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Los subsidios que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) evidencian los grandes contrastes que prevalecen en el agro mexicano.
Mientras 3 mil campesinos del estado de Chiapas recibieron del gobierno federal menos de mil pesos de ayuda para la siembra de maíz dentro del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo); la empresa transnacional Cargill de México obtuvo 500 millones de pesos por subvenciones de Aserca en los ejercicios fiscales de 2005 a 2009.
Información obtenida mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental muestra que la Sagarpa, a través su órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), destinó más de 36 millones de pesos a la multinacional, tan sólo para el traslado de 126 mil toneladas de maíz en ese mismo periodo de tiempo por medio del programa de flete y/o cabotaje.
El reporte de Aserca sobre los subsidios entregados a Cargill en 2008 revela que la empresa de origen estadounidense recibió por apoyo a la pignoración de 94 mil toneladas de maíz blanco la cantidad de 25 millones 934 mil pesos. Por ayuda para flete terrestre de 83 mil toneladas de maíz blanco: 24 millones 288 mil pesos. Además de 12 millones 901 mil pesos para facilitarle la exportación de 34 mil toneladas de maíz.
Firma con solvencia económica
Cargill es una de las tres empresas con mayor poder económico en el área de alimentos en Estados Unidos y se dedica al abasto y al acopio de granos básicos. Datos de organizaciones campesinas señalan que mantiene el control de 70% del mercado nacional en los 38 años que tiene de operar en nuestro país. En el cuarto trimestre fiscal de 2009 reportó una ganancia neta de 327 millones de dólares.
Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, que aglutina a 60 mil pequeños y medianos campesinos y 160 empresas comercializadoras, lamenta que “los subsidios, supuestamente dedicados al agro, no están orientados al desarrollo productivo campesino. Los beneficiarios son los grandes compradores. De esos recursos únicamente llega la mínima parte a los pequeños productores”.
Aserca es un organismo dependiente de la Sagarpa. En 2000 se creó con el objetivo de apoyar la comercialización de granos. Sin embargo, para Suárez se ha convertido en un mecanismo para transferir recursos públicos a los monopolios.
“En los últimos 15 años ha generado un desorden en el mercado agroalimentario, porque con la política de subsidios favorece la concentración de la producción, comercialización e industrialización en muy pocas manos”, afirmó el líder de la asociación.
La política agroalimentaria en México de los últimos 20 años, alerta, ha colocado al país en un desastre económico, social y alimentario, incluso ambiental. “El gobierno ha entregado el mercado a 20 grandes corporaciones mexicanas y transnacionales. Les dejó la responsabilidad de garantizar el abasto nacional, lo que se ha traducido en dependencia alimentaria”.
Subsidios generan desigualdad
El Banco Mundial, que estudia la posibilidad de hacer un préstamo a México para programas dirigidos al agro, señala en el estudio Análisis del Gasto Público en el Desarrollo Agrícola y Rural, que el presupuesto en agricultura del gobierno federal es extremadamente regresivo, dado que más de la mitad de los recursos se distribuyen entre los productores más ricos.
“Es tan regresiva la política agroalimentaria, que incrementa la desigualdad en el campo”.
El documento de la institución crediticia, dado a conocer en diciembre de 2009, concluye que el reparto del gasto en agricultura y desarrollo rural no es equitativo. “Las simulaciones muestran que la distribución es uniforme para el 70% más pobre de los hogares rurales, que reciben menos de 500 pesos per cápita al mes en subsidios por ese concepto. Sin embargo, el 10% más rico, en promedio, obtiene 3 mil per cápita por mes”.
El gasto de Aserca en 2008 superó los 25 mil millones de pesos; de éstos, 50% se destinó para saldar los subsidios comprometidos de 2006 a 2009 con las grandes empresas agroalimentarias, entre ellas Cargill de México.
Jonathan Fox, experto en el campo mexicano e investigador de la Universidad de California en Santa Cruz, asegura que los subsidios no cumplieron con su propósito, porque hay una brecha creciente entre el precio de la tortilla y el del maíz importado.
“Si los subsidios a las grandes empresas se hubieran traducido en precios más bajos para los consumidores de tortilla, su existencia tendría justificación”, mencionó el experto.
Para el académico, los apoyos del gobierno se sostienen cuando sirven para hacer eficiente el mercado y permiten la competencia, pero en el caso de México, no hay evidencia de eso, al contrario, hay acaparamiento.
Araceli Rendón Trejo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco, asegura que “las empresas en la industria alimentaria operan en mercados muy competidos; forman parte o están integradas en redes en las que participan grandes corporaciones dentro de la cadena agroalimentaria.
“Llevan a cabo estrategias que buscan su posicionamiento y acaparamiento de los mercados geográficos”, afirma la especialista.
Matan al campo: CCC
Max Agustín Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), dice que estos 10 años de gobierno panista han sido el paraíso para los grandes agroempresarios y un desastre para los pequeños productores, campesinos, ejidatarios, comuneros e indígenas del país.
“En estos 10 años regresamos 100 años en el campo. Actualmente los bisnietos de los hacendados son los dueños de las tierras ejidales, rentan parcelas, acaparan derechos de agua, contratan a los ejidatarios como peones de sus propias tierras. El modelo de política neoliberal está matando al campo, por eso insistimos en que hay que replantearlo”, reitera.
Advierte que los grandes beneficiarios de la política del gobierno federal son Maseca, Cargill y Minsa. “Incluso, son los que tienen acceso a los créditos de Financiera Rural”.
Correa parafrasea a sus agremiados: “Los productores dicen que Financiera Rural está a 300 kilómetros de distancia de los grandes empresarios y las solicitudes de crédito de los pequeños productores están a 300 años luz de la institución crediticia”.
Víctor Suárez considera que el campo mexicano es hoy más desigual y pobre que hace 20 años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el instrumento que le expropió al país la soberanía alimentaria.
Denuncian modelo fallido
“Las organizaciones campesinas hemos denunciado este modelo fallido”, coinciden los representantes de campesinos y productores. Y señalan al Acuerdo Nacional para el Campo que se firmó en 2003 y a la campaña “Sin maíz no hay País”, como los ejes de sus movilizaciones para mostrarle al gobierno que el campo está atravesando por la peor crisis de su historia.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo dice que para enfrentar la desigualdad, la desnutrición y la escalada de precios de los alimentos se debe cambiar la política neoliberal hacia el campo bajo los principios de soberanía alimentaria, revalorización de la agricultura en pequeña y mediana escala, así como la producción sustentable de alimentos sanos y el reconocimiento del derecho a la alimentación de todos los mexicanos.
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