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El comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, confirmó la detención de 10 agentes de esa corporación policiaca, acusados de extorsionar a comerciantes y empresarios de Ciudad Juárez.
Expresó que son 10 y no 12 los elementos federales destacamentados en la ciudad dentro de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCH) los que fueron detenidos y acusados de extorsionar a comerciantes de la zona centro.
Dijo que la SSPF no permitirá abusos, en tanto que los elementos de la PF fueron concentrados a las instalaciones de la delegación estatal de la PGR en Chihuahua, oficialmente ya “a disposición del Ministerio Público Federal para la integración del expediente”.
El pasado 8 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública federal tomó a su cargo la seguridad en Juárez, con la participación de 5 mil agentes, 412 carros de radio patrulla, ocho vehículos blindados, 90 motocicletas y cuatro aeronaves, tras concluir el convenio de colaboración del Ejército mexicano con ese municipio.
La Sedena dispuso de un plan operativo para la seguridad en cruces internacionales y terminales de transportación aérea y terrestre para el ingreso y salida a Ciudad Juárez. También tendrán el control de la zona rural y en las comunidades ubicadas en el Valle de Juárez.
La SSP federal informó en esa ocasión que desarrollaría un plan operativo que contempla siete ejes para atender los casos de secuestro, extorsión y el combate a las estructuras criminales, en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales.
La investigación que integró hace unos días el Ministerio Público en la Procuraduría General de la República (PGR) podría abrir la puerta a la presentación de futuras denuncias, pero no relacionadas con una presunta responsabilidad en extorsiones cometidas a comerciantes de “discos piratas”, sino de empresarios que han sido víctimas por grupos de extorsionadores y hasta de secuestro encabezados por federales, dijo el presidente de la Unión de Yonkeros, Héctor Lozoya.
De manera extraoficial, la noche del martes cuatro efectivos fueron arrestados por sus propios compañeros luego de que el departamento de Asuntos Internos recibiera una denuncia. En tanto que ayer fueron arrestado otros ocho.
Los detenidos, de los que no se proporcionó su situación jurídica, permanecen en las instalaciones de la PGR, en tanto que el Ministerio Público Federal los investiga por los delitos mencionados.
Versiones señalan que los federales intentaron extorsionar a un distribuidor de piratería que operaba en distintas zonas de la ciudad fronteriza, a quien habrían exigido el pago de 50 mil pesos mensuales por dejarlo “trabajar”.
El gobernador José Reyes Baeza anunció que entabló pláticas con el mando de la Operación Coordinada para que se instaure una Comisión de Honor y Justicia en la que la ciudadanía pueda denunciar de manera anónima cualquier abuso de autoridad de las fuerzas federales.
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