Querétaro indaga desvío.

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La Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría de Justicia en el estado iniciaron, por separado, investigaciones sobre un presunto desvío de recursos públicos de 223 millones de pesos, detectado durante la pasada administración encabezada por el gobernador panista Francisco Garrido Patrón.

La secretaria de la Contraloría, Clarisa Torres Méndez, confirmó que las indagatorias tienen que ver con la presunción de un irregular manejo de recursos públicos en dos dependencias estatales. Uno de los casos involucra 68 millones de pesos y corresponde a la Comisión Estatal de Caminos (CEC), y el otro un daño patrimonial al erario público por 155 millones de pesos en la Oficialía Mayor del pasado gobierno estatal.

En la Comisión Estatal de Caminos, el reporte de la Entidad Superior de Fiscalización contempla la falta de comprobación de 45 millones de pesos que presumiblemente se invirtieron en la construcción del anillo vial Fray Junípero Serra, así como para cubrir una factura por más de 5 millones de pesos sin documentación de soporte.

En el segundo caso se trata de la compra de un predio por la Oficialía Mayor, también durante el gobierno de Garrido, sin la autorización legal, según la secretaría de la Contraloría.

Denuncia penal

De manera paralela, el procurador de Justicia, Arsenio Durán Becerra, informó el viernes que recibió una denuncia penal por el presunto desvío de recursos públicos federales por 155 millones de pesos, aunque no se especificó en contra de quién.

Se trata de la compra de un terreno agrícola de 97 hectáreas, denominado “Lote C” de la ex hacienda de San José de la Peñuela, en Granjas Tolimán, que se ubica a un lado de la carretera 100, en el municipio de Colón.

La operación fue realizada por servidores públicos de la administración estatal que encabezó Garrido, y cuando la Oficialía Mayor estaba a cargo de Luis Miguel Sánchez Canterbury.

De acuerdo con el procedimiento iniciado por la Secretaría de la Contraloría, la investigación involucra a Ernesto Gerardo Alfaro Pesquera, Ramón Jardón Castillo, Fernando Gutiérrez Lomelí y Xóchitl Zarazúa Pérez, todos ellos integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones del Poder Ejecutivo estatal en el sexenio pasado.

La secretaria de la Contraloría confirmó que en los próximos días deberá de comparecer el ex oficial mayor, Luis Miguel Sánchez Canterbury.