toma del hombro a varios de sus muchachos y uno por uno va platicando con ellos. No les ofrece muchos detalles, pero una y otra vez les reitera que este trabajo no es para cobardes: “Es duro, ven caer a sus compañeros y hay que animarlos”, dice. “Vamos a partirles la madre, sólo necesitamos huevos”, arenga.
martes, 14 de julio de 2009
Senadores legislarán sobre límite castrense.
Noticia:
Senadores consideraron prioritario revisar el papel del Ejército en el combate al narcotráfico, ante la documentación de violaciones a derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, como reveló ayer EL UNIVERSAL.
El presidente del Senado, y coordinador del PAN, Gustavo Madero, reconoció que esa situación los obliga de manera impostergable a reflexionar y legislar sobre la participación de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia organizada, con el fin de que el Congreso les ponga límites y condiciones.
Consideró importante combatir el crimen, pero señaló que se debe hacer con pleno respeto a los derechos humanos.
“Tenemos ya iniciativas que envió el Ejecutivo para analizar, revisar y dictaminar para tener un marco jurídico definido, preciso, sobre su actuación y sobre todo sobre la temporalidad de su actuación y los términos en que debe hacerlo”, señaló.
El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, aceptó que la violación a derechos humanos es el riesgo de incluir al Ejército en esa tarea.
“En toda guerra puede haber violaciones a los derechos humanos, porque los soldados combate no respetan el marco legal, sólo saben de combatir a como dé lugar”, dijo y asentó que será un tema que se incluirá en la agenda legislativa de septiembre.
“Es un tema delicado que vamos a abordar en septiembre”.
Replantear estrategia
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró que el gobierno federal está obligado a replantear su estrategia.
Dijo que el gobierno debe dar la seguridad de que su estrategia en todo el país genera resultados; recordó que se sacó al Ejército a las calles para combatir a la delincuencia organizada y la violencia, pero estos subsisten. “Valdría la pena que el Consejo de Seguridad Nacional volviera a tener una reunión de emergencia”.
Senadores consideraron prioritario revisar el papel del Ejército en el combate al narcotráfico, ante la documentación de violaciones a derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, como reveló ayer EL UNIVERSAL.
El presidente del Senado, y coordinador del PAN, Gustavo Madero, reconoció que esa situación los obliga de manera impostergable a reflexionar y legislar sobre la participación de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia organizada, con el fin de que el Congreso les ponga límites y condiciones.
Consideró importante combatir el crimen, pero señaló que se debe hacer con pleno respeto a los derechos humanos.
“Tenemos ya iniciativas que envió el Ejecutivo para analizar, revisar y dictaminar para tener un marco jurídico definido, preciso, sobre su actuación y sobre todo sobre la temporalidad de su actuación y los términos en que debe hacerlo”, señaló.
El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, aceptó que la violación a derechos humanos es el riesgo de incluir al Ejército en esa tarea.
“En toda guerra puede haber violaciones a los derechos humanos, porque los soldados combate no respetan el marco legal, sólo saben de combatir a como dé lugar”, dijo y asentó que será un tema que se incluirá en la agenda legislativa de septiembre.
“Es un tema delicado que vamos a abordar en septiembre”.
Replantear estrategia
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró que el gobierno federal está obligado a replantear su estrategia.
Dijo que el gobierno debe dar la seguridad de que su estrategia en todo el país genera resultados; recordó que se sacó al Ejército a las calles para combatir a la delincuencia organizada y la violencia, pero estos subsisten. “Valdría la pena que el Consejo de Seguridad Nacional volviera a tener una reunión de emergencia”.
Soldados respetan garantías: diputados.
Noticia:
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge González Betancourt (PAN), sostuvo que el Ejército es respetuoso de los derechos humanos en el Operativo Conjunto Juárez, donde “vale la pena continuar adelante, hasta el final, que es la entrega de un estado de Chihuahua pacífico”.
A su vez, el diputado Francisco Rivera Bedoya (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se manifestó por que el Ejército “redoble sus acciones” contra el crimen organizado, que aumentó el grado de violencia en sus golpes en diversas plazas.
Urgen policías capacitados
Dijo que para acabar con el problema sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad se requiere de un mayor número de policías capacitados en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y secuestradores.
Por su parte, el diputado Juan Guerra (PRD) señaló que el gobierno federal debe replantear su estrategia contra el crimen y orientar sus acciones más relevantes a atacar el lado económico de los cárteles, de manera que los obligue a disminuir sus índices de violencia y los retos que dirige contra el Estado.
Comentario:
No se vale desprestigiar a una institución como el ejército y por favor, señores prístas, no se comporten como cínicos e hipócritas, porque si tuvieran el poder presidencial ya hubieran "pegado el grito en el cielo" por los ataques a esta institución. ¿Por qué ahora no salen en su defensa?
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge González Betancourt (PAN), sostuvo que el Ejército es respetuoso de los derechos humanos en el Operativo Conjunto Juárez, donde “vale la pena continuar adelante, hasta el final, que es la entrega de un estado de Chihuahua pacífico”.
A su vez, el diputado Francisco Rivera Bedoya (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se manifestó por que el Ejército “redoble sus acciones” contra el crimen organizado, que aumentó el grado de violencia en sus golpes en diversas plazas.
Urgen policías capacitados
Dijo que para acabar con el problema sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad se requiere de un mayor número de policías capacitados en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y secuestradores.
Por su parte, el diputado Juan Guerra (PRD) señaló que el gobierno federal debe replantear su estrategia contra el crimen y orientar sus acciones más relevantes a atacar el lado económico de los cárteles, de manera que los obligue a disminuir sus índices de violencia y los retos que dirige contra el Estado.
Comentario:
No se vale desprestigiar a una institución como el ejército y por favor, señores prístas, no se comporten como cínicos e hipócritas, porque si tuvieran el poder presidencial ya hubieran "pegado el grito en el cielo" por los ataques a esta institución. ¿Por qué ahora no salen en su defensa?
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