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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una queja contra el líder nacional panista, César Nava, por difundir las grabaciones de conversaciones privadas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera.
En la denuncia, recibida poco después de las 18:30 horas en el IFE, el partido tricolor acusó al presidente del PAN por calumniar, difamar y denigrar al PRI; así como por incurrir en delitos federales al intervenir comunicaciones privadas de gobernadores.
Por ello, solicitó al órgano electoral iniciar el procedimiento especial sancionador contra Nava Vázquez, y a la Comisión de Quejas y Denuncias ordenar como medidas cautelares el "cese" de las declaraciones del dirigente panista.
También solicitó denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) , pues se trata de un delito federal, el cual lo compara con el caso de la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, quien enfrenta un proceso penal, recordó.
En la denuncia, el partido tricolor se quejó de las declaraciones vertidas por César Nava en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del PAN donde calificó de "señores feudales arropados en una falsa bandera del federalismo" , a los priistas.
"Las declaraciones denigratorias y calumniosas del diputado federal, César Nava, presidente del PAN, forman parte de una estrategia de carácter electoral encaminada a desprestigiar al PRI", señaló al Consejo General en el documento.Por esta razón, solicitó que la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE dicte medidas cautelares con el fin de cesar
"los actos que constituyen infracción, para evitar la producción de daños irreparables" al PRI.
Sobre la difusión de conversaciones vía telefónica del gobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera, el partido tricolor destacó que es un delito federal pues fueron hechas públicas sin que haya mediado autorización judicial.
Y retoma en ella el caso de la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro Calderón, quien es acusada de delitos de extorsión agravada, amenazas e intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial.
Por lo tanto, solicitó al IFE denunciar tales hechos ante la PGR que "tiene que aplicar la ley en el mismo rigor jurídico que utilizó en el caso de Purificación, además de sancionarlo con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".
Con ello, agregó, que la PGR "determine el ejercicio de la acción penal en contra del dirigente denunciado por estar utilizado información proveniente de actos ilícitos" .
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