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Dirigentes de organizaciones civiles en lucha legal contra la ley antiaborto, aprobada hace 10 meses en el estado y que persigue y criminaliza a la mujer por suspender su embarazo, coincidieron en que la reforma al artículo 1 de la Constitución local no ha frenado esta práctica.
Sin embargo, las protestas no parecen alterar la agenda del Legislativo local controlado por el PAN, con 22 de los 36 escaños, que no sólo se niega a modificar, sino hasta a comentar la norma aprobada en mayo de 2009.
La enmienda establece el derecho a la vida desde la concepción, por lo que cierra la posibilidad a la suspensión del embarazo bajo cualquier circunstancia. “Es un amago para las mujeres en edad reproductiva”, coincidieron dirigentes del Centro Las Libres, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez y el Grupo Unido de Madres Solteras.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, el panista Gerardo Trujillo Flores, rechazó cualquier posibilidad de modificar la norma. “Es tema agotado. El asunto fue atendido y en este momento ni en agenda lo tenemos, ni discutirlo ni comentarlo en el Congreso.
“No puede seguir la persecución hacia las mujeres, ni decirse que la reforma constitucional es tema cerrado, porque el tema se agotará sólo con el respeto a los derechos humanos de las mujeres”, dijo Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez.
Denuncia ante la ONU
La red nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos denunció ante el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas que las reformas constitucionales en 21 estados mexicanos son discriminatorias por ser una acción basada en el género, lo que constituye violencia institucional.
“Las mujeres son las únicas personas que pueden resultar embarazadas y a las que imponer un embarazo contrario a su libre voluntad y su dignidad, las etiqueta como incubadoras humanas; no sólo se les provoca daños físicos, sexuales y psicológicos, sino incluso la muerte, al orillarlas a practicarse abortos clandestinos”, dijo Ángeles López.
Consideró que las leyes que castigan el aborto fracturan el principio de igualdad, porque se hace una diferencia entre mujeres de esos estados y las que habitan en la ciudad de México, para quienes interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas de gestación es un derecho.
“En especial destacan las violaciones que estas reformas generan a los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, que puede manifestarse en un acto de tortura, como lo señala el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas: la prohibición del aborto para víctimas de agresiones sexuales representa una forma de trato inhumano y degradante”.
La mujer que aborta en Guanajuato es acusada de homicidio en razón de parentesco, lo que agrava la pena que en el Código Penal de la entidad es de hasta 35 años de cárcel.
Protestas y amparos
En rechazo a la ley antiaborto en Guanajuato, que incluso criminaliza a las que utilizan el Dispositivo Intra-Uterino (DIU), mujeres de entre 14 y 49 años de León, Silao, Guanajuato, Irapuato y San Miguel de Allende presentaron en junio pasado 167 amparos, porque la reforma vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución federal y en los tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por México.
El Código Penal del estado establece en su artículo 163 que “no es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea el resultado de una violación”.
Sin embargo, a partir de la reforma, el Ministerio Público ha iniciado dos averiguaciones previas contra mujeres por recurrir al aborto, informó López.
Para el dirigente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya, la reforma fomenta la práctica clandestina del aborto y pone en riesgo la vida de las mujeres pobres. Dijo que ya han llevado a varias mujeres a la cárcel por esa causa.
De acuerdo con el Centro Victoria Diez, en Guanajuato es elevada la mortalidad materna y 80% se atribuye a negligencia, presión alta, hemorragias y complicaciones en el aborto.
El diputado local priísta Gerardo Gutiérrez dijo que debido a la conformación del Congreso, con mayoría del PAN, “es complicado retomar el debate” sobre el aborto. La ley fue aprobada con 22 votos del PAN, dos del PRI y uno del PT.
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