Calderón pide ley más dura contra secuestro.

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El Senado dio entrada formal a la reforma Antisecuestro enviada por el presidente Felipe Calderón, en la que se propone la prisión vitalicia para los plagiarios y que se permita grabar conversaciones telefónicas y en sitios públicos para reunir pruebas contra las organizaciones criminales.

Además, la iniciativa plantea realizar operaciones encubiertas, es decir, infiltrar agentes policiacos —a quienes se les asignará una clave numérica para su identificación— en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan los delincuentes, y en paralelo otorgar apoyo psicológico a los agentes que delincan.

El texto —que expide la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro— impulsa también colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a plagiarios tras purgar una condena, con el fin de prevenir nuevas conductas delictivas.

El paquete de reformas —turnado a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera (PRI) y de Justicia (PAN)— endurece las penas para servidores públicos y secuestradores, e incluye grabar conversaciones a distancia en lugares públicos y avalar la intervención de comunicaciones telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un plagio, se justifique ante el MP y el tiempo no exceda los seis meses.

En caso de que las grabaciones no se acepten como prueba, deberán destruirse.

Los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la Cofetel, suspender líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.

Se faculta a las autoridades a realizar acciones de vigilancia, monitoreo y rastreo en internet sobre sitios web que constituyan un medio para cometer el delito de secuestro.

También plantea recurrir a informantes anónimos, quienes podrían cobrar recompensas; además de un programa de protección de personas que colaboren con la autoridad en las investigaciones de secuestro, y otro programa, éste de apoyo a las víctimas, además de uno de restitución de derechos.

Plantea la inexcusabilidad del testigo, es decir que toda persona estará obligada a declarar cuando se encuentre en peligro la vida de la víctima y endurece las penas a los servidores públicos que revelen o divulguen información confidencial o reservada, relacionada con las investigaciones.

Los acusados de secuestro no contarán además del beneficio de la preliberación o la reducción de condena.

El Ejecutivo plantea que quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se les impondrán de 30 años a prisión vitalicia; 40 años de cárcel a prisión vitalicia cuando la víctima muera durante el cautiverio.

Tipifica, para no dar paso a la impunidad, distintas conductas delictivas como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro.