El gobierno federal se queda sin “orejas”

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La guerra contra las drogas tomó por sorpresa a las agencias de inteligencia del gobierno mexicano, que a la fecha no han logrado superar los obstáculos que les impiden coordinarse e intercambiar información de inteligencia para las operaciones tácticas y la toma de decisiones.

Especialistas consultados coinciden en que el Sistema de Seguridad Nacional mantiene serias inconsistencias en su funcionamiento, y que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional sólo contemplan el diseño de un marco jurídico para las Fuerzas Armadas que regulan su participación en la guerra contra las drogas. “Lo único que buscan es proteger al Ejército” mexicano, afirma el especialista Samuel González.

“El Sistema de Seguridad Nacional quedó obsoleto en tres años; no quieren reconocer que fue una estrategia equivocada, una estrategia irreflexiva que carecía de inteligencia”, comenta el senador del PT Ricardo Monreal.

Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia, dice que “los órganos de inteligencia mexicanos están distraídos en este desorden institucional y no han dado resultados esperados”.

Desde diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón formalizó la cadena de mando que pondría en práctica sus decisiones en la lucha contra el narcotráfico, enmarcada en el Sistema de Seguridad Nacional, un mecanismo por el que fluye la información de inteligencia, cuyo contenido se delibera en el seno del Consejo de Seguridad.

El Sistema de Seguridad Nacional se materializa por cientos de funcionarios, agentes y analistas de inteligencia, que conforman las estructuras de los servicios secretos del gobierno.

El Programa para la Seguridad Nacional, publicado en agosto de 2009, establece que el Sistema de Seguridad está diseñado para “la ejecución de acciones coordinadas” para neutralizar las amenazas a la seguridad interior.

Sistema de seguridad, inconcluso

De acuerdo con el esquema elaborado desde el sexenio pasado, el sistema plantea una estrategia de coordinación que no se ha logrado concretar y que mantiene serias deficiencias en su operación a tres años de su funcionamiento en el gobierno de Felipe Calderón.

En noviembre de 2006, la administración Fox dio a conocer el Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional, documento que busca hacer más eficientes los operativos de inteligencia y los ciclos de evaluación de información.

La estructura de mando que se desprende de la Ley de Seguridad y del Reglamento, establece que es el Consejo de Seguridad Nacional es el órgano supremo que asesora al Presidente en la materia, conformado principalmente por el gabinete de seguridad. Las operaciones de inteligencia y los despliegues territoriales, si bien son coordinados por cada dependencia o por estructuras de coordinación conjunta, se deciden en el seno del Consejo de Seguridad.

La cadena de mando ubica al presidente Felipe Calderón como el funcionario que toma la última decisión en las estrategias y operaciones en la guerra contra las drogas. Desde el consejo, el Presidente articula la política de seguridad, y es el secretario de Gobernación que funge como secretario ejecutivo, quien está facultado para “promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento” del complejo entramado burocrático de asesoría al Presidente.

Dos funcionarios adquieren relevancia en la toma de decisiones: el secretario técnico del Consejo, Jorge Tello Peón, y el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, ambos con facultades de acopio de información de inteligencia y formulación de informes.

El reglamento de acciones ejecutivas le otorga a Tello la facultad de proponer y promover lineamientos, acciones y estrategias al interior del Consejo.

Por su parte, Guillermo Valdés tiene la responsabilidad de “concentrar, integrar y valorar” la “inteligencia estratégica” que producen las unidades de inteligencia militar y seguridad pública, y puede solicitarles información adicional si lo considera necesario. En ese contexto, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tiene facultades para proponer estrategias con base en los informes de inteligencia que proporciona el Cisen “sin perjuicio de las facultades que competen al secretario técnico” y promover el intercambio de inteligencia.

Diferencias en el gabinete

Para algunos analistas, la inconsistencia más grave del Sistema radica en los procesos de coordinación e intercambio de información de inteligencia, el ciclo en el que se basa su efectividad. “Hay diferencias en el equipo gubernamental que hacen que influyan en los problemas actuales, porque no hay una coordinación efectiva”, dice Samuel González, asesor de Naciones Unidas para el Combate a las Drogas y la Corrupción.

Raúl Benítez, ex director adjunto del Consejo de Seguridad Nacional en la administración Fox, comenta que la desconfianza entre instancias civiles y militares se ha convertido en un problema táctico que lesiona la coordinación entre la inteligencia civil con el Ejército y sus unidades de inteligencia militar. “La desconfianza se alimenta de percepciones mutuas de corrupción; ambos consideran a los otros corruptos”.

Benítez, un académico prestigiado experto en asuntos militares, vivió de cerca el celo entre instancias de inteligencia, y sabe que el principal obstáculo para un eficaz funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, radica en la desconfianza y en la falta de cooperación, sobre todo si el entramado burocrático se centra en la premisa de que “la inteligencia será la base para la toma de decisiones y la ejecución de acciones”, como lo establece el reglamento de coordinación.

Los argumentos respecto a la falta de coordinación de inteligencia se han visto reforzados por las declaraciones a puerta cerrada del secretario de la Defensa en el Senado, en donde les dijo a los coordinadores de las fracciones políticas que compartir la información de inteligencia “es discrecional” en el seno del Consejo de Seguridad, según cuenta el coordinador de la fracción del PVEM, Arturo Escobar, presente en la reunión.

Dice: “Cada instancia tiene su área de inteligencia, pero no se comparte”.

Decisiones mal tomadas

Para el presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado, el priísta Jesús Murillo Karam, la falta de coordinación al interior del Consejo de Seguridad, que ha provocado serias deficiencias en las estrategias del gobierno en contra del crimen organizado, no se debe a un mal diseño del Sistema de Seguridad Nacional. “No creo que sea el Sistema (de Seguridad); el Sistema es mucho más que algunas decisiones; hubo algunas decisiones mal tomadas, apresuradamente, tomadas sin sustento”.

Murillo Karam trabaja desde hace meses en un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que otorgará las prerrogativas legales a la participación del Ejército en la guerra antinarco.

La presión del Presidente, que envió desde abril del año pasado un proyecto que le otorgaba facultades extraordinarias al Ejército en caso de afectación a la seguridad interior, se sumó a la del secretario de la Defensa, que pidió frente a los senadores reglamentar su actuación en el ámbito de la seguridad pública.

La nueva Ley de Seguridad Nacional le otorgará a las Fuerzas Armadas el marco jurídico para su participación en el combate a las drogas a petición de los gobiernos de los estados o del propio gobierno federal. “Lo que estamos reglamentando es el uso de la fuerza armada, no el estado de excepción”, dice el senador Jesús Murillo Karam.

Buscan cubrir al Ejército

Para el senador del PT Ricardo Monreal, estas reformas sólo buscan cubrir al Ejército y no resolver las fallas de fondo del Sistema de Seguridad Nacional. “Uno de los principales propósitos del gobierno es cómo proteger a sus militares; observo una actitud muy obsesiva de otorgarle un marco regulatorio amplio a las Fuerzas Armadas”.

El senador Murillo Karam explica que el criterio del PRI para la elaboración del dictamen de la nueva Ley de Seguridad Nacional se basó en la facultad que le da la Constitución al presidente de hacer uso de la fuerza armada para enfrentar una afectación a la seguridad nacional.

Uno de los principales planteamientos que incorporó la oposición a la iniciativa del Presidente, implica la petición de una autoridad local para poder plantear la afectación a la seguridad interior y los protocolos de decisión, que incluyen al Consejo de Seguridad Nacional como el órgano que solicitará al Senado la declaratoria de afectación a la seguridad.

“Tiene que haber un plan que nos diga qué se va a hacer y no simplemente tomar una decisión que puede tener consecuencias más graves. Tiene que haber una aprobación del Senado de la República en el sentido de que efectivamente se está afectando la seguridad interior”, dice Jesús Murillo.

Ante las críticas de que se le otorgará más poder al Ejército, el senador Felipe González asegura que además del marco legal a las acciones militares, también se incorporan a la Ley “las limitantes que hasta este momento no existen”.

“La Ley no tiene ningún elemento que se pueda prestar a abusos u otorgarle otras facultades extraordinarias al Ejército que sustituyan las del Ministerio Público”, afirma el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Alejandro González Alcocer.

El senador perredista Tomás Torres explica que esta nueva ley de seguridad regula la permanencia de las Fuerzas Armadas en una temporalidad definida en la lucha contra el crimen organizado y establece claramente la responsabilidad civil de los operativos militares. “Establece tiempos, evalúa y mide el avance de las autoridades civiles”.

Hasta el momento, los senadores se han centrado en un marco jurídico que regule la participación del Ejército en la guerra contra las drogas, pero han dejado de lado las fallas en el Sistema de Seguridad Nacional, derivadas de las inconsistencias en los procesos de intercambio de inteligencia al interior del Consejo de Seguridad.