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María Teresa Fernández Labardini, secretaria ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), adelantó que las autoridades concluyeron la elaboración de la ley que marcará los pasos a seguir en caso de la quiebra de un banco.
Las nuevas disposiciones que se denominarán de liquidación judicial, constituyen la última parte del blindaje del sistema financiero, explicó.
Fernández Labardini, dijo que la nueva Ley de Liquidación Judicial tiene como objetivo contar con los procedimientos necesarios que permitan al gobierno actuar en caso de que se decida liquidar a un banco.
La funcionaria del IPAB detalló que se prevé realizar un proceso completo, ordenado y expedito que salvaguarde los derechos de los acreedores, con un mínimo costo fiscal.
En la actualidad, no hay ninguna disposición específica para hacer la liquidación a una entidad bancaria y se aplica la Ley de Concursos Mercantiles.
Con la legislación se busca contar con una mecánica que dé prioridad al pago o la transferencia de los ahorros a los depositantes, así como establecer esquemas que mejoren las condiciones del procedimiento en beneficio de los acreedores y, en especial, de los ahorradores.
En el primer borrador se consideró que como primer paso para la quiebra de un banco, el IPAB solicitará al juez la declaración de liquidación judicial; el juez basado en un dictamen emitirá la sentencia de quiebra; el instituto realizará el reconocimiento y graduación preliminar de adeudos, así como la enajenación de activos del mismo.
Como una segunda fase, el juez emitirá la sentencia de reconocimiento y graduación de acreedores; el IPAB iniciará el pago a los acreedores; el juez resolverá en vía incidental impugnaciones sin suspender los actos del instituto y se realizarán operaciones de conclusión, además de declararse la extinción del procedimiento.
Bajo la norma vigente, se registran procesos de liquidación lentos e ineficientes para los intermediarios, que tardan hasta una década para poder concluir el proceso de cierre.
La elaboración de la Ley es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero participa el IPAB y el Poder Judicial de la Federación.
Sobre una posible reducción en la cobertura a los ahorradores, la funcionaria del IPAB aclaró que “ese ya no es tema, porque ante la crisis internacional, diversos países incrementaron la protección”.
Y en México el nivel que se tiene se mantendrá, aseguró.
En entrevista, Fernández aclaró que los intermediarios están sólidos, estables y afrontaron de manera favorable el complejo entorno global.
Fernández comentó que el IPAB logró recuperar los activos producto de la crisis bancaria de 1995 y ahora el instituto se enfoca totalmente al tema del seguro de depósitos.
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