Analizan juicio político a Molinar

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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar una opinión jurídica para iniciar un juicio político en contra de Juan Molinar Horcasitas por su posible responsabilidad en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños.

“La Junta de Coordinación Política ha considerado indispensable que la Cámara de Diputados pueda explorar los procedimientos para iniciar juicio político contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, por no haber conducido su desempeño público con estricto apego a los principios de su cargo y, por tanto, se darán todas las facilidades institucionales para que los afectados por actos ilícitos o arbitrarios por acción u omisión de dicho funcionario público puedan hacer valer sus derechos”.

El acuerdo, que contiene la firma de los vicecoordinadores del PRI y PAN, Jorge Carlos Ramírez y Alberto Pérez Cuevas; de Alejandro Encinas por el PRD, y de representantes de PVEM, Convergencia, PT y Panal, tiene como base el resolutivo presentado por el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar.

“Este órgano de gobierno ha valorado el contenido de la exposición del ministro en torno a la responsabilidad de servidores públicos en el caso de la guardería ABC, particularmente en lo referente a la responsabilidad imputada a Molinar, quien fungía como director del IMSS.

“En este tenor y aun cuando la decisión de los ministros fue ampliamente discutida, este órgano considera que por su fundamentación son válidos los señalamientos y responsabilidades formulados por el ministro Zaldívar (…) por lo que es necesario explorar la procedencia del juicio político en contra del actual secretario de Comunicaciones”, señala.

Violan secrecía

Pérez Cuevas rechazó que el acuerdo firmado por él busque a fincar responsabilidades a Molinar por el incendio y dejó entrever la manipulación del texto.

Con base en consultas a vicecoordinadores, la propuesta de juicio político fue presentada por el PRI y respaldada en una primera etapa a cambio de que también se incluyera un estudio jurídico de los caso Lydia Cacho y la manipulación del gobernador Mario Marín, y Atenco y la responsabilidad en la violación de derechos humanos del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Neta.