Noticia:
Francisco Garrido Torres —uno de los hijos del ex gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón—, la actual diputada federal, Marcela Torres Peimbert; el ex oficial mayor, Luis Miguel Sánchez Canterbury, y el mismo ex mandatario, son algunas de las personas que hicieron uso de los aviones propiedad de gobierno del estado de Querétaro.
De acuerdo con documentos puestos a disposición por la oficina de Acceso a la Información de gobierno del estado, varios de los viajes en los aviones del gobierno queretano fueron realizados en diciembre de distintos años y a varios destinos turísticos.
Un caso, según registra la documental, es el viaje a Cancún el 28 de diciembre de 2007, llevando como pasajero a Francisco Garrido Torres, hijo de Francisco Garrido y a Marcela Torres.
Dos días después, el 30 de diciembre, el mismo avión Piper Navajo transportó al ahora ex oficial mayor durante la administración garridista, Luis Miguel Sánchez Canterbury, al aeropuerto de Zihuatanejo, destino turístico en donde tiene en propiedad un departamento valuado en 800 mil dólares.
En la misma temporada pero de 2008 y justo en Navidad, Sánchez Canterbury volvió a emplear el avión para viajar a Ixtapa-Zihuatanejo. El tour lo repitió dos veces el 26 y el 30 de diciembre.
Más vuelos
El gobierno de Querétaro es propietario de dos aviones. Un Piper y uno Marsel Dassault. De acuerdo con las bitácoras de vuelo efectuados por las aeronaves cuyas copias tiene EL UNIVERSAL, en conjunto, ambas aeronaves efectuaron más de 60 vuelos al extranjero y a destinos turísticos de playa en México entre octubre de 2003 y diciembre de 2008.
Ambas bitácoras registran vuelos a media centena de destinos, entre los que se encuentran Cancún, Cozumel, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Zihuatanejo, Mérida, Ciudad del Carmen, Huatulco y Acapulco.
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viernes, 12 de marzo de 2010
martes, 9 de marzo de 2010
Querétaro indaga desvío.
Noticia:
La Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría de Justicia en el estado iniciaron, por separado, investigaciones sobre un presunto desvío de recursos públicos de 223 millones de pesos, detectado durante la pasada administración encabezada por el gobernador panista Francisco Garrido Patrón.
La secretaria de la Contraloría, Clarisa Torres Méndez, confirmó que las indagatorias tienen que ver con la presunción de un irregular manejo de recursos públicos en dos dependencias estatales. Uno de los casos involucra 68 millones de pesos y corresponde a la Comisión Estatal de Caminos (CEC), y el otro un daño patrimonial al erario público por 155 millones de pesos en la Oficialía Mayor del pasado gobierno estatal.
En la Comisión Estatal de Caminos, el reporte de la Entidad Superior de Fiscalización contempla la falta de comprobación de 45 millones de pesos que presumiblemente se invirtieron en la construcción del anillo vial Fray Junípero Serra, así como para cubrir una factura por más de 5 millones de pesos sin documentación de soporte.
En el segundo caso se trata de la compra de un predio por la Oficialía Mayor, también durante el gobierno de Garrido, sin la autorización legal, según la secretaría de la Contraloría.
Denuncia penal
De manera paralela, el procurador de Justicia, Arsenio Durán Becerra, informó el viernes que recibió una denuncia penal por el presunto desvío de recursos públicos federales por 155 millones de pesos, aunque no se especificó en contra de quién.
Se trata de la compra de un terreno agrícola de 97 hectáreas, denominado “Lote C” de la ex hacienda de San José de la Peñuela, en Granjas Tolimán, que se ubica a un lado de la carretera 100, en el municipio de Colón.
La operación fue realizada por servidores públicos de la administración estatal que encabezó Garrido, y cuando la Oficialía Mayor estaba a cargo de Luis Miguel Sánchez Canterbury.
De acuerdo con el procedimiento iniciado por la Secretaría de la Contraloría, la investigación involucra a Ernesto Gerardo Alfaro Pesquera, Ramón Jardón Castillo, Fernando Gutiérrez Lomelí y Xóchitl Zarazúa Pérez, todos ellos integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones del Poder Ejecutivo estatal en el sexenio pasado.
La secretaria de la Contraloría confirmó que en los próximos días deberá de comparecer el ex oficial mayor, Luis Miguel Sánchez Canterbury.
La Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría de Justicia en el estado iniciaron, por separado, investigaciones sobre un presunto desvío de recursos públicos de 223 millones de pesos, detectado durante la pasada administración encabezada por el gobernador panista Francisco Garrido Patrón.
La secretaria de la Contraloría, Clarisa Torres Méndez, confirmó que las indagatorias tienen que ver con la presunción de un irregular manejo de recursos públicos en dos dependencias estatales. Uno de los casos involucra 68 millones de pesos y corresponde a la Comisión Estatal de Caminos (CEC), y el otro un daño patrimonial al erario público por 155 millones de pesos en la Oficialía Mayor del pasado gobierno estatal.
En la Comisión Estatal de Caminos, el reporte de la Entidad Superior de Fiscalización contempla la falta de comprobación de 45 millones de pesos que presumiblemente se invirtieron en la construcción del anillo vial Fray Junípero Serra, así como para cubrir una factura por más de 5 millones de pesos sin documentación de soporte.
En el segundo caso se trata de la compra de un predio por la Oficialía Mayor, también durante el gobierno de Garrido, sin la autorización legal, según la secretaría de la Contraloría.
Denuncia penal
De manera paralela, el procurador de Justicia, Arsenio Durán Becerra, informó el viernes que recibió una denuncia penal por el presunto desvío de recursos públicos federales por 155 millones de pesos, aunque no se especificó en contra de quién.
Se trata de la compra de un terreno agrícola de 97 hectáreas, denominado “Lote C” de la ex hacienda de San José de la Peñuela, en Granjas Tolimán, que se ubica a un lado de la carretera 100, en el municipio de Colón.
La operación fue realizada por servidores públicos de la administración estatal que encabezó Garrido, y cuando la Oficialía Mayor estaba a cargo de Luis Miguel Sánchez Canterbury.
De acuerdo con el procedimiento iniciado por la Secretaría de la Contraloría, la investigación involucra a Ernesto Gerardo Alfaro Pesquera, Ramón Jardón Castillo, Fernando Gutiérrez Lomelí y Xóchitl Zarazúa Pérez, todos ellos integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones del Poder Ejecutivo estatal en el sexenio pasado.
La secretaria de la Contraloría confirmó que en los próximos días deberá de comparecer el ex oficial mayor, Luis Miguel Sánchez Canterbury.
jueves, 27 de agosto de 2009
Querétaro: nuevo gobierno se bajará dieta.
Noticia:
El gobernador electo de Querétaro, José Calzada Rovirosa, hizo pública la decisión de reducir su salario al igual que el de sus más cercanos colaboradores, con la finalidad de poder ahorrar unos 100 millones de pesos al año.
De igual manera, confirmó su decisión de no cobrar la tenencia vehicular el próximo año, tal como se comprometió durante la campaña, por lo cual dejará de percibir unos 420 millones de pesos, pero que podrán reponerse en otras áreas en donde también —advirtió— habrá recorte presupuestal.
El mandatario electo, quien tomará posesión del cargo el próximo 1 de octubre, aseguró que uno de sus compromisos prioritarios es con la economía de las familias queretanas.
Por eso es que la decisión de ya no cobrar la tenencia se concretará a partir de su primer año de gobierno. Para compensar estos recursos, “vamos a disminuir los ingresos personales, entre ellos los míos y de varios de mis colaboradores, y hay otras áreas de oportunidad… como los mismos gastos en los aviones (propiedad de gobierno)”, agregó el priísta.
De acuerdo con el tabulador de salarios del gobierno estatal, el mandatario tiene ingresos mensuales por 151 mil pesos.
Calzada Rovirosa se reunió a principios de este mes con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para intercambiar puntos de vista con respecto a la situación económica nacional.
El gobernador electo de Querétaro, José Calzada Rovirosa, hizo pública la decisión de reducir su salario al igual que el de sus más cercanos colaboradores, con la finalidad de poder ahorrar unos 100 millones de pesos al año.
De igual manera, confirmó su decisión de no cobrar la tenencia vehicular el próximo año, tal como se comprometió durante la campaña, por lo cual dejará de percibir unos 420 millones de pesos, pero que podrán reponerse en otras áreas en donde también —advirtió— habrá recorte presupuestal.
El mandatario electo, quien tomará posesión del cargo el próximo 1 de octubre, aseguró que uno de sus compromisos prioritarios es con la economía de las familias queretanas.
Por eso es que la decisión de ya no cobrar la tenencia se concretará a partir de su primer año de gobierno. Para compensar estos recursos, “vamos a disminuir los ingresos personales, entre ellos los míos y de varios de mis colaboradores, y hay otras áreas de oportunidad… como los mismos gastos en los aviones (propiedad de gobierno)”, agregó el priísta.
De acuerdo con el tabulador de salarios del gobierno estatal, el mandatario tiene ingresos mensuales por 151 mil pesos.
Calzada Rovirosa se reunió a principios de este mes con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para intercambiar puntos de vista con respecto a la situación económica nacional.
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