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La PGR investiga a Gregorio Greg Sánchez Martínez, alcalde de Benito Juárez, Cancún, por el posible delito de falsedad en declaracionesrelacionadas al incumplimiento en el pago de un préstamo de 10 millones de dólares que recibió del empresario Steve Santander.
La dependencia inició la averiguación previa AP/PGR/QROO/CAN/091/2010 en contra del edil, como resultado de la denuncia que presentaron el empresario y sus abogados, a quienes Sánchez Martínez acusó de falsificar su firma en los pagarés, aunque algunos peritajes han establecido su autenticidad.
El alcalde habría incurrido en el delito de falsedad al negar, ante dos juzgados federales, que fuera suya la firma de los pagarés cuando Santander le reclamó judicialmente el pago de la deuda.
Javier Coello Zwarth, representante legal de Santander, explicó que el alcalde falseó también sus declaraciones, negando la autenticidad de su firma, cuando acusó a sus demandantes ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de fraude procesal, uso de documento falso y lo que resulte.
Otras cinco demandas
Sánchez Martínez enfrenta cinco demandas civiles ante igual número de juzgados federales, en cada una de las cuales sus demandantes le reclaman el pago de 2 millones de dólares. En dos de ellas, ha sido sentenciado a pagar el monto exigido más intereses moratorios, y los gastos de los juicios.
En ambos casos, los jueces han otorgado valor probatorio a los pagarés, y a los dictámenes que avalan la autenticidad de la firma del edil.
El abogado aclaró que esperaron para presentar la denuncia contra el alcalde hasta tener los dictámenes sobre los pagarés, a fin de contar con elementos de prueba sobre la comisión del delito.
“El delito está cometido. La falsedad por la que se le está acusando es grave, y todos los elementos están plenamente acreditados. Lo que se tiene que ver es la garantía de audiencia para el presidente municipal, pero no hay más pruebas que ofrecer”.
Cancelan obra
Mientras, en Cancún, Quintana Roo, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia desechó los fundamentos expuestos por el gobierno de Benito Juárez para modificar el uso de suelo de una porción del ombligo verde y permitir la construcción de una nueva alcaldía y la Plaza Bicentenario.
La juez María Teresa Castro Ríos desechó los alegatos de la comuna por extemporáneos, mediante el acuerdo S.C.A/ A/189/2009, hecho público ayer por la asociación en Defensa del Ombligo Verde, que interpuso un recurso para anular los cambios de uso de suelo, aprobados en sesión de cabildo.
“Resultó extemporánea la respuesta, teniéndose como ciertos los actos que la demandante imputó de manera precisa”, se lee en el texto que mostró Tulio Arroyo. El cabildo de Benito Juárez aprobó meses atrás el cambio de uso de suelo.
Horas después de que esto se diera a conocer, Gregorio Sánchez anunció que la construcción del nuevo palacio municipal se suspenderá de manera indefinida, mientras siguen los trabajos para edificar la Plaza Bicentenario.
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