Alta comisionada de la ONU visita a dos indígenas presas.

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Liliana Valiña, representante adjunta en México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitará este lunes a las mujeres indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, en el penal de San José el Alto, en Querétaro.

Ambas indígenas otomíes se encuentran presas y son acusadas de secuestrar a media docena de agentes federales de Investigación (afis) durante un operativo implementado por éstos en el tianguis de la comunidad indígena de Santiago Mezquititlán, municipio de Amealco.

Esta es la segunda visita de un representante de una organización internacional que reciben Alberta y Teresa, pues el 22 de enero estuvo en Querétaro el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón, organismo que las ha declarado “presas de conciencia” y por cuya libertad realiza una campaña mundial.

Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, al igual que Jacinta Francisco Marcial (quien quedó libre), fueron detenidas en marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquititlán, luego de que los federales realizaron un operativo para el decomiso de productos pirata.

Diputados de la 56 Legislatura estatal aprobaron un exhorto al Poder Judicial Federal (PJF) y a la Procuraduría General de la República (PGR), para que resuelvan en justicia y en respeto a los derechos humanos, el caso de estas dos queretanas.

El dictamen, presentado por los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, consigna que a raíz de los hechos del 26 de marzo de 2006 en Santiago Mezquititlán, las queretanas de origen otomí Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, fueron procesadas por la probable comisión de actos constitutivos de delitos federales.

Liberan a Jacinta tras largo proceso

“Luego de un largo proceso jurisdiccional y de la vigilancia de la opinión pública, Jacinta obtuvo su libertad; sin embargo, González Cornelio y Alcántara Juan, continúan privadas de la libertad y sujetas a juicio en la prisión de San José el Alto”.

Más adelante, en el dictamen se establece que debido a que es competencia de la Procuraduría General de la República llevar la acusación en el caso y la labor del Poder Judicial Federal es resolverlo, su actuar, como autoridades persecutoras y judiciales, debe regirse por los principios de constitucionalidad y legalidad y, por lo tanto, obrar siempre en beneficio de la población.

“Sin el ánimo de violentar las atribuciones constitucionales de la autoridad federal, en los términos que demanda el contenido del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, se exhorta tanto al Poder Judicial Federal como a la Procuraduría General de la República, a conducir su actuar con total apego a la justicia y en estricto respeto a los derechos humanos de las indiciadas”, piden expresamente los legisladores queretanos.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en sesión de los diputados de la 56 Legislatura.