Llega al Senado proyecto de reforma política priísta.

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La bancada del PRI en el Senado presentó su propuesta de reforma política, que incluye la reelección de legisladores, hasta en dos ocasiones para diputados federales y locales —para completar nueve años—, y una vez en senadores, para un periodo de 12 años.

Incluye también la reducción del número de miembros del Congreso, para pasar de 500 a 400 en San Lázaro, y de 128 a 96 en el Senado; plantea que el Presidente pueda decretar la “suspensión de garantías individuales”, con la aprobación del Congreso.

Impulsa la consulta popular, organizada por el Instituto Federal Electoral (IFE) a petición del Presidente, con el acuerdo de ambas cámaras y de 2% de los ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral. Proponen excluir los temas electoral y fiscal y, para que sea vinculante, debe participar por lo menos la mitad de los ciudadanos inscritos en el padrón del IFE.

El coordinador de la bancada priísta, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que de no aprobarse la reforma política muy pronto las instituciones y el régimen podrían quedar rebasados.



La propuesta priísta no incluye la posibilidad de candidaturas ciudadanas o independientes. Al respecto Beltrones dijo que éstas ya son posibles conforme a la Constitución, y que el tema es minuta en la Cámara de Diputados.

La reforma, que propone cambiar 31 artículos de la Constitución, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos.



El documento propone acabar con la congeladora legislativa, descontando la dieta a los legisladores que falten al trabajo en comisiones, y el llamado a sesionar desde 30 días antes a la apertura de los periodos ordinarios para desahogar los pendientes.



Busca instaurar un mecanismo para la suplencia del Presidente en caso de ausencia, para que el secretario de Gobernación quede “encargado del despacho” mientras el Congreso define nombrar a un Presidente interino o sustituto.

Lupa a secretarios de Estado

La reforma de los priístas incluye que el Senado ratifique al gabinete, en órganos como Pemex, y órganos reguladores, a excepción de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Abre la posibilidad de que el Presidente acuda al Congreso a emitir un mensaje en su Informe anual, además de su informe escrito, y a sesiones del pleno.

Los secretarios deberán rendir un informe de labores en febrero y septiembre, y podrán ser citados para dar explicaciones sobre su gestión: cada cámara podrá citarlos una ocasión de forma semestral y recibir preguntas.



El PRI plantea dar facultad a las cámaras para someter a “moción de censura” a los secretarios de Estado, con el aval de una tercera parte de los votos. La aprobación por ambas cámaras implicará “un apercibimiento o, si así se determina, la remoción del cargo”.

Impulsa la autonomía “plena” del Ministerio Público y de la PGR, cuyo titular será nombrado para una gestión de cuatro años, por el voto de las dos terceras partes del Senado.

Fin a las “partidas secretas”

En materia de fuero, propone eliminar el juicio político, para dar paso al proceso de “moción de censura”; reformar el proceso de “declaración de procedencia” para pedir a la Corte integrar una sala especial para valorar los elementos del MP y decidir si ha lugar a la apertura del procedimiento penal.

Busca quitar “partidas secretas” del presupuesto y un mecanismo de reconducción para que si el primer día del siguiente ejercicio fiscal no se han aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto, o ambos, aplique el del año anterior.

Pide agilizar la revisión de la Auditoria Superior de la Federación y eliminar principios de posterioridad y anualidad, para que pueda intervenir de manera mucho más oportuna. Podrá fincar responsabilidades mediante el proceso de moción de censura.

Plantea dar facultades de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y obligar a comparecer a los funcionarios que no acepten una recomendación de ese órgano.

Propone crear el Instituto Nacional de Identidad, para dotar de una identificación a todos los habitantes de México.

Las bancadas del PAN y PRD dieron la bienvenida a la propuesta y vaticinaron que habrá reforma antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, el último día de abril.