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El ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, frenó en diciembre de 2009, en el Senado, una iniciativa para depurar el padrón de Procampo, con el argumento de que es tarea del Poder Ejecutivo.
El proyecto promovido por los priístas Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández y Francisco Herrera planteaba una reforma a la Ley de Capitalización de Procampo para que el listado de beneficiarios de este apoyo económico fuera evaluado “periódicamente” por instituciones “académicas nacionales o internacionales”.
El 8 de diciembre, el pleno desechó la propuesta “por improcedente”. El ex funcionario y ahora senador Cárdenas Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentó que no se requiere de “instrumentos jurídicos adicionales” para blindar el programa de apoyos.
Dijo que si en la lista de 2 millones 700 mil beneficiarios hay 20 o 40 “errores o fallas involuntarias” el porcentaje de efectividad es de 99.99%.
Además, “siempre cualquier programa en cualquier parte del mundo tiene márgenes mínimos de error”.
El legislador Toledo Infanzón mencionó que durante la discusión del dictamen de este proyecto, que finalmente se calificó “en sentido negativo”, la Sagarpa intervino con el argumento de que los padrones son públicos.
Desde su perspectiva, Procampo “fracasó”, ya que “en vez de volverse un estímulo para la productividad, es un programa de subsidios”.
Ayer EL UNIVERSAL dio a conocer que en el listado de beneficiarios de apoyos económicos aparecen el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, sus hermanos Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo.
Hasta el ciclo primavera-verano del año pasado, último dato disponible, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
En la Cámara, los diputados aseguraron que el secretario de Agricultura violó la ley y la ética al recibir los subsidios para el agro.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), la familia del secretario debe abstenerse de recibir subsidios, pues el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos lo impide para familiares hasta con cuarto grado de parentesco.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Di Costanzo (PT), dio a conocer que en el Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, que esta semana presentará el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, hay un subejercicio en Procampo de 531 millones de pesos.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Concurrente para el Campo, Federico Ovalle Vaquera, del PRD, alertó que a nivel estatal es una práctica común cobrar como funcionario y recibir subsidios.
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