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El titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) investigan el probable hurto y uso del padrón electoral.
“Me preocupa mucho y estamos ocupados en investigar el alcance. Para nosotros lo importante es determinar que la cadena de custodia de la información en el Estado esté bien asegurada; cualquier falla en esa cadena podría llevar a buscar y proteger [las bases de datos oficiales]”, comentó el funcionario federal.
Sin embargo, expresó, sería “aventurado” anticipar una opinión sin conocer la dimensión de los hechos.
Gómez Mont dijo estar preocupado por la información publicada por EL UNIVERSAL desde el lunes pasado. Afirmó que en caso de ser fidedigna aquella sobre la venta de datos del padrón del IFE en el barrio de Tepito, podría haber funcionarios públicos implicados, pero pidió esperar a que avancen las investigaciones.
Consideró necesario saber si el hurto “obedece a una operación que implique corrupción de servidores públicos, en cuyo caso lo fundamental será sentar un precedente tajante y radical sobre la inadmisibilidad de ese tipo de cuestiones”.
Comentó que en cualquier caso tiene que investigarse para saber, de ser cierto, qué falló o pudo haber fallado en los sistemas de vigilancia y de custodia de la información pública en el gobierno federal, “pero no anticipemos conclusiones”.
“Podría ser información ‘pirata’”
Entrevistado en el hangar presidencial, el secretario de Gobernación pidió tomar con reserva la circulación de información y datos personales, porque podría tratarse, dijo, de información pirata.
Opinó que “tenemos que investigar realmente esos bancos de datos, de dónde salen, si son fidedignos o no, o son simple y sencillamente un producto pirata (...) Puede ser una simulación y un fraude de quienes están organizando estos productos, en perjuicio de aquellos a quienes se los quieren vender.
“Todo nos indica que las conductas que se están investigando son irregulares y que ameritan consecuencias legales en cualquier caso [sean verídicos o falsos los datos]”, dijo.
El funcionario federal comentó que “hoy [en internet] hay que tener cada vez mucho más cuidado para discriminar aquello que es útil, que es serio y está consolidado, de aquellas cosas que son una mera percepción, y buscar no confundirnos. Son los retos de esta modernidad”.
En ese sentido, habló de establecer con claridad cuáles son los derechos de privacidad y hasta dónde llegan los de la publicidad.
“Estamos en ese proceso de valoración social que está nutriendo la Legislación en el Congreso sobre la protección de datos personales en archivos privados, y la de datos personales en archivos públicos; conocer hasta cuándo puede ser pública [la información] y cuándo no, y quién la puede conocer. Este tipo de hechos, como los denunciados por este diario, sientan precedente acerca de qué riesgos tenemos que cuidar para preservar información”.
Turnan solicitud del IFAI
La Secretaría de la Función Pública (SFP) turnó a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública federal la solicitud presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para que se investigue si hay o no funcionarios federales involucrados en la venta de datos personales.
La vocera de la SFP, Alicia Cárdenas, confirmó que la dependencia recibió el lunes pasado el escrito enviado por la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, quien presentó una queja luego de que EL UNIVERSAL publicó que en el barrio de Tepito, y por 12 mil dólares, se pueden obtener bases de datos, entre ellas la del padrón del IFE.
Cárdenas explicó que “hasta el momento se dio trámite a la petición de la comisionada presidenta [del IFAI] ante los órganos internos de control de la PGR y de la SSP, pero hay la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública atraiga de manera los casos para dar mayor celeridad a las investigaciones”.
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