Seguro Popular; gasto negligente.

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El capítulo de irregularidades detectadas en la elaboración de las credenciales para afiliados al Seguro Popular, y cuyos protagonistas fueron directivos de alto nivel de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), continúa sin finalizar hasta ahora.

Tres de los cuatro funcionarios que fueron inhabilitados y sancionados económicamente por la Secretaría de la Función Pública presentaron un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Si los tres ex funcionarios ganan ese juicio, se cancela su inhabilitación y se librarían de pagar, en conjunto, 450 millones 975 mil 927 pesos.

En 2007, a partir de denuncias ciudadanas, Función Pública comenzó una serie de investigaciones sobre el contrato que en 2005 estableció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con la empresa Image Technology México, SA de CV, para elaborar las credenciales Tu Salud para los afiliados al Seguro Popular.

El contrato fue acordado en 368 millones 460 mil pesos.

Esta credencial, se dijo entonces, permitiría identificar a los afiliados al Seguro Popular, comprobar la vigencia de sus derechos, automatizar los registros de información y agilizar los trámites administrativos de las unidades médicas.

En la revisión del ejercicio fiscal del 2006, la Auditoria Superior de la Federación encontró que no se tuvo evidencia de la distribución y entrega de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de tales módulos, sobre los cuales se realizaron pagos por un monto de 330 millones de pesos.

En 2006, la CNPSS otorgó un nuevo contrato a la empresa, por 465 millones de pesos, para elaborar nuevas credenciales para los afiliados del Seguro Popular. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública ordenó en 2007 que dicho contrato se suspendiera.

De viaje con el seguro

Las irregularidades encontradas en los contratos para las credenciales del Seguro Popular provocaron que la Secretaría de la Función Pública abriera expedientes en contra de cuatro funcionarios de la CNPSS, durante 2007 y 2008. En mayo de 2007, presentó la primera resolución sobre el caso.

Juan Antonio Fernández Ortiz, el primer titular de la CNPSS, fue inhabilitado para ejercer cargos en el gobierno federal durante diez años.

Además, la Secretaría de la Función Pública estableció en aquel entonces que el ex comisionado tenía que pagar una multa de 454 mil 528 pesos por las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Seguro Popular.

La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública encontró que Juan Antonio Fernández Ortiz utilizó recursos del Seguro Popular para viajar a Hong Kong, Singapur y Tokio. El motivo del viaje era visitar las instalaciones de Gemplus Industrial, empresa subcontratada por Image Technology, SA de CV para fabricar las credenciales del Seguro Popular.

Fernández Ortiz realizó su viaje junto con Rocío Herrera, entonces directora general adjunta de la CNPS.

Sin embargo, ese viaje no fue autorizado y “existían problemas de justificación. El daño patrimonial fue de alrededor de 200 mil pesos, pero se le impuso una multa de 400 mil pesos”, explica en entrevista Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.

Fernández Ortiz es uno de los tres ex funcionarios que presentaron un juicio de nulidad de la inhabilitación y de la sanción económica.

Convenios voluntarios

Manuel Martínez Olguín, quien fue director general de procesos y tecnología de la CNPSS, es otro de los ex funcionarios federaels que presentaron el juicio de nulidad de las sanciones impuestas por Función Pública.

En marzo del 2009, Función Pública determinó que Martínez Olguín cometió una “negligencia administrativa”. Lo inhabilitó por 15 años y sancionó económicamente con una multa por 242 millones 593 mil 892 pesos.

Además, en agosto del 2009, Función Pública resolvió que Martínez Olguín también era responsable de la “violación de procedimientos de contratación”, por lo que le dio una nueva inhabilitación para ejercer un puesto público en la administración federal durante 15 años. También se le notificó que tenía otra multa por 103 millones 963 mil 753 pesos.

Pese a la inhabilitación, Manuel Martínez Olguín fue titular de “Innovación gubernamental”, en el Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California.

Por lo menos, ese es el cargo con el que se le identifica en los boletines de prensa que distribuyó el Ayuntamiento de Ensenada los días 26 y 29 de mayo del 2009; así como en el comunicado de prensa que se distribuyó posteriormente el 10 de junio del 2009.

Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de Función Pública, explica que no existe un impedimento legal para evitar que los funcionarios inhabilitados a nivel federal sean contratados por los gobiernos estatales o municipales.

Para evitar estas prácticas, la Secretaría de la Función Pública estableció convenios de colaboración con gobiernos estatales, para que conozcan quienes son los inhabilitados a nivel federal.

Sin embargo, sólo queda como una acción “voluntaria” el que un gobierno estatal o municipal establezca como norma no contratar a un funcionario inhabilitado por la federación.

EL UNIVERSAL buscó a Manuel Martínez Olguín. Personal del Ayuntamiento de Ensenada informó que se le podía encontrar en la Unidad de Espacios Públicos. En esa oficina, la secretaria Elvia Ruth respondió que el señor Martínez Olguín “sólo viene a checar sus recados y se va”.

El pasado 9 de abril, Manuel Martínez Olguín respondió a la petición de entrevista que semanas atrás le realizó este periódico. El ex funcionario federal aseguró que en cuanto recibió la notificación de su inhabilitación, “platiqué con el alcalde de Ensenada y me retiré del cargo” como funcionario municipal.

Martínez Olguín asegura que se dedica a ejercer su profesión de abogado en Baja California. También señaló que se defenderá, a través de los mecanismos legales, de las sanciones que le impuso Función Pública, porque, asegura no cometió ninguna irregularidad.

“Sí hubo irregularidades”: SFP

Carlos Cabrera Hidalgo, ex director general de afiliación y Operación del CNPSS, también forma parte de la lista de ex funcionarios inhabilitados y sancionados económicamente por el caso de las credenciales del Seguro Popular.

El 14 de agosto del 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud lo inhabilitó durante 15 años por “violación de procedimientos de contratación”. También estableció que el ex funcionario tenía que pagar un monto de 103 millones 963 mil 753 pesos.

Cabrera Hidalgo también presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Rocío Herrera, ex directora general adjunta de la CNPSS, también fue inhabilitada por un año y se le fijó una sanción económica por 2 mil 480 pesos.

Además, el 6 de mayo de 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud presentó en su contra una “amonestación pública” en su contra por “incumplimiento en declaración de situación patrimonial”.

De los cuatro ex funcionarios del Seguro Popular investigados por Función Pública, Rocío Herrera fue la única que pagó el monto económico. Ella no impugnó la sanción.

Al interponer un juicio de nulidad, los tres ex funcionarios consiguieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “suspenda, por el momento, la ejecución del cobro (de la sanción económica impuesta por Función Pública), mientras dicta su resolución”, explica Sáenz Ramírez.

Un juicio de nulidad puede durar, en promedio, entre seis meses a un año. Aunque hay casos que han durado hasta cinco años. Según cálculos de la misma Secretaría de la Función Pública, del 100% de las resoluciones contra ex funcionarios; 30% son impugnadas.

Cuando el Tribunal decreta nulidad de una sanción, explica Sáenz Ramírez, no es porque “no haya existido corrupción o un acto administrativo irregular”, sino porque el acusado realizó una buena defensa o porque no se integró en forma adecuada el expediente.

“No hay casos perfectos y a veces es complicado documentar con plenitud todas las irregularidades”, acepta.

Sobre los casos de corrupción en el Seguro Popular, Sáenz Ramírez apunta que las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública “están respaldados con pruebas, con documentos.

La Secretaría determinó que había responsabilidades y están respaldadas con documentos... Espero que estos procedimientos queden firmes”, agregó el funcionario entrevistado.

El punto final para este capítulo lo colocará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.