Éxodo latino de Arizona

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“´¿Cuánto?”, pregunta un joven en español, mientras señala cuatro envases de cera para autos en una reciente venta de garaje en un vecindario del este de Phoenix.

Minerva Ruiz y Claudia Suriano no saben el precio, así que le dirigen un grito a su amiga Silvia Arias, quien es la que ofrece esos productos en venta.

Pero Arias no escucha y Suriano improvisa. “Cinco dólares”, dice también en español, y logra otra venta.

Mientras las mujeres esperan a su próximo cliente, bajo el calor matutino creciente en Arizona, hablan sobre alimentos y ropa, acerca de sus niños y sus maridos. Son buenas amigas y todas colaboran con la escuela primaria del vecindario para ayudar en la educación de sus hijos.

Las tres son inmigrantes mexicanas.

Pero ahora, realizan la venta de garaje a fin de recaudar dinero para marcharse de Arizona y escapar de la severa ley estatal que las considera delincuentes, por ser indocumentadas. Ruiz y Suriano, así como sus familias, planean mudarse este mes. Arias y su familia contemplan la posibilidad de irse, pero esperarán a ver si la nueva ley entra en efecto el 29 de julio, como está previsto. En ese caso, no tendrán otra alternativa que marcharse.

La ley requiere que la policía, cuando investigue algún presunto delito o infracción, pregunte a las personas sobre su estado migratorio, si existe una “sospecha razonable” de que esa persona se encuentra ilegalmente en el país. Convierte también en un delito menor el encontrarse sin documentos en Arizona, y prohíbe buscar trabajo como jornalero en las calles del estado. Al promulgar la ley, el estado no ha ocultado sus intenciones. Busca expulsar de Arizona a los indocumentados y desalentar su regreso.

No hay datos oficiales sobre cuántos se marcharán debido a la ley. Pero las experiencias referidas por escuelas, comercios, iglesias e instalaciones de salud sugieren que partirá un número considerable de personas.

Ruiz, Suriano y Arias son un ejemplo que ilustra lo que enfrentan muchas familias, confrontadas con un cruel dilema. Para irse, deben sacar a sus hijos de la escuela, buscar nuevos empleos y viviendas en otro lugar, en fin, cambiar de vida.

Pero si se quedan, saben que sus familias serán vigiladas bajo las leyes más estrictas de inmigración que hay en el país, y están conscientes de la amenaza potencialmente mayor que enfrentarían si son detenidas y deportadas. Perciben además una hostilidad general creciente contra los hispanos. En el tramo de 400 metros de la calle Belleview donde viven Ruiz y Suriano en Phoenix, más de la mitad de los apartamentos y casas tienen letreros de “se renta” en la fachada. Las mujeres dicen que la mayoría de la gente ha pensado en mudarse desde finales de abril, cuando se promulgó la nueva ley.

“Todos tienen miedo”, dijo Arias.

Las tres amigas son integrantes de un grupo de padres comprometidos con la educación de sus hijos en la escuela que se ubica en la misma calle, dijo Rosemarie. Ruiz, de 38 años, y su marido carpintero, llegaron a Estados Unidos desde Los Mochis, Sinaloa, hace unos seis años, con visas de turistas, que expiraron hace un buen tiempo. Dos de los niños, de 9 y 13 años, están aquí ilegalmente, mientras que su hijo de un año nació en EU. La familia se mudará a Clovis, Nuevo México, donde tiene otros parientes. “Allá todo está más tranquilo”, considera Ruiz. Suriano, de 28 años, cruzó junto con su marido la frontera hace seis años, por el desierto, llevando en brazos a un bebé. El niño tiene ahora 9 años y la pareja tiene otro hijo, de 4, nacido en este país.

Ahora, Suriano piensa mudarse a Albuquerque, donde no conoce a nadie. “Estamos dejando atrás todo”, dice Suriano, con lágrimas en los ojos. “Pero tengo mucho miedo de que la policía me agarre y me mande de regreso a México”.