Senado limita espionaje telefónico del Cisen.

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El Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) no podrá bajo ninguna circunstancia alambrear las conversaciones telefónicas ni obtener de manera directa y sin orden judicial los registros en poder de las empresas de telefonía, conocidos como sábanas.

De acuerdo con la relatoría de los acuerdos alcanzados por los senadores involucrados en la elaboración del dictamen de estas reformas —en poder de este diario—, el Legislativo limitó las aspiraciones de la Presidencia para recurrir al uso de información anónima, ampliar el catálogo de motivos para solicitar a un juez la intervención comunicaciones privadas y otorgar al Cisen la facultad de solicitar directamente a las empresas telefónicas información de sus clientes.

Con ello, el Senado de la República en comisiones fijó candados para que el Cisen no repita prácticas como las que realizó en los 70.

La reforma que se discute en el Senado establece que para intervenir llamadas, el Cisen deberá seguir el procedimiento que marca el artículo 16 de la Constitución, y que obliga a que exista una orden de un juez para llevar a cabo esta práctica.

Los senadores fortalecen algunas facultades del Cisen para que por primera vez realice legalmente tareas de contrainteligencia y blinde la información reservada del Estado. Con esta reforma, el Cisen podrá compartir datos con organismos internacionales similares para establecer sistemas de cooperación.

De acuerdo con el documento, los integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos establecen una prohibición para que el Cisen contrate empresas externas para desarrollar tareas de espionaje.

En su edición del 26 de mayo de 2008, EL UNIVERSAL reveló que el Cisen pagó a una empresa privada casi un millón 200 mil pesos para dar seguimiento al Poder Legislativo.

Este contrato tiene cláusulas reservadas hasta por 12 años, como los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de inteligencia”, así como datos personales, nombres de servidores públicos del Centro y la estructura del Cisen.

En el dictamen que se turnará al pleno el 20 de abril, los senadores rechazaron la propuesta de ampliar el número de razones para poder solicitar a un juez la intervención de conversaciones privadas.

La solicitud a un juez para intervenir comunicaciones privadas sólo procederá cuando se comprueben actos que vulneren la seguridad nacional.