Abogados reconocidos defenderán a “Greg”

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El bloque PRD, PT, Convergencia echará mano de dos de los abogados más reconocidos del país para llevar a cabo la defensa jurídica de Gregorio Greg Sánchez Martínez, candidato opositor al gobierno de Quintana Roo inhabilitado por supuestos delitos relacionados con el crimen organizado.

La alianza quintanarroense y sus dirigencias nacionales reciben asesoría del ex ministro de la Suprema Corte, Juventino Castro y Castro, y contrataron al despacho de Gonzalo Aguilar Zinser, hermano del extinto embajador y primer coordinador de seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zinser.

Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, confirmó que será el despacho de Aguilar Zinser el encargado de apuntalar la defensa jurídica de Gregorio Sánchez, en tanto que Manuel Camacho Solís, coordinador del frente político Dia, dijo que toda la acción que emprendan será con total apego a la ley.

Un análisis realizado por el ex ministro Castro y Castro, remitido ayer a la dirigencia del PRD y dado a conocer por Camacho Solís, apunta que Greg Sánchez sí puede competir por la gubernatura en tanto no se le dicte sentencia condenatoria y considera “inconstitucional” el auto de formal prisión dictado contra el abanderado.

El ex ministro Juventino Castro concluyó: “Lastimosamente se han hecho comentarios y tomado actitudes que pretenden sancionar a una persona desde que se inicia su proceso, y no hasta que un juez de su causa decrete la pérdida de sus derechos políticos”.

En el análisis que envió a los tres partidos, difundido en la sede nacional del PRD, el constitucionalista subrayó que Greg Sánchez Martínez sólo podrá ser suspendido de sus derechos políticos cuando así lo declare el juez que lo encause en sentencia definitiva.

Dijo que se ha especulado tanto en la prensa como por las autoridades electorales de que Sánchez no puede contender por la gubernatura, ya que está sujeto a proceso por un juez de Distrito en Nayarit por un “auto de formal prisión” que fue declarado inconstitucionalmente.

Olvidan reformas a la ley

Explicó que “por un error del Poder Legislativo al proponer la modificación constitucional del artículo 38, no fue adaptado a lo estipulado por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial del 18 de junio de 2008”.

El ex ministro dijo que esa reforma constitucional establece como “auto cabeza de todo proceso, el auto de vinculación a proceso y desapareció el auto de formal prisión que ya no existe”, aunque el juez de Nayarit así lo haya “inconstitucionalmente decretado”.

Castro y Castro hizo notar que el Poder Reformador de la Constitución dictó un nuevo artículo 20, “que determina los derechos de las personas en un proceso penal acusatorio, y cuya fracción I, del Apartado B, que norma todos los derechos de toda persona imputada, textualmente ordena: “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Asentó que “el Poder Reformador de la Constitución” se ajustó desde el año de 2008 a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diversas ejecutorias.

El principio de la presunción de inocencia de los imputados, —agregó Castro y Castro—, está ordenado en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y en el artículo 8 del Pacto de San José. Todo fue ignorado en el presente caso.