Aprueban marco legal para Ejército.

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El Senado aprobó el marco legal para regular la participación del Ejército en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, pero sin establecer en este documento limitaciones al fuero militar, con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el Ejecutivo está acotado para instaurar un estado de excepción o decretar la suspensión de garantías individuales bajo el argumento de una crisis de seguridad interior.

Los militares, marinos y la Fuerza Aérea realizarán operativos en compañía de visitadores de la CNDH y de autoridades civiles, quienes serán responsables de aprehenderlos.

“En caso de que la autoridad responsable de la coordinación de las fuerzas federales, estime necesarias medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación, hará el requerimiento respectivo por escrito al MP que corresponda. El Poder Judicial de la Federación resolverá sobre las solicitudes del Ministerio Público señaladas en un plazo que no exceda de 12 horas a partir de su presentación”, establece el documento.

Además, la bancada del PRD colocó un grillete para que el Presidente de la República y los gobernadores no puedan utilizar a los militares, marinos e integrantes de la Fuerza Aérea para socavar movimientos sociales o conflictos con un origen político.

La fórmula legal para sacar al Ejército de los cuarteles propuesta por el Senado es la Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, la cual podrá ser solicitada por el Congreso local, los gobernadores o el jefe de gobierno del DF al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), siempre y cuando la fuerza policial estatal este rebasada por las células delictivas.

Durante la discusión en el pleno, la oposición (PRD-PT y Convergencia) hizo un último esfuerzo por abrir el debate para transformar el fuero militar.

“Tenemos que proteger al Ejército de que lo que cometan algunos de sus miembros no dañe a la institución”, dijo el senador perredista René Arce, disidente político en los años 70.

El único senador que votó en contra de la reforma fue el coordinador del PT, Ricardo Monreal, quien criticó legalizar la participación de las Fuerzas Armadas sin tocar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La discusión legislativa de este tema en comisiones “no fue fácil”, pues PRI y PRD querían impulsar desde este documento que los militares fueran juzgados por tribunales civiles de tipo penal en caso de incurrir en un delito mientras realizan tareas de seguridad pública.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tuvo que acudir al Senado el jueves pasado para destrabar esta negociación con la promesa de que el Ejecutivo enviará a más tardar en septiembre una iniciativa para limitar el fuero militar.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación, establece que por ningún motivo las Fuerzas Armandas Permanentes estarán de manera indefinida en las calles.

El Senado podrá objetar la legalidad de la Declaratoria si ésta no transparenta directrices, instancias que colaborarán, el responsable de la coordinación de las fuerzas federales, la determinación de la temporalidad de las acciones, el ámbito de actuación geográfica y material.