Sarukhán critica ley antiinmigrante.

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El embajador mexicano Arturo Sarukhán deploró ayer la iniciativa antiinmigrante aprobada por el legislativo de Arizona y calificó como “deleznable” la politización de la migración y la seguridad fronteriza en Estados Unidos en un año electoral.

“Estas decisiones que han tomado tanto en la asamblea como en el Senado estatal nos parecen deplorables. Abren la puerta a criterios que, con base en perfiles raciales con posibles patrones de discriminación... pueden generar violaciones muy importantes”, dijo a Notimex. “Es importante que en este país, ya sea en el contexto de una contiendas política electoral o fuera de una contienda político electoral, se entienda que los migrantes mexicano no son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, enfatizó.

Defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes urgieron ayer a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, que frene la entrada en vigor de esta ley, denominada SB 1070.

Si la gobernadora Jan Brewer no la veta, Arizona se convertirá en el primer estado en criminalizar la presencia ilegal de las personas, señalaron.

“La ley SB 1070, en caso de entrar en vigor tendrá duras consecuencias fiscales, económicas y de seguridad pública para Arizona y todos sus residentes”, dijo el presidente del Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación, Thomas Sáenz. “Esta ley anticonstitucional puede afectar adversamente la aplicación de la ley federal”, indicó.

La legislación considera como delito estatal el permanecer en el país sin documentos migratorios y obliga a la policía local a determinar el estatus migratorio de una persona si se sospecha que se encuentra ilegalmente en el país.

La gobernadora Brewer tiene hasta la medianoche del sábado para decidir si firma la iniciativa, si la veta o si no hace nada y deja que se convierta en ley.

La secretaria del Trabajo, Hilda Solís, se sumó ayer a las críticas a la ley. “Necesitamos una reforma migratoria, porque no puede ser que cada estado quiera cambiar leyes”, afirmó Solís.