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Ante la insuperable resistencia del Congreso y de la opinión pública, Barack Obama parece resignado a renunciar a que algunos de los principales presos de Guantánamo sean juzgados por tribunales civiles ordinarios y mantenerlos en la jurisdicción militar. Esta decisión, que todavía está siendo estudiada, representaría un paso atrás en el objetivo declarado por el presidente de restablecer por completo la legalidad en el trato a los detenidos en la guerra contra el terrorismo.
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, declaró por escrito a la cadena CNN que el juicio a los presos de Guantánamo está siendo sometido a "una evaluación en función de la logística y los problemas de seguridad que comportan". Gibbs suspendió después su habitual conferencia de prensa diaria sin razones aparentes, por lo que no fue posible comprobar el alcance exacto de sus palabras. Pero parece evidente que Obama está a punto de dar marcha atrás en este asunto y que la Administración está midiendo el terreno antes de hacer pública la decisión.
El diario The Washington Post afirmó este viernes, citando fuentes oficiales anónimas, que los principales asesores del presidente han llegado a la conclusión de que, dada la resistencia encontrada por parte de las autoridades locales y congresistas, en estos momentos no es posible juzgar a los principales presos de Guantánamo en tribunales civiles ni en Nueva York, donde estaba previsto hacerlo, ni en ninguna otra ciudad del país.
Desde que a finales del año pasado el fiscal general, Eric Holder, anunciara que Jalid Sheik Mohamed, el supuesto cerebro del 11-S, y algunos de sus principales cómplices comparecerían ante la justicia ordinaria en la ciudad en la que cometieron sus crímenes, se desató una ola de críticas, iniciada por los republicanos pero extendida a muchos demócratas y a la opinión pública, entre la que cundió el miedo a que la presencia de esos detenidos en Manhattan pudiera provocar represalias terroristas. Finalmente, después de que el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, expresara su oposición al juicio, el Gobierno descartó la idea y anunció que buscaría otro lugar.
No debe de ser fácil la búsqueda porque es muy posible que la resistencia de Bloomberg se repita en otra localidad a la que el Departamento de Justicia trate de trasladar el proceso. Las encuestas coinciden en que los ciudadanos no quieren que los presos de Guantánamo comparezcan en una corte civil.
Ese rechazo se refleja, por supuesto, en el comportamiento de los congresistas, lo que, a su vez, tiene consecuencias en los planes de Obama de cerrar la prisión de la base en la isla de Cuba. Aunque el Gobierno ha decidido ya la cárcel, en el Estado de Illinois, a la que serán trasladados los presos que no sean liberados o enviados a otros países, no puede seguir adelante con esta labor porque el Congreso tiene congelados desde hace meses los fondos que se requieren para el cierre de Guantánamo. Esos fondos no van a ser autorizados hasta que la Administración explique con detalle el destino de cada preso y garantice que ninguno representará un peligro para los norteamericanos.
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