Líder tricolor renuncia en Oaxaca; anticipan fractura.

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Jorge Franco Vargas renunció ayer a la presidencia del Revolucionario Institucional (PRI) estatal “para no ser juez y parte” en el proceso interno, además de que busca la candidatura de su partido a la gubernatura a elegirse el próximo 4 de julio.

En Oaxaca el PRI tiene además como precandidato al legislador federal Eviel Pérez Magaña, quien cuenta con toda la logística oficial y es considerado “delfín” del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

También aspiran el alcalde capitalino, José Antonio Hernández Fraguas; el senador Adolfo Toledo Infanzón y los secretarios de Administración y Salud, José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva, respectivamente.

El nuevo presidente de los priístas oaxaqueños, el ex secretario general del gabinete estatal, Jorge Toledo Luis, aseguró que consolidará “la unidad” de los priístas que están preparados para ganar el gobierno de Oaxaca y la mayoría en el Congreso y las alcaldías.

Con la renuncia de Jorge Franco a la presidencia del PRI estatal, el tricolor muestra “momentos de tensión interna” de cara a la nominación de su candidato al gobierno de Oaxaca, dijo el investigador Víctor Leonel Juan Martínez.

El académico del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO) mencionó que más allá de los argumentos del diputado federal, como los de renunciar a la presidencia del PRI para buscar la candidatura, lo que se observa es que en el partido no se están cumpliendo las reglas no escritas.

“Primer damnificado político”

“Eventualmente Jorge Franco Vargas podría protagonizar en los próximos días una ruptura en el PRI porque aún tiene ascendencia sobre grupos priístas regionales, pero no tiene hacia dónde moverse y difícilmente sería aceptado en la coalición opositora que forman el PAN, PRD, PT y Convergencia, con Gabino Cué, como candidato”.

Para el investigador, Jorge Franco fue “el primer damnificado político” que dejó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida en octubre pasado, que encontró violaciones graves contra los derechos humanos en el largo conflicto social que sacudió a la entidad oaxaqueña en 2006.