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El repudio a la Ley SB1070 que criminaliza la condición de inmigrante en el estado de Arizona se extendió ayer entre la cúpula empresarial y el Congreso de la Unión.
En rechazo a la norma, los senadores frenaron la aprobación de un acuerdo con Estados Unidos en materia de cooperación, en caso de desastres naturales, “ya que no hay ánimo de cooperar con un país que nos agravia”.
Diputados y senadores, en conjunto, aprobaron ayer una enérgica condena a la ley y exhortaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a recurrir a todos los espacios y mecanismos para defender los derechos y la integridad de los migrantes mexicanos.
La cancillería emitió una alerta a los mexicanos que visiten, residan o estudien en Arizona, ya que podrían ser molestados “sin mayor causa y en cualquier momento”.
La cúpula empresarial llamó ayer a boicotear los bienes y servicios de Arizona “para demostrar que podemos generar una consecuencia económica negativa”. El dirigente electo del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, propuso dejar de comprarles y el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González, calificó la ley de retrógrada.
El director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano gubernamental para atender a comunidades en el extranjero, Carlos García de Alba, anunció el inicio de un boicot para no asistir a eventos deportivos, cancelar toda actividad turística y dejar de comprar productos en Arizona.
A la condena se unieron Amnistía Internacional y la Suprema Corte de Justicia.
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