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Aunque perseguido aún por la sombra de la muerte de Paulette Gebara, y fuertes cuestionamientos de incompetencia como investigador, Alfredo Castillo Cervantes fue ratificado por el Congreso local como nuevo titular de la Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), respaldado por el PRI, PVEM, PSD, Nueva Alianza y Convergencia.
Durante una maratónica sesión de la 57 Legislatura local, la mayoría encabezada por los priístas logró sacar adelante la propuesta del gobernador Enrique Peña para que Castillo Cervantes encabece la PGJEM durante los 15 meses que le restan a la actual administración, con 51 votos a favor y sólo 18 en contra, provenientes de los legisladores del PRD, PT y PAN.
Al fijar su postura, el panista Jorge Isunza advirtió que no obstante que el caso Paulette evidenció las graves deficiencias y rezagos que arrastra la Procuraduría estatal, el Ejecutivo estatal lo propuso sin darse cuenta, dijo, que “nace un procurador golpeado, maltratado y sin el respaldo social que se requiere para tener un Estado eficaz”, señaló, en referencia a un reciente texto publicado por el mandatario en el que destaca textualmente esa tesis.
“No podemos entender que en un estado con una creciente descomposición en materia de seguridad, se designe un procurador con tan poco margen de maniobra, con tan poco respaldo social, como el propio gobernador escribió en su artículo y que dice, se necesita, para gobernar eficazmente”, indicó el diputado.
Isunza resaltó asimismo datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Observatorio Ciudadano, que colocan al estado de México en el primer lugar nacional en secuestros, robo de autos, feminicidios e impunidad, ya que de cada 100 delitos que se denuncian, sólo dos terminan en una sentencia.
Argumentos y estadísticas
Destacó que la entidad mexiquense ha registrado 136 averiguaciones previas por secuestro en esta administración, en tanto que de 2007 a 2009 se han registrado 556 feminicidios, de los cuales 89 ya corresponden al presente año. Por su parte, el PRD, en voz de su coordinador, Ricardo Moreno, anticipó que su voto en contra de Castillo no respondería a una “perversa alianza” con el Partido Acción Nacional, como, señaló, supone el gobernador, sino a la corrupción e inoperancia de la Procuraduría del estado de México, la cual, agregó, es un edificio que se ha convertido en “un monumental archivo” que expide copias certificadas de denuncias levantadas por los ciudadanos (para cobrar un seguro) o actas de defunción.
Destacan trayectoria de Castillo
A la defensa de Castillo surgieron los legisladores del PRI Antonio Mendoza, Carlos Iriarte y Miguel Sámano —ex secretario particular del ex gobernador Arturo Montiel—, quienes destacaron la trayectoria del hoy procurador como conocedor del derecho y su desempeño en distintos puestos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencua Organizada (SIEDO).
Al final, a los 39 votos del PRI se sumaron tres de los legisladores de Convergencia; uno del PSD; seis de Nueva Alianza y dos del PVEM; contra nueve de AN; siete del PRD y dos del PT.
Durante la sesión se discutió y aprobó la designación de 15 magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de los cuales los más cuestionados fueron Sergio Valls Esponda, hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la NAción, Sergio Valls Hernández; el ex director de la Facultad de Derecho, Enrique Vega, y Marco Antonio Nava, ex director jurídico del gobierno mexiquense; señalados por la oposición como simples “advenidizos” sin carrera judicial alguna.
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