Noticia:
El PRI estableció su compromiso de “aprobar en el corto plazo un sistema nacional de salud de cobertura total, un seguro social para todos”, y eventualmente esa meta costaría una porción aproximada al 2.5% del PIB.
Reprobó “el gasto de recursos en programas asistencialistas que hunden a sus beneficiarios en el ciclo perverso de la dependencia”, pero aclaró que en cuanto se elabore una iniciativa de legislación, la figura de Seguro Popular podría rescatarse y reformularse.
Investigadores en la materia han asegurado a EL UNIVERSAL la conveniencia de integrar dentro de una sola estructura de atención médica a toda la población, sin que existan programas asistenciales como el Seguro Popular que descalifican como ineficaz.
Los servicios médicos adecuados para todos los habitantes del país, de acuerdo con el PRI, tendrían que abarcar a la población que está fuera de la cobertura formal del IMSS, ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex, que son las principales instituciones médicas con afiliados que cotizan servicios y prestaciones.
El Seguro Popular no ha alcanzado la meta de cobertura de salud universal en México, fijada para alcanzar en enero próximo, por fallas de diseño y de realización del programa.
El diputado Óscar Levín Coppel dio a conocer esta determinación, al presentar el posicionamiento de su partido sobre la conducción de la hacienda pública, durante la comparecencia de ayer del titular de la SHCP, Ernesto Cordero.
Medicina universal, agenda priísta
El tema de los servicios médicos universales fue integrado ayer a la agenda legislativa del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, luego de que se han dado a conocer las investigaciones de este diario sobre el manejo de recursos en salud para marginados y de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó irregularidades y reprobaciones en el desempeño del programa del Seguro Popular.
Los priístas tienen la mayoría de votos en los órganos de gobierno y en comisiones legislativas de San Lázaro, con lo que pueden impulsar cambios como el que perfiló la bancada ayer.
Buscan comparecencia
Ante el cúmulo de irregularidades del Seguro Popular, que tienen guardados miles de millones de pesos, mientras que millones de marginados no tienen acceso a los servicios de salud, y quienes están afiliados reciben atención con deficiencias, también ayer, los priístas inclinaron la balanza en favor de que sea citado ante la Comisión de Salud el responsable del programa.
El encargado de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud del país, Salomón Chertorivski, será llamado a una reunión de trabajo en el Palacio Legislativo, el próximo martes 20 de abril, a las 18 horas.
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jueves, 15 de abril de 2010
miércoles, 14 de abril de 2010
Seguro Popular; gasto negligente.
Noticia:
El capítulo de irregularidades detectadas en la elaboración de las credenciales para afiliados al Seguro Popular, y cuyos protagonistas fueron directivos de alto nivel de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), continúa sin finalizar hasta ahora.
Tres de los cuatro funcionarios que fueron inhabilitados y sancionados económicamente por la Secretaría de la Función Pública presentaron un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Si los tres ex funcionarios ganan ese juicio, se cancela su inhabilitación y se librarían de pagar, en conjunto, 450 millones 975 mil 927 pesos.
En 2007, a partir de denuncias ciudadanas, Función Pública comenzó una serie de investigaciones sobre el contrato que en 2005 estableció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con la empresa Image Technology México, SA de CV, para elaborar las credenciales Tu Salud para los afiliados al Seguro Popular.
El contrato fue acordado en 368 millones 460 mil pesos.
Esta credencial, se dijo entonces, permitiría identificar a los afiliados al Seguro Popular, comprobar la vigencia de sus derechos, automatizar los registros de información y agilizar los trámites administrativos de las unidades médicas.
En la revisión del ejercicio fiscal del 2006, la Auditoria Superior de la Federación encontró que no se tuvo evidencia de la distribución y entrega de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de tales módulos, sobre los cuales se realizaron pagos por un monto de 330 millones de pesos.
En 2006, la CNPSS otorgó un nuevo contrato a la empresa, por 465 millones de pesos, para elaborar nuevas credenciales para los afiliados del Seguro Popular. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública ordenó en 2007 que dicho contrato se suspendiera.
De viaje con el seguro
Las irregularidades encontradas en los contratos para las credenciales del Seguro Popular provocaron que la Secretaría de la Función Pública abriera expedientes en contra de cuatro funcionarios de la CNPSS, durante 2007 y 2008. En mayo de 2007, presentó la primera resolución sobre el caso.
Juan Antonio Fernández Ortiz, el primer titular de la CNPSS, fue inhabilitado para ejercer cargos en el gobierno federal durante diez años.
Además, la Secretaría de la Función Pública estableció en aquel entonces que el ex comisionado tenía que pagar una multa de 454 mil 528 pesos por las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Seguro Popular.
La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública encontró que Juan Antonio Fernández Ortiz utilizó recursos del Seguro Popular para viajar a Hong Kong, Singapur y Tokio. El motivo del viaje era visitar las instalaciones de Gemplus Industrial, empresa subcontratada por Image Technology, SA de CV para fabricar las credenciales del Seguro Popular.
Fernández Ortiz realizó su viaje junto con Rocío Herrera, entonces directora general adjunta de la CNPS.
Sin embargo, ese viaje no fue autorizado y “existían problemas de justificación. El daño patrimonial fue de alrededor de 200 mil pesos, pero se le impuso una multa de 400 mil pesos”, explica en entrevista Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
Fernández Ortiz es uno de los tres ex funcionarios que presentaron un juicio de nulidad de la inhabilitación y de la sanción económica.
Convenios voluntarios
Manuel Martínez Olguín, quien fue director general de procesos y tecnología de la CNPSS, es otro de los ex funcionarios federaels que presentaron el juicio de nulidad de las sanciones impuestas por Función Pública.
En marzo del 2009, Función Pública determinó que Martínez Olguín cometió una “negligencia administrativa”. Lo inhabilitó por 15 años y sancionó económicamente con una multa por 242 millones 593 mil 892 pesos.
Además, en agosto del 2009, Función Pública resolvió que Martínez Olguín también era responsable de la “violación de procedimientos de contratación”, por lo que le dio una nueva inhabilitación para ejercer un puesto público en la administración federal durante 15 años. También se le notificó que tenía otra multa por 103 millones 963 mil 753 pesos.
Pese a la inhabilitación, Manuel Martínez Olguín fue titular de “Innovación gubernamental”, en el Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California.
Por lo menos, ese es el cargo con el que se le identifica en los boletines de prensa que distribuyó el Ayuntamiento de Ensenada los días 26 y 29 de mayo del 2009; así como en el comunicado de prensa que se distribuyó posteriormente el 10 de junio del 2009.
Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de Función Pública, explica que no existe un impedimento legal para evitar que los funcionarios inhabilitados a nivel federal sean contratados por los gobiernos estatales o municipales.
Para evitar estas prácticas, la Secretaría de la Función Pública estableció convenios de colaboración con gobiernos estatales, para que conozcan quienes son los inhabilitados a nivel federal.
Sin embargo, sólo queda como una acción “voluntaria” el que un gobierno estatal o municipal establezca como norma no contratar a un funcionario inhabilitado por la federación.
EL UNIVERSAL buscó a Manuel Martínez Olguín. Personal del Ayuntamiento de Ensenada informó que se le podía encontrar en la Unidad de Espacios Públicos. En esa oficina, la secretaria Elvia Ruth respondió que el señor Martínez Olguín “sólo viene a checar sus recados y se va”.
El pasado 9 de abril, Manuel Martínez Olguín respondió a la petición de entrevista que semanas atrás le realizó este periódico. El ex funcionario federal aseguró que en cuanto recibió la notificación de su inhabilitación, “platiqué con el alcalde de Ensenada y me retiré del cargo” como funcionario municipal.
Martínez Olguín asegura que se dedica a ejercer su profesión de abogado en Baja California. También señaló que se defenderá, a través de los mecanismos legales, de las sanciones que le impuso Función Pública, porque, asegura no cometió ninguna irregularidad.
“Sí hubo irregularidades”: SFP
Carlos Cabrera Hidalgo, ex director general de afiliación y Operación del CNPSS, también forma parte de la lista de ex funcionarios inhabilitados y sancionados económicamente por el caso de las credenciales del Seguro Popular.
El 14 de agosto del 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud lo inhabilitó durante 15 años por “violación de procedimientos de contratación”. También estableció que el ex funcionario tenía que pagar un monto de 103 millones 963 mil 753 pesos.
Cabrera Hidalgo también presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Rocío Herrera, ex directora general adjunta de la CNPSS, también fue inhabilitada por un año y se le fijó una sanción económica por 2 mil 480 pesos.
Además, el 6 de mayo de 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud presentó en su contra una “amonestación pública” en su contra por “incumplimiento en declaración de situación patrimonial”.
De los cuatro ex funcionarios del Seguro Popular investigados por Función Pública, Rocío Herrera fue la única que pagó el monto económico. Ella no impugnó la sanción.
Al interponer un juicio de nulidad, los tres ex funcionarios consiguieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “suspenda, por el momento, la ejecución del cobro (de la sanción económica impuesta por Función Pública), mientras dicta su resolución”, explica Sáenz Ramírez.
Un juicio de nulidad puede durar, en promedio, entre seis meses a un año. Aunque hay casos que han durado hasta cinco años. Según cálculos de la misma Secretaría de la Función Pública, del 100% de las resoluciones contra ex funcionarios; 30% son impugnadas.
Cuando el Tribunal decreta nulidad de una sanción, explica Sáenz Ramírez, no es porque “no haya existido corrupción o un acto administrativo irregular”, sino porque el acusado realizó una buena defensa o porque no se integró en forma adecuada el expediente.
“No hay casos perfectos y a veces es complicado documentar con plenitud todas las irregularidades”, acepta.
Sobre los casos de corrupción en el Seguro Popular, Sáenz Ramírez apunta que las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública “están respaldados con pruebas, con documentos.
La Secretaría determinó que había responsabilidades y están respaldadas con documentos... Espero que estos procedimientos queden firmes”, agregó el funcionario entrevistado.
El punto final para este capítulo lo colocará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El capítulo de irregularidades detectadas en la elaboración de las credenciales para afiliados al Seguro Popular, y cuyos protagonistas fueron directivos de alto nivel de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), continúa sin finalizar hasta ahora.
Tres de los cuatro funcionarios que fueron inhabilitados y sancionados económicamente por la Secretaría de la Función Pública presentaron un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Si los tres ex funcionarios ganan ese juicio, se cancela su inhabilitación y se librarían de pagar, en conjunto, 450 millones 975 mil 927 pesos.
En 2007, a partir de denuncias ciudadanas, Función Pública comenzó una serie de investigaciones sobre el contrato que en 2005 estableció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con la empresa Image Technology México, SA de CV, para elaborar las credenciales Tu Salud para los afiliados al Seguro Popular.
El contrato fue acordado en 368 millones 460 mil pesos.
Esta credencial, se dijo entonces, permitiría identificar a los afiliados al Seguro Popular, comprobar la vigencia de sus derechos, automatizar los registros de información y agilizar los trámites administrativos de las unidades médicas.
En la revisión del ejercicio fiscal del 2006, la Auditoria Superior de la Federación encontró que no se tuvo evidencia de la distribución y entrega de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de tales módulos, sobre los cuales se realizaron pagos por un monto de 330 millones de pesos.
En 2006, la CNPSS otorgó un nuevo contrato a la empresa, por 465 millones de pesos, para elaborar nuevas credenciales para los afiliados del Seguro Popular. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública ordenó en 2007 que dicho contrato se suspendiera.
De viaje con el seguro
Las irregularidades encontradas en los contratos para las credenciales del Seguro Popular provocaron que la Secretaría de la Función Pública abriera expedientes en contra de cuatro funcionarios de la CNPSS, durante 2007 y 2008. En mayo de 2007, presentó la primera resolución sobre el caso.
Juan Antonio Fernández Ortiz, el primer titular de la CNPSS, fue inhabilitado para ejercer cargos en el gobierno federal durante diez años.
Además, la Secretaría de la Función Pública estableció en aquel entonces que el ex comisionado tenía que pagar una multa de 454 mil 528 pesos por las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Seguro Popular.
La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública encontró que Juan Antonio Fernández Ortiz utilizó recursos del Seguro Popular para viajar a Hong Kong, Singapur y Tokio. El motivo del viaje era visitar las instalaciones de Gemplus Industrial, empresa subcontratada por Image Technology, SA de CV para fabricar las credenciales del Seguro Popular.
Fernández Ortiz realizó su viaje junto con Rocío Herrera, entonces directora general adjunta de la CNPS.
Sin embargo, ese viaje no fue autorizado y “existían problemas de justificación. El daño patrimonial fue de alrededor de 200 mil pesos, pero se le impuso una multa de 400 mil pesos”, explica en entrevista Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
Fernández Ortiz es uno de los tres ex funcionarios que presentaron un juicio de nulidad de la inhabilitación y de la sanción económica.
Convenios voluntarios
Manuel Martínez Olguín, quien fue director general de procesos y tecnología de la CNPSS, es otro de los ex funcionarios federaels que presentaron el juicio de nulidad de las sanciones impuestas por Función Pública.
En marzo del 2009, Función Pública determinó que Martínez Olguín cometió una “negligencia administrativa”. Lo inhabilitó por 15 años y sancionó económicamente con una multa por 242 millones 593 mil 892 pesos.
Además, en agosto del 2009, Función Pública resolvió que Martínez Olguín también era responsable de la “violación de procedimientos de contratación”, por lo que le dio una nueva inhabilitación para ejercer un puesto público en la administración federal durante 15 años. También se le notificó que tenía otra multa por 103 millones 963 mil 753 pesos.
Pese a la inhabilitación, Manuel Martínez Olguín fue titular de “Innovación gubernamental”, en el Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California.
Por lo menos, ese es el cargo con el que se le identifica en los boletines de prensa que distribuyó el Ayuntamiento de Ensenada los días 26 y 29 de mayo del 2009; así como en el comunicado de prensa que se distribuyó posteriormente el 10 de junio del 2009.
Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de Función Pública, explica que no existe un impedimento legal para evitar que los funcionarios inhabilitados a nivel federal sean contratados por los gobiernos estatales o municipales.
Para evitar estas prácticas, la Secretaría de la Función Pública estableció convenios de colaboración con gobiernos estatales, para que conozcan quienes son los inhabilitados a nivel federal.
Sin embargo, sólo queda como una acción “voluntaria” el que un gobierno estatal o municipal establezca como norma no contratar a un funcionario inhabilitado por la federación.
EL UNIVERSAL buscó a Manuel Martínez Olguín. Personal del Ayuntamiento de Ensenada informó que se le podía encontrar en la Unidad de Espacios Públicos. En esa oficina, la secretaria Elvia Ruth respondió que el señor Martínez Olguín “sólo viene a checar sus recados y se va”.
El pasado 9 de abril, Manuel Martínez Olguín respondió a la petición de entrevista que semanas atrás le realizó este periódico. El ex funcionario federal aseguró que en cuanto recibió la notificación de su inhabilitación, “platiqué con el alcalde de Ensenada y me retiré del cargo” como funcionario municipal.
Martínez Olguín asegura que se dedica a ejercer su profesión de abogado en Baja California. También señaló que se defenderá, a través de los mecanismos legales, de las sanciones que le impuso Función Pública, porque, asegura no cometió ninguna irregularidad.
“Sí hubo irregularidades”: SFP
Carlos Cabrera Hidalgo, ex director general de afiliación y Operación del CNPSS, también forma parte de la lista de ex funcionarios inhabilitados y sancionados económicamente por el caso de las credenciales del Seguro Popular.
El 14 de agosto del 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud lo inhabilitó durante 15 años por “violación de procedimientos de contratación”. También estableció que el ex funcionario tenía que pagar un monto de 103 millones 963 mil 753 pesos.
Cabrera Hidalgo también presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Rocío Herrera, ex directora general adjunta de la CNPSS, también fue inhabilitada por un año y se le fijó una sanción económica por 2 mil 480 pesos.
Además, el 6 de mayo de 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud presentó en su contra una “amonestación pública” en su contra por “incumplimiento en declaración de situación patrimonial”.
De los cuatro ex funcionarios del Seguro Popular investigados por Función Pública, Rocío Herrera fue la única que pagó el monto económico. Ella no impugnó la sanción.
Al interponer un juicio de nulidad, los tres ex funcionarios consiguieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “suspenda, por el momento, la ejecución del cobro (de la sanción económica impuesta por Función Pública), mientras dicta su resolución”, explica Sáenz Ramírez.
Un juicio de nulidad puede durar, en promedio, entre seis meses a un año. Aunque hay casos que han durado hasta cinco años. Según cálculos de la misma Secretaría de la Función Pública, del 100% de las resoluciones contra ex funcionarios; 30% son impugnadas.
Cuando el Tribunal decreta nulidad de una sanción, explica Sáenz Ramírez, no es porque “no haya existido corrupción o un acto administrativo irregular”, sino porque el acusado realizó una buena defensa o porque no se integró en forma adecuada el expediente.
“No hay casos perfectos y a veces es complicado documentar con plenitud todas las irregularidades”, acepta.
Sobre los casos de corrupción en el Seguro Popular, Sáenz Ramírez apunta que las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública “están respaldados con pruebas, con documentos.
La Secretaría determinó que había responsabilidades y están respaldadas con documentos... Espero que estos procedimientos queden firmes”, agregó el funcionario entrevistado.
El punto final para este capítulo lo colocará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
lunes, 12 de abril de 2010
Seguro Popular, derroche sin resultados.
Noticia:
Los compromisos que marcaron el nacimiento del Seguro Popular siguen pendientes, entre ellos asegurar que sus afiliados cuenten con servicios médicos de calidad. Analistas señalaron que profundiza algunos de los males que pretendía combatir, entre ellos, la fragmentación de los servicios de salud y el desigual acceso a la atención médica.
El Seguro Popular, creado durante la administración de Vicente Fox y reforzado durante el gobierno de Felipe Calderón, busca otorgar servicios de salud a las personas de bajos recursos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, que no tienen empleo o que trabajan por su cuenta.
EL UNIVERSAL recorrió clínicas y hospitales de Chiapas, Guerrero, estado de México y el Distrito Federal. En todos los lugares encontró historias de decepción, enojo y frustración porque las promesas no se cumplen.
Las quejas fueron recurrentes: desabasto de medicamentos, clínicas y hospitales deterioradas, personal insuficiente o no existen los equipos para prestar servicios de calidad.
Los males no son por falta de recursos, advirtieron especialistas. En la administración de Felipe Calderón el presupuesto se triplicó. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 se le destinaron 52 mil millones.
Hace unas semanas el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares para que el Seguro Popular “sea más eficiente y llegue a mayor parte de la población”.
Para investigadores y organizaciones no gubernamentales, aunque se tenga más presupuesto, la falta de eficacia seguirá porque los problemas del Seguro Popular están en su diseño y en la administración de los recursos.
Con el Seguro Popular, también se crearon Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para el manejo del programa en las entidades. Pero cada estado diseñó el REPSS a su gusto. Actualmente 24 entidades cuentan con regímenes dependientes de las secretarías de Salud locales, por lo que no tienen capacidad técnica ni autonomía de gestión para administrar los recursos.
Alejandro González, de la organización Gestión Social y Cooperación, expresó que “no está garantizado el uso eficiente de recursos”.
Salomón Chertorivski, titular de la instancia que administra los recursos del Seguro Popular, aseguró que este año el gobierno impulsará una “segunda generación de reformas” para homogenizar los modelos de Seguro Popular que existen en los estados.
Briseida Lavielle Sotomayor, de Fundar, lamentó que no haya “mucha información pública” sobre el uso de recursos del Seguro Popular. Por su parte, John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que hay una separación “muy grande” entre los recursos que se asignan y la prueba de que se transformen en servicios de salud.
Los compromisos que marcaron el nacimiento del Seguro Popular siguen pendientes, entre ellos asegurar que sus afiliados cuenten con servicios médicos de calidad. Analistas señalaron que profundiza algunos de los males que pretendía combatir, entre ellos, la fragmentación de los servicios de salud y el desigual acceso a la atención médica.
El Seguro Popular, creado durante la administración de Vicente Fox y reforzado durante el gobierno de Felipe Calderón, busca otorgar servicios de salud a las personas de bajos recursos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, que no tienen empleo o que trabajan por su cuenta.
EL UNIVERSAL recorrió clínicas y hospitales de Chiapas, Guerrero, estado de México y el Distrito Federal. En todos los lugares encontró historias de decepción, enojo y frustración porque las promesas no se cumplen.
Las quejas fueron recurrentes: desabasto de medicamentos, clínicas y hospitales deterioradas, personal insuficiente o no existen los equipos para prestar servicios de calidad.
Los males no son por falta de recursos, advirtieron especialistas. En la administración de Felipe Calderón el presupuesto se triplicó. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 se le destinaron 52 mil millones.
Hace unas semanas el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares para que el Seguro Popular “sea más eficiente y llegue a mayor parte de la población”.
Para investigadores y organizaciones no gubernamentales, aunque se tenga más presupuesto, la falta de eficacia seguirá porque los problemas del Seguro Popular están en su diseño y en la administración de los recursos.
Con el Seguro Popular, también se crearon Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para el manejo del programa en las entidades. Pero cada estado diseñó el REPSS a su gusto. Actualmente 24 entidades cuentan con regímenes dependientes de las secretarías de Salud locales, por lo que no tienen capacidad técnica ni autonomía de gestión para administrar los recursos.
Alejandro González, de la organización Gestión Social y Cooperación, expresó que “no está garantizado el uso eficiente de recursos”.
Salomón Chertorivski, titular de la instancia que administra los recursos del Seguro Popular, aseguró que este año el gobierno impulsará una “segunda generación de reformas” para homogenizar los modelos de Seguro Popular que existen en los estados.
Briseida Lavielle Sotomayor, de Fundar, lamentó que no haya “mucha información pública” sobre el uso de recursos del Seguro Popular. Por su parte, John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que hay una separación “muy grande” entre los recursos que se asignan y la prueba de que se transformen en servicios de salud.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Seguro Popular será individual, no familiar.
Noticia:
La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios en la forma en que se entrega el financiamiento para el Seguro Popular. A partir de 2010 los recursos se entregarán por cada persona afiliada y no por familia, como se realiza actualmente.
La modificación tiene como finalidad evitar la desigualdad en la distribución de los recursos.
El presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, Julián Velázquez y Llorente, del PAN, explicó que el sistema de administración del Seguro Popular de Salud estima 4.3 miembros por familia, cuando en realidad son sólo dos o tres.
El esquema actual ocasiona que se asignen recursos a estados donde la mayoría de las familias están integradas por 2.43 miembros en promedio, mientras en otras entidades se da el mismo presupuesto para atender a familias con un promedio de 4.36 integrantes.
El gobierno federal entregará anualmente por cada persona una cuota equivalente a 3.92 por ciento del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Actualmente el seguro popular tiene afiliadas a 2 millones 200 mil familias, que representan 10 millones de personas.
Velázquez dijo que la reforma aprobada por 355 votos, 13 en contra y 4 abstenciones permitirá ampliar el número de beneficiarios, “lo que hará realidad el acceso universal de la población a la protección social”.
En septiembre el jefe del Ejecutivo envió a los diputados una iniciativa de ley con el fin de evitar la desigualdad en la distribución de recursos y de fortalecer el principio de equidad del Seguro Popular, lo que implicó reformas al artículo 77 de la Ley General de Salud.
La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios en la forma en que se entrega el financiamiento para el Seguro Popular. A partir de 2010 los recursos se entregarán por cada persona afiliada y no por familia, como se realiza actualmente.
La modificación tiene como finalidad evitar la desigualdad en la distribución de los recursos.
El presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, Julián Velázquez y Llorente, del PAN, explicó que el sistema de administración del Seguro Popular de Salud estima 4.3 miembros por familia, cuando en realidad son sólo dos o tres.
El esquema actual ocasiona que se asignen recursos a estados donde la mayoría de las familias están integradas por 2.43 miembros en promedio, mientras en otras entidades se da el mismo presupuesto para atender a familias con un promedio de 4.36 integrantes.
El gobierno federal entregará anualmente por cada persona una cuota equivalente a 3.92 por ciento del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Actualmente el seguro popular tiene afiliadas a 2 millones 200 mil familias, que representan 10 millones de personas.
Velázquez dijo que la reforma aprobada por 355 votos, 13 en contra y 4 abstenciones permitirá ampliar el número de beneficiarios, “lo que hará realidad el acceso universal de la población a la protección social”.
En septiembre el jefe del Ejecutivo envió a los diputados una iniciativa de ley con el fin de evitar la desigualdad en la distribución de recursos y de fortalecer el principio de equidad del Seguro Popular, lo que implicó reformas al artículo 77 de la Ley General de Salud.
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