EE UU obligará a la banca a asumir el coste de los rescates financieros.

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Quien contamina, paga. EE UU tradujo ayer ese principio al mundo financiero: la entidad que tenga que quebrar, que quiebre. El Ejecutivo estadounidense ha dado el primer paso para establecer el mecanismo que dará más poder a los reguladores para intervenir y desmantelar de forma controlada grandes instituciones financieras que representen un riesgo para el sistema y la economía. Se trata de evitar otro caos como el que provocó Lehman Brothers, y proteger al contribuyente del masivo coste de estas intervenciones. Porque la nueva oleada regulatoria deja más novedades: EE UU obligará a la gran banca a asumir el coste de los rescates financieros.

Es el comienzo del fin del concepto de "demasiado grande para caer". Un principio que según el presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, crea una red de seguridad artificial que lleva a las grandes firmas financieras a embarcarse en mayores riesgos de los que pueden asumir, porque saben que el Tío Sam saldrá al rescate, como pasó con Citigroup, Bank of America o AIG.

El borrador pactado por la Administración de Barack Obama y el presidente del comité financiero de la Cámara de Representantes, Barney Frank, dará poderes a los organismos reguladores para supervisar e intervenir los conglomerados que están en situación inestable, según el texto hecho público en la madrugada del martes al miércoles. Obama dijo que ese punto de la reforma es "crucial" para evitar que las firmas financieras asuman riesgos excesivos, y apostó por un sistema en el que los bancos dejen de creer que el Gobierno "les protegerá de las consecuencias de sus errores".

El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, señaló ante la élite de Wall Street que la reforma no es un capricho: "Es una guerra de necesidad". Geithner testificará hoy ante la Cámara de Representantes para defender la iniciativa, con la intención de que se vote la próxima semana. Éstos son los pilares de la iniciativa:

- Más poderes. El consejo de reguladores, integrado por el Tesoro, la Fed, el Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC) y otras agencias, podrá decidir si fuerza una reestructuración de las entidades en riesgo, hasta el punto de poder echarles el cerrojo. Además, estará facultado para imponer cambios en el equipo de gestión, obligar a reforzar el capital, limitar los bonus, bloquear operaciones y forzar alianzas.

- Precedentes. Ese cambio de filosofía se apoya en la bancarrota de General Motors y Chrysler, que sirvió a la Casa Blanca para demostrar que grandes compañías con ramificaciones por toda la economía pueden ser reestructuradas sin grandes sobresaltos. Y replica el modelo de intervención que ya sigue la FDIC.

- Quién paga la factura. El problema de estas operaciones está en su elevado impacto financiero. Para reducir el agujero en el bolsillo del contribuyente, las entidades con más de 10.000 millones de dólares en activos -todos los bancos españoles que cotizan en Bolsa y a la mayoría de cajas superan ese umbral- se harán cargo de las pérdidas que se deriven del rescate de un competidor. "Es la industria la que debe pagar por sus errores, no el contribuyente", dice Frank. En la práctica, sin embargo, será el Gobierno el que haga el primer desembolso. Y después, el Tesoro acudirá a la industria para hacer cuentas. Así, se abandona la idea inicial de crear un fondo en el que los grandes bancos hagan aportaciones.

- Plan de contingencia. Unas 120 entidades estarán sometidas a las condiciones de la nueva legislación, que les obligará a disponer de planes en los que identifiquen cómo podrían ser desmanteladas en caso de ser declaradas insolventes, por la vía de la venta de activos o por otros medios. La Fed podrá además establecer límites para evitar una concentración excesiva del riesgo en una firma.

- La última palabra. Hay un problema. En la última de las 253 páginas de la iniciativa se restan poderes a la Fed, al impedirle actuar en solitario en casos de emergencia, por lo que no podrá inventar salidas como con Bearn Stearns. Cualquier acción debe pasar en última instancia por el Tesoro, y eso introduce un componente político que puede amenazar a la independencia de la Fed. En cualquier caso, la Fed y el Tesoro han ido de la mano en esta crisis.

- Luz verde inicial de la banca. La respuesta de la industria a la reforma llegó de la mano de Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase, la entidad que ha salido más reforzada de la crisis. Dimon y otros banqueros son favorables a que haya un mecanismo para lidiar con grandes entidades en crisis, y apoya la idea del regulador de riesgos sistémicos. Se trata, dijo, de recuperar la confianza perdida en el sistema. Sin embargo, advirtió de que un exceso de regulación puede mermar la capacidad del sector para ayudar al crecimiento económico. Aunque sacar el paquete en un solo bloque es complicado. La Casa Blanca y el Congreso están pactando las partes más urgentes. Entre ellas se encuentra la posibilidad de someter a los hedge funds a mayor control, y la creación de una agencia de protección del consumidor.