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Los ministros de Finanzas de la eurozona aprobaron ayer en Bruselas la reducción de sueldos y una reforma de pensiones para Grecia, como propuso la Comisión Europea.
Los dieciséis países de la zona euro dieron un mes de plazo a Grecia para que presente los primeros resultados de su plan de saneamiento de las cuentas públicas o le “impondrán” medidas adicionales que Atenas tendrá que “aceptar”.
En caso de que el plan de ajuste y las medidas adicionales demandadas por Bruselas (si hicieran falta), no lograran estabilizar la situación, los socios europeos no dejarán a Grecia a merced de “la voracidad de los mercados”.
Éstas fueron las principales ideas que transmitió ayer el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, que se esforzó por lanzar un mensaje claro, luego de las acusaciones de indefinición vertidas la semana pasada después de la cumbre de líderes, en la que se acordó que la Eurozona prestará apoyo, por definir, en caso de que Grecia continúe a la deriva.
Juncker dijo que “Grecia es responsable de la consolidación de sus finanzas públicas” y confirmó que las autoridades helenas se han comprometido a tomar a mediados de marzo las medidas adicionales “que hagan falta” para lograr su objetivo de reducción de déficit de cuatro puntos porcentuales en 2010.
También lanzó un mensaje muy duro a los mercados, a los que dijo que “se equivocan si creen que pueden arrodillar a Grecia”, “porque ésta se ha tomado muy en serio sus compromisos”. Según lo que Juncker explicó a la salida de la reunión mensual de los ministros de Finanzas de la zona de la moneda única, la secuencia pactada es la siguiente:
El 16 de marzo, el gobierno griego enviará a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo un informe de los avances alcanzados este mes. En caso de que el Ejecutivo comunitario y el BCE consideren insuficiente lo alcanzado, negociarán la adopción de medidas adicionales con Atenas y enviarán una propuesta formal al Eurogrupo.
Será entonces cuando los ministros de Finanzas de la zona euro podrán imponer al gobierno griego la adopción de decisiones adicionales de consolidación de sus finanzas públicas y lo harán por mayoría cualificada.
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