SME pide a usuarios no pagar electricidad.

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El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, pidió a los diputados afines a su movimiento a que, en el marco de la “toma pacífica” que pretenden hacer el próximo 11 de noviembre ex trabajadores de instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), utilicen su fuero para exigir que salga la Policía Federal (PF) de esos lugares.

Los líderes coincidieron en que en virtud de que no hay quien tome lectura de medidores y quien les cobre, que no paguen y que se amparen, pues además previeron que cuando se les exija que cumplan con el pago de la energía utilizada, este será muy elevado.

En el mitin que se realizó en el Monumento a la Revolución, los diputados de los partidos de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas y del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, les planteó, “de manera respetuosa” participen en esta movilización para “reestablecer” el servicio de LyFC.

Esparza Flores insistió que en su lucha por derogar el decreto de extinción, está en juego el pacto social, sostuvo que la PF tiene sitiadas las instalaciones referidas y acusó que existe una persecución en su contra y la de los integrantes del Comité Central del SME.

Recordó que el próximo jueves se ha convocado a los integrantes de esa organización a una “huelga política” y poner las banderas rojinegras en centros de trabajo de la extinta LyFC y llevar de manera pacífica este movimiento y “reestablecer”, en esa sintonía, el orden constitucional en donde debe prevalecer el ejercicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo, refrendaron el apoyo y solidaridad de los legisladores de sus institutos políticos para derogar el decreto de extinción mencionado a través de la vía legal y pidieron a los electricistas mantener la unidad y sumar esfuerzos con otras organizaciones sindicales para triunfar en su lucha.

El vocero del SME, Fernando Amezcua, leyó un comunicado en el que esa organización denuncia que se han ejercido presiones políticas por parte del gobierno federal en contra de la jueza Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, quien el pasado viernes resolvió otorgar la suspensión provisional del acto reclamado por el SME.