Mayorga violó ley al recibir subsidios, acusan.

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El secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, violó la ley y la ética al recibir subsidios directos al productor agropecuario, y ser a la vez cabeza del sector, aseguraron legisladores en la Cámara de Diputados, preocupados por la inobservancia de la ley en las más altas esferas gubernamentales.

Cobrar como funcionario y recibir subsidios al productor ocurre en el gobierno federal, pero también en el nivel estatal, donde secretarios de Fomento Agropecuario han sido servidores públicos y agricultores, dijo el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Especial Concurrente para el Campo, Federico Ovalle Vaquera, del PRD.

El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), dijo que en el caso de la familia del secretario Mayorga, sus integrantes que aparecen en el padrón de Procampo deben abstenerse de recibir subsidios, pues el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos lo impide a familiares hasta con cuarto grado de parentesco.

Ovalle Vaquera y Benítez Treviño lamentaron el escaso rigor con el que las autoridades aplican la legislación y las reglas de operación sobre Procampo, y que ha dado lugar en el padrón a delincuentes o personas vinculadas con grupos de narcotraficantes.

Dijeron que las autoridades deben reconocer cuando se trata de auténticos agricultores que padecen llevar los mismos apellidos de criminales buscados por la justicia, y cuándo se trata de una burla al estado de derecho.

El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Di Costanzo (PT), reprobó la gestión del secretario de Agricultura, porque mientras se beneficia en lo personal con subsidios directos a productor, es responsable de subejercicios en el mismo Procampo.

Di Costanzo dijo que en el Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, que debe presentar en San Lázaro el miércoles de esta semana el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, hay un subejercicio en Procampo de 531 millones de pesos.

Federico Ovalle dijo que “el conflicto de interés que se genera entre secretarios de Agricultura federales y estatales que figuran en el padrón de Procampo existe desde hace años, pero la respuesta de las autoridades ha sido muy laxa”. No les ha importado que sea del dominio público y han decidido que “así va a ser”.

Mencionó que el marco legal de Procampo se debe revisar a fondo, pues requiere cambios relevantes, ya que “está mal diseñado y mal ejecutado”.

Benítez Treviño dijo que en los altos niveles del gobierno federal se demuestra cinismo, como resultado de la débil cultura de la legalidad que caracteriza a la clase gobernante. “ Esa es la crisis más grave, la de los valores”.