IP gasta en “facilitar” proyectos 2.9 mmdp.

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El dinero negociado sin facturas o contratos de por medio en la edificación de casas nuevas significó un monto de 2 mil 900 millones de pesos durante 2008.

En el documento titulado Estado Actual de la Vivienda en México 2009, publicado en el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (Cidoc) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), se asienta que estos desembolsos hechos por los constructores de vivienda representaron 2.52% de su estructura total de costos.

Esta suma es 60% del presupuesto asignado al subsidio a la vivienda de 2009, o bien, con los 2 mil 900 millones de pesos se pudieron haber construido 15 mil viviendas (85% de tipo social y 15% económica) que no se edificaron y que por ende no permitieron a 61 mil personas acceder a un mejor hogar.

El estudio detalla que el año pasado todo ese dinero dado por los constructores se destinó a la urbanización o pavimentación fuera del conjunto habitacional, gratificaciones a personal no perteneciente a la empresa, donaciones de patrullas, bicicletas, camiones de basura, construcción o remodelación de escuelas, mercados públicos e infraestructura, especialmente servicios de luz y agua.

Ese gasto se hace porque los desarrolladores muchas veces se ven “presionados” por los tiempos financieros de los proyectos y aceleran los trámites y las gestiones mediante algunas concesiones en especie o en pagos en efectivo.

Casi nunca hay registro contable de eso, pero sí cuando se le asigna en un rubro llamado “donaciones”, agrega el estudio.

Algunas de ellas son la construcción de escuelas, drenajes en colonias aledañas o el pago del servicio de electricidad. Un ejemplo de esto último fue un pago de más de 14 millones de pesos que realizaron Urbi y Sadasi en Tecámac, estado de México, a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para conectar el servicio a uno de sus desarrollos.

“Pero hay cosas que te piden por reglamento, como las escuelas, y muchas veces no tiene sentido construirlas porque no entran en operación; la SEP no envía maestros.

En tal caso hemos propuesto que esas escuelas se construyan en entidades donde hagan falta y no en desarrollos donde nadie los usa”, observó en entrevista Arturo Sánchez, director general de SARE.

Pagan más en el estado de México

El costo extraordinario (CE), como así denominó el estudio a estos pagos al margen de leyes y reglamentos, más elevado se detectó en el estado de México, entidad donde se construyen dos de cada 10 viviendas nuevas en el país.

De acuerdo con Sara Topelson, directora del Cidoc y también subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), el estudio “tiene como propósito cuantificar los gastos monetarios o en especie, no considerados por definición, en leyes, códigos, reglamentos vigentes que pueden enfrentar los desarrolladores en la producción de vivienda social y económica”.

Los constructores entrevistados para el estudio dijeron que los CE inciden desfavorablemente en la superficie construida de las viviendas (que es cada vez menor) y en la calidad de los acabados.

Más aún, consideran que entre mayor es el número de trámites solicitados, más elevada será la probabilidad de incurrir en estos costos. De hecho, éstos se presentan en siete de cada 10 obras de edificación de vivienda que realizaron el año pasado.

De acuerdo con el reporte que se presentó ayer por el Cidoc y SHF, en la construcción de vivienda social hay 11 estados que registran un promedio de costos extraordinarios superiores al nacional.

Los que están por encima de este índice nacional son estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa y Baja California.