El presunto 'cerebro' del 11-S será juzgado en un tribunal federal en Nueva York.

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El presunto cerebro de los atentados del 11-S en Estados Unidos, Jalid Saij Mohamed, y otros cuatro imputados serán trasladados desde el centro de detención de la prisión de Guantánamo a Nueva York para ser juzgados, ha confirmado hoy el fiscal general, Eric Holder, quien ha asegurado que, en caso de ser condenados, pedirá la pena capital para los cinco.

Holder ha informado en una conferencia de prensa que los cinco sospechosos serán trasladados a Nueva York después de que el Gobierno de Barack Obama dé al Congreso los 45 días de aviso requeridos y se realicen las consultas con las autoridades locales y estatales.

La esperada decisión es el primer gran paso en el plan de Obama de cerrar la base estadounidense de Guantánamo a principios de 2010. La noticia se ha conocido el mismo día que el consejero de la Casa Blanca, Gregory B. Craig, uno de los principales artífices de la política de Obama respecto a Guantánamo, ha dimitido.

Jalid Saij Mohamed y los otros cuatro imputados en los atentados de 2001 se enfrentaban a cargos susceptibles de la pena capital ante una comisión militar en Guantánamo pero ahora serán juzgados en un tribunal federal. Esta decisión, sin embargo, no afectará a la gran mayoría de los 215 detenidos que permanecen en Guantánamo, según las fuentes consultadas por The Washington Post.

"Estoy completamente convencido que Jalid Saij Mohamed estará sujeto a las más rigurosas demandas de la justicia. Los estadounidenses insistirán en ello. Mi administración insistirá en ello", ha dicho el presidente Obama en Tokio, donde realiza una visita de dos días como parte de su gira asiática.

Responsables de la Administración de Obama esperan que hasta 40 de los 215 detenidos sean juzgados finalmente bien por tribunales federales o comisiones militares. Entre estos últimos, según informa Reuters, citando fuentes federales, figura el cerebro del atentado contra el buque de guerra USS Cole en Yemen en 2000, Abd al Rahim al Nashiri.

Mientras, unos 90 han recibido el visto bueno para ser repatriados o reubicados en un tercer país, según fuentes oficiales, lo que deja unos 75 que seguirán detenidos porque se les considera muy peligrosos para ser puestos en libertad pero no pueden ser juzgados por falta de pruebas y por los límites en el uso de material clasificado.

Dimisión

Paralelamente, la Casa Blanca ha anunciado hoy que Gregory Craig, que ha liderado el proceso de cierre de la prisión de Guantánamo, ha presentado su dismisión. Craig será reemplazado por el letrado demócrata Bob Bauer, el abogado personal del presidente.

Craig fue uno de los principales asesores de Obama durante la campaña electoral, donde se mostró muy crítico contra la entonces rival del senador y actual secretaria de Estado, Hillary Clinton. Como consejero legal de la Casa Blanca se hizo cargo del proceso para el cierre de Guantánamo, después de que Obama anunciara tras su toma de posesión la clausura de la penitenciaría para el 20 de enero de 2010. Pero Craig quedó pronto desencantado del proceso político. Sus críticos le acusaban de no haber tenido en cuenta cosas como la oposición entre los legisladores al cierre de la prisión y la posible transferencia de detenidos a EE UU.

El presidente estadounidense elogió en un comunicado la figura de Craig, "un amigo cercano y consejero en el que confío que ha abordado muchos desafíos complicados como asesor de la Casa Blanca". Por su parte, el nuevo consejero legal "es conocido como un abogado duro y muy respetado", que deberá hacerse cargo de un abanico de responsablidades, como la de "acometer los numerosos litigios que esta Administración ha heredado, identificar candidatos judiciales y garantizar que los funcioarios de la Casa Blanca siguen respondiendo a los estándares éticos y legales más altos".

Funcionarios de la Casa Blanca han admitido la improbabilidad de que se pueda cumplir el plazo del 20 de enero para el cierre de Guantánamo. Entre otras cosas, hasta ahora no ha sido posible determinar qué hacer con una serie de casos que no se pueden extraditar a terceros países o juzgar en tribunales militares de EE UU.