Cosechan beneficios desiguales en el campo.

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Rosendo Solórzano Hernández recibió 107 pesos de subsidio de Procampo para la siembra de maíz en campos de Chiapas. El apoyo para María Guadalupe Zuniga Cepeda de Tamaulipas fue de 290 mil 674 pesos. En ninguno de los dos casos se cumplen las reglas de operación del programa, modificadas el 8 abril de 2009, que establecen como tope mínimo de ayuda mil 300 pesos y máximo 100 mil.


Los dos son beneficiarios del ciclo primavera-verano 2009, señalado por la Presidencia de la República como el parteaguas de la aplicación y distribución de los recursos del Programa de Apoyos a la Comercialización (Procampo). La norma establece el aumento del ingreso para los productores que poseen menos de cinco hectáreas, que representan 70% del padrón, y limitar la ayuda a 0.2% de propietarios de grandes parcelas.

Graciela Aguilar, directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), asegura en entrevista con EL UNIVERSAL que en este periodo agrícola ya se aplicaron las nuevas reglas. Sin embargo, los listados de beneficiarios, publicados en la página de internet de la dependencia, muestran que al menos 3 mil productores de Chiapas recibieron entre 43 y mil pesos de ayuda, mientras que en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Guanajuato, hubo personas que, por sus extensiones de tierra, obtuvieron cantidades que superan por mucho los 100 mil pesos estipulados.

Miguel Pulido, director adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, considera que las reformas que se hicieron a Procampo en 2009 son “light y la evidencia muestra que no se están respetando los topes para los pagos, no hay mecanismos de sanción cuando se incumplen, además de que son altísimos”.

Estudios de los bancos internacionales señalan que el Procampo debe rediseñarse y toparse. Sugieren que el apoyo se entregue como máximo a los productores con hasta 40 hectáreas.

Libby Haignt, investigadora asociada de Fundar, considera que los topes establecidos, ya sea por extensión de tierra o por cantidad de dinero, difícilmente se respetan. “Los mecanismos de Aserca para vigilar que los pagos que están emitiendo cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, no son lo suficientemente fuertes como para asegurar que se están cumpliendo al ciento por ciento”.

Incumplen las reglas

El anuncio del gobierno federal de hacer más equitativa la distribución de Procampo, no se observa en el reporte primavera-verano de 2009 publicado por Aserca. El programa —creado en 1994 para apoyar a los productores más pobres del país que se verían afectados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte— continúa entregando beneficios millonarios a funcionarios, entre ellos, al titular de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga, y su familia. Además de ex funcionarios, poderosos agroindustriales y personajes relacionados con el crimen organizado.

“Puede parecer injusto, pero estas personas (los familiares de narcotraficantes) están produciendo cultivos lícitos y entran dentro de los requisitos del programa”, reconoce la propia directora de Aserca.

Max Agustín Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), advierte que es “del todo cuestionable que personajes que están vinculados al narcotráfico reciban el subsidio cuando hay un buen número de campesinos que no han podido acceder a estos apoyos porque sus parcelas están en trámite de regularización”.

El represente agrario señala que tan sólo la CCC tiene un padrón de un millón y medio de hectáreas de productores indígenas en el norte de Veracruz, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Chiapas, donde está pendiente la solución de conflictos agrarios. “Es injusto que a esos campesinos se les niegue el acceso a este programa por la presunción de irregularidades en el derecho a la propiedad y a personas relacionadas con el crimen organizado se le entreguen cheque millonarios. Es un esquema de tremendas injusticias”.

El diputado perredista José Narro Céspedes opina que los legisladores tienen la tarea urgente de auditar y reformar el programa para que la gente que tiene familiares ligados a grupos de delincuencia organizada, no reciban estos apoyos. “Se requiere hacerlo más eficiente, con más transparencia, y dirigirlo en mayor medida a los que más lo necesitan”.

Ricardo Luévano, especialista en derechos humanos y democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales resume que el Procampo es un “programa que beneficia la demagogia y vulnera la democracia. Fue planeado para mantener el poder, más allá, incluso de los propios gobernadores, y tener controladas las manifestaciones o revueltas contra el Estado que se pudieran gestar en el interior del país”.

Apoyo internacional condicionado

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a México un préstamo de 750 millones de dólares para la continuación de Procampo.

El organismo internacional advierte en el documento de aprobación de la línea de crédito que “los desembolsos del banco se harán únicamente contra los pagos a beneficiarios que tengan menos de 10 hectáreas. El ejecutor deberá acopiar toda la información necesaria para certificar que se cumple esta condición, y el banco hará la verificación de la misma siguiendo procedimientos acordados”.

Miguel Pulido, especialista en transparencia y rendición de cuentas de Fundar, opina que aunque los bancos internacionales planteen esquemas de supervisión y de revisión de la disposición final de los recursos, sus señalamientos se quedan en la formalidad porque no tiene ninguna implicación o consecuencia para el gobierno mexicano, si las incumple.

Previo a la autorización del préstamo, el BID financió la realización del estudio denominado Diagnóstico de Propuestas de Reforma de Procampo. Uno de los apartados señala que “La mitad de los beneficiarios de Procampo tienen menos de dos hectáreas, pero estos reciben apenas 13% de las transferencias. En el otro extremo, 3.8% de los productores, con predios mayores a 18 hectáreas en promedio, obtienen un tercio de las transferencias. El decil de productores más rico concentra casi 42% de las transferencias, mientras que el decil más pobre de productores obtiene apenas 2.2% de los beneficios.

El Análisis del Gasto Público en el Desarrollo Agrícola y Rural de México, dado a conocer por el Banco Mundial en diciembre de 2009, advierte que el gasto en agricultura aumenta la desigualdad porque más de la mitad de los recursos se distribuyen entre el grupo de productores más rico.

La institución fiduciaria internacional, que analiza un préstamo de 500 millones de dólares para el sector agrario mexicano, considera que el sistema de subsidios “es complejo y está mal orientado porque no tiene una estrategia a largo plazo bien definida ni un manifiesto fundamento socioeconómico”.