Garzón se defiende de acusaciones.

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El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón pasó ayer al ataque. Ante la posibilidad de acabar sentado en el banquillo de los acusados e inhabilitado hasta 20 años acusado de un delito de prevaricación durante sus investigaciones acerca de las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975), el magistrado solicitó ayuda internacional.

Garzón presentó un recurso de casación contra el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, en el que éste confirmaba la existencia de indicios contra él.

En dicho recurso, presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la que debe decidir sobre el sobreseimiento de la causa, Garzón solicita la toma de declaración de destacados magistrados y juristas internacionales.

Entre los jueces que Garzón solicita llamar a comparecer están Carla del Ponte, antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) de la antigua Yugoslavia; Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina; Juan Guzmán Tapia, quien abrió causa contra los responsables de la dictadura chilena; Hugo Relva, coordinador de Justicia de Amnistía Internacional; Sergio García Ramírez, magistrado de la Corte Internacional, y Eduardo Freile, presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina.

Garzón pide además la declaración como testigos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, quienes apoyaron la competencia del magistrado para investigar los crímenes del franquismo.

Incluye también en la lista al antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, al fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y a un grupo de expertos en el proceso contra el franquismo.

El juez indicó en su recurso que los argumentos del juez Varela son “insostenibles”, “incomprensibles” y sin fundamento jurídico. Acusó a Varela de imputarlo por prevaricación usando únicamente “una sucesión de calificativos peyorativos” y pide anular la causa en su contra. Pero las posibilidades de que el recurso prospere son casi inexistentes.

La querella contra Garzón fue interpuesta por las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, que le acusaron de prevaricación. Es decir, de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975).

El juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, hace unos días lo corroboró al asegurar en un escrito de 54 páginas que Garzón no pretendió investigar los “horrendos crímenes” de la dictadura franquista, sino que obró “con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas”.

De acuerdo con los argumento de Varela, Garzón se extralimitó tras aprobarse la ley de Memoria Histórica al hacerse cargo del control de las localizaciones y exhumaciones de los cuerpos de las víctimas de la dictadura y además “ignoró conscientemente” la Ley de Amnistía, aprobada tras la muerte de Franco y por la que prescribieron los delitos cometidos en la era del franquismo.

La Sala de lo Penal que tendrá que decidir si respalda la petición de Varela está formada por los jueces conservadores Juan Saavedra, Adolfo Prego, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, y por el progresista Joaquín Jiménez.

Si finalmente la Sala no revoca la decisión, Varela preparará el juicio oral contra Garzón. En caso de que esto ocurra, el juez será inhabilitado hasta que haya una sentencia.