El abogado de Berlusconi: "La ley es igual para todos, no su aplicación".

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El Tribunal Constitucional italiano empezó a debatir ayer, bajo enormes presiones del Gobierno y sus medios y rodeado de gran expectación nacional e internacional, la ley conocida como Laudo Alfano, diseñada por los abogados del primer ministro, Silvio Berlusconi, para bloquear los procesos penales que pesan sobre el magnate milanés.

La ley fue aprobada a toda prisa por el Parlamento el año pasado, sólo 25 días después de la tercera investidura de Berlusconi. Todo apunta a que la decisión final del Tribunal se conocerá pronto. Cinco de los 15 jueces de la corte tienen previsto viajar el jueves a un congreso internacional.

La audiencia pública se celebró en una sala abarrotada de periodistas, y los protagonistas del día fueron los tres letrados -y a la sazón parlamentarios- que defienden los intereses de Berlusconi, Niccolò Ghedini, Gaetano Pecorella y Piero Longo; además del abogado del Estado, Glauco Nori, que representó a la presidencia del Gobierno.

En sus alegatos, los cuatro ofrecieron variopintos argumentos jurídicos y políticos para defender la inmunidad. Niccolò Ghedini afirmó que "la ley es igual para todos, pero no su aplicación", y citó como ejemplos "las normas sobre delitos ministeriales, en los que la ley ordinaria distingue al ciudadano común del ministro". Además, sacó a colación las normas reservadas a aquellos que cometen delitos mientras ejercen de funcionarios o trabajan en las Fuerzas Armadas.

La idea subyacente de la defensa es que Berlusconi, Il Cavaliere, está "por encima" de los demás parlamentarios, ministros y conciudadanos, ya que cumple una delicada responsabilidad ejecutiva. Pecorella insistió en ese concepto, señalando que Berlusconi no es un "primus inter pares" entre los parlamentarios, sino un "primus supra pares", ya que según la nueva ley electoral -el elector solamente vota por el líder de la lista- es el "único que recibe su legitimidad de la voluntad popular".

No menos original es la tesis de Longo, según la cual un alto cargo del Estado no puede hacer al mismo tiempo de acusado en un juicio -frase que si se formulara al revés resolvería de golpe todos los problemas-. "Dado el difícil sistema geopolítico en el que vivimos", afirmó Longo, con numerosas citas internacionales en la agenda del primer ministro, sería para éste "imposible desarrollar a la vez su trabajo y tutelar su derecho a defenderse". Longo recordó que el Laudo Alfano ha recogido todas las indicaciones de la sentencia de 2004 en la que la Corte Constitucional tumbó el precedente Laudo Berlusconi, llamado entonces Schifani-Maccanico.

Antes de escuchar a la defensa, los altos magistrados, entre los que figuran dos -Luigi Mazzella y Paolo Maria Napolitano- que cenaron con Berlusconi y su ministro de Justicia, Angelino Alfano, en casa del primero antes del verano, denegaron la participación en la audiencia a la fiscalía de Milán, que interpuso dos de los tres recursos de inconstitucionalidad que ha suscitado la ley. El representante de la fiscalía, Alessandro Pace, abandonó preocupado el palacio diciendo: "Lo veo mal. Creo que esta vez el Tribunal legitimará esta ley ad personam".

En realidad, aunque la inmunidad sería aplicable a los cuatro altos cargos del Estado -presidentes de la República, Senado y Cámara, primer ministro-, Berlusconi es su único destinatario posible, pues es el único que tiene causas pendientes con la justicia.

La semana pasada, otro hipotético beneficiario, el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, renunció a su inmunidad para que siguiera adelante una querella por difamación interpuesta por un ex fiscal, y éste retiró la querella apreciando el gesto democrático de Fini, que de paso dejó solo ante la historia a su todavía aliado del Pueblo de la Libertad.

La abogacía del Estado, muy criticada estos días por haber defendido el laudo con razones políticas y no jurídicas, negó que hubiese intentado condicionar al tribunal al presentar su memoria. En ella, el abogado hablaba de posibles daños irreparables, e invocó la serenidad del primer ministro y el riesgo de dimisión de Berlusconi si la ley no es aprobada. Según dijo Nori, el laudo es "seguramente un daño jurídico, pero un daño menor para el Estado si se compara con el que se produciría si el primer ministro fuera procesado mientras ejerce como tal".

La dramática pantomima se resolverá en las próximas horas. Sea cual sea el resultado, una sensación sobrevolaba ayer el Palacio de Justicia: el millonario Berlusconi y sus millonarios picapleitos se las apañarán para contrarrestar lo que venga y salir indemnes.