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En 2008, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) detectó 27 mil 728 casos de hostigamiento y acoso sexual en 258 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), de los que sólo se denunció cerca de la cuarta parte, informó la titular del organismo, Rocío García Gaytán.
La funcionaria encabezó la ceremonia de presentación del Protocolo de Intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde llamó a constituir en todas las dependencias mecanismos para recibir y atender las denuncias sobre estas conductas con procedimientos claros, confidenciales y sobre todo imparciales.
Destacó que las víctimas de hostigamiento y acoso sexual no se atreven a denunciarlos porque enfrentan represalias como la pérdida de su empleo.
Explicó que de los casos detectados en 2008, a través de la “encuesta de cultura institucional” sólo 7 mil 796 fueron denunciados ante autoridades o mecanismos competentes, y que las mujeres son las más vulnerables a paceder este tipo de conductas, pues 15% de quienes reportaron acoso u hostigamiento pertenecían al sexo femenino, mientras los varones fueron sólo 5.3%.
García Gaytán insistió en que todas las dependencias gubernamentales deben generar un espacio para recibir este tipo de denuncias en las que, en primer lugar, se crea a las víctimas.
“Por eso estamos proponiendo este protocolo”, dijo y consideró que su implantación depende, “como siempre, de voluntad política”, pues actualmente sólo opera en una institución: el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El Protocolo de Intervención a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual derivó del diagnóstico de cultura institucional, con base en los resultados que arrojó la encuesta aplicada por el Inmujeres y la Secretaría de la Función Pública a 258 dependencias de la APF en 2008.
Según Inmujeres, 109 dependencias y entidades de la APF se han comprometido a implementar el Protocolo.
Mientras que 155 instituciones se enfocarán a difundir campañas internas para la prevención, atención y la difusión de los procedimientos de denuncia.
Los objetivos de la implementación de este instrumento son: establecer un proceso que incluye la prevención, la atención y la sanción de casos; generar un programa de quejas que garantice la confidencialidad de los casos; y, establecer una instancia colegiada que dirima los asuntos relacionados con el hostigamiento y acoso sexual.
Este Protocolo, según Inmujeres, contribuye a sensibilizar a servidores públicos responsables de la atención y seguimiento de prácticas de hostigamiento y acoso sexual que afectan los derechos humanos de mujeres y hombres al interior de las instituciones públicas.
Ernesto Herrera López, director general adjunto de Recursos Humanos de la SRE, destacó que la dependencia ha modificado el Código de Conducta de los Servidores Públicos, para evitar estas prácticas, “las cuales no serán toleradas bajo ninguna circunstancia”.
En la Cancillería, explicó, se ha habilitado el correo denuncia-acoso como una medida de protección inmediata, en tanto que para el curso de inducción para servidores públicos de nuevo ingreso, se está elaborando un apartado sobre la importancia de eliminar estas conductas.
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